Canarias, después de Jartum

LA "CUMBRE" de la Organización para la Unidad Africana (OUA) tan sólo ha logrado un mínimo consenso en cuestiones fundamentales. Sus decisiones, quizá con la excepción de la relativa al Sahara, no parecen tener mayores implicaciones prácticas y se refieren a problemas y aspiraciones (la condena de las intervenciones extranjeras, el impulso a la política de no alineamiento, la creación de una fuerza panafricana y el aumento de las presiones sobre Suráfrica) que si bien recogen el asentimiento casi unánime de los Estados africanos, no tienen solución fácil.Este relativo consenso, siempre flanqueado por discrepancias en campos concretos, refleja la pluralidad y falta de homogeneidad del continente africano, que sólo para los ideólogos posee identidad política. Su diversidad de regímenes políticos, religiones, razas y niveles de desarrollo económico difícilmente pueden canalizarse en un organismo regional creado siguiendo los moldes occidentales y pensado, en principio, con una visión uniformadora. Basta señalar que la cumbre de la OUA condenó toda intervención exterior y la instalación de bases militares extranjeras, pero reconociendo, a la vez, el derecho de cada país a llamar a otra en su ayuda en caso de peligro. Recordemos también que: la nueva condena a Suráfrica se compagina mal con el lecho de que algunos Estados africanos mantengan excelentes relaciones con el régimen de Vorster. Finalmente la organización ha mostrado de nuevo su incapacidad para mediar en los litigios entre Etiopía y Somalia, entre Etiopía y Sudán y entre Chad y Libia.

En cuanto a los intereses franceses y españoles afectados por la cumbre africana, para Francia los temas principales eran sus intervenciones militares en Zaire y Chad y el futuro de la isla de Reunión, y para España, la supuesta «africanidad» de las islas Canarias. Puede decirse que nuestros derechos han quedado a salvo, al menos por ahora. Los jefes de Estado y de Gobierno concluyeron con imprecisión y sin, resultados las discusiones sobre la intervención militar extra-africana en el continente negro, y aplazaron sus debates sobre Reunión y Canarias.

En lo que a España se refiere, la cumbre rechazó la recomendación del Consejo de Ministros de Trípoli, que proponía el reconocimiento del MPAIAC, y se negó a aceptar un proyecto de resolución sobre el archipiélago y sobre sus aguas, que Argelia llevó directamente a las comisiones política y económica de la cumbre.

Todo ello, que constituye un duro revés para la diplomacia argelina, no supone que la cuestión canaria haya sido erradicada de los debates de la OUA, donde continúa inserta en las agendas de reuniones no lejanas, y en la que los eventuales progresos en la unidad africana pueden construirse a costa de equívocos y ambigüedades sobre los proyectos descolonizadores.

La actividad desplegada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por las misiones de parlamentarios, en las que la Oposición cerró filas con el Gobierno, ha jugado su papel en los resultados obtenidos en Jartum. Pero ello no debe dar pie al triunfalismo, porque las tablas conseguidas en Sudán tuvieron índices suficientes de improvisación Por parte española en un debate abierto desde 1968, sometido a sobresaltos desde hace meses ante la opinión pública española y minimizado por el propio palacio de Santa Cruz semanas antes de la cumbre.

Pero, y sobre todo, nadie debe confundir los resultados de Jartuni con el fondo del problema y los orígenes de este debate, que parten de la crisis política y militar del Sahara occidental y de las responsabilidades y actitudes políticas de España en el norte de Africa. Si la discusión sobre Canarias se reavivó en Jartum fue porque Argelia jugó, en el tablero norteafricano, este movimiento de reto a la política exterior española en la zona para conseguir un repliegue de Madrid en el Sahara. Y esta crisis, enraizada al sur de la Península, y espolón único y real del tema canario, es la que el palacio de Santa Cruz debe campear dando cuerpo y consistencia a sus reiteradas y simples declaraciones de intención favorables a una política de «equilibrio y cooperación» de España con las naciones del norte de Africa.

La crispación Madrid-Argel, las vicisitudes mauritanas tras el golpe militar, que dio a Francia iniciativa y protagonismo en la zona, y las relaciones con Marruecos son los temas a desarrollar por Asuntos Exteriores con un objetivo primordial: la búsqueda de la paz en las arenas del Sahara, en colaboración con la OUA y la ONU.

La segunda enseñanza y consecuencia de la cumbre africana está en la necesidad de solucionar la crisis socio-económica del archipiélago, de potenciar su economía, de dotarlo de instituciones que le permitan su verdadero autogobierno y acabar con el distanciamiento político y cultural con respecto a la Península. El desempleo canario, la crisis de su flota pesquera, el deterioro de su agricultura, el desequilibrio de su industria turística y el debate ligero surgido en torno a las posibilidades estratégicas del archipiélago, con el oportunismo premeditado de partidos políticos y potencias extranjeras, son elementos clave que necesitan una política de saneamiento económico y social y de claridad en el ámbito estratégico.

Mal está que sean Argelia y la cumbre de la OUA quienes hayan levantado el debate de la crisis canaria. Pero peor sería el aplazamiento de la estructuración de las soluciones políticas y económicas necesarias.