Obras Públicas reconoce su fracaso para resolver el problema de la vivienda

Representantes de Obras Públicas y Urbanismo reconocieron el viernes el absoluto fracaso de las intenciones ministeriales en cuanto a promoción de viviendas sociales, así como su mala gestión en la recuperación de viviendas oficiales no ocupadas por sus adjudicatarios. Anunciaron que en este mes se enviará a las Cortes un decreto de viviendas sociales que sustituirá al actual, y que se agilizarán los expedientes de desahucio en los casos de viviendas vacías.

El viernes se concentraron ante el Ministerio más de cien personas en representación de 74 asociaciones de vecinos. Una comisión formada por 52 de ellos subió a dialogar con Eduardo Merigó, subsecretario de Ordenación del Territorio. Se encontraban presentes también Carlos Tutor, delegado provincial de la Vivienda; Elías Cruz, delegado del Gobierno en COPLACO, y Antonio Vallejo, director general de Arquitectura. Los representantes de las asociaciones y de la Federación prestaron dos documentos -ver EL PAÍS del 21 de julio-, en los que pedían el replanteamiento del actual decreto de viviendas sociales, la disolución de Visomsa y la aceleración de los desahucios de viviendas oficiales no ocupadas.A lo largo de la entrevista los representantes ciudadanos acusaron a la Administración de practicar una política demagógica, a base de rimbombantes promesas, que llevaron la esperanza a más de 100.000 madrileños y que luego se han revelado como casi totalmente falsas.

El Ministerio no tiene fondos

Prácticamente al comienzo de la reunión, el señor Merigó reconoció que el Ministerio no tiene un programa de actuación coherente en cuanto a la política de viviendas. Estuvo de acuerdo en el total fracaso del plan de construcción de viviendas sociales y admitió asimismo que la gestión ministerial en cuanto a los pisos vacíos no ha sido buena. Prometió la remisión a las Cortes de un nuevo decreto de promoción de viviendas sociales, así como agilizar los trabajos para que en octubre esté terminado el censo de pisos no ocupados y sean adjudicados de nuevo entre las familias más necesitadas. El señor Merigó adujo sobre esta última cuestión que el Ministerio no cuenta con suficiente personal y que el que tiene adolece de preparación.En cualquier caso, se explicó a los vecinos que el problema real es la falta de recursos económicos para acometer cualquier plan global. En Madrid existen ahora un mínimo de 120.000 familias que padecen problemas de vivienda. De ellas, 33.000 son chabolistas, 22.000 viven en casas en estado de ruina y el resto sufren deficiencias de diversos grados. Haciendo un cálculo somero, y manejando la cifra de un millón de pesetas por vivienda construida -cifra evidentemente baja-, serían necesarios más de 100.000 millones para resolver el problema de la vivienda sólo en Madrid. Según los datos ofrecidos por el señor Merigó, el presupuesto total del Ministerio ara este año, sumados el ordinario y el extraordinario, es de 108.000 millones, cantidad similar a la de las necesidades madrileñas por sí solas.

Los vecinos respondieron que si no hay dinero suficiente para todos, por lo menos que lo que se invierta se haga de forma coherente, y favoreciendo a las capas de la población más necesitadas. Lo que es inexplicable, en este contexto, es que la Administración esté subvencionando viviendas de lujo y semilujo, o destine más de 100.000 pesetas a insertar anuncios en la prensa explicando las bondades de la actuación de Visomsa.

Ha sido en lo referente a este tema donde el Ministerio no aceptó las pretensiones vecinales. Estos pedían la disolución de la sociedad, ya que las viviendas -muy pocas- que está construyendo lo son a unos precios prohibitivos. El señor Merigó explicó que por ahora no se ha pensado en la posibilidad de su disolución, aunque parece claro que habrá que proceder a un replanteamiento de su actuación

Manifestación monstruo en septiembre

La Federación de Asociaciones de Vecinos organizó una rueda de prensa el misino viernes a la salida de la entrevista, en la que se informó de lo explicado hasta aquí. El presidente y vicepresidente de la Federación, Julián Rebollo y José Molina, respectivamente, anunciaron una amplia campaña sobre la vivienda que se desarrollará en septiembre. El día 2 se celebrará un pleno de todas las asociaciones integradas en la Federación, y para el 27 está prevista la celebración de una manifestación masiva a nivel de todo Madrid.En octubre quieren convocar unas jornadas nacionales sobre vivienda y urbanismo, en las que participen representantes del movimiento ciudadano a nivel de todo el Estado. Por otra parte, se buscará la colaboración de las centrales sindicales y los partidos políticos para que asuman como propios los objetivos ciudadanos en este sector.

Los objetivos de la campaña serían dos básicamente. Por un lado obligar a la Administración a asumir y responsabilizarse del problema, y por otro, potenciar una serie de movilizaciones en cada barrio dirigidas coordinadamente a presionar a la misma Administración.

Al final de la rueda de prensa se preguntó si la Federación continuaría con su política de actuaciones inscritas en un marco de negociaciones y colaboración con la Administración se daría apoyo a otro tipo de actuaciones más irregulares, pero a veces más efectivas, como ocurrió hace meses con la ocupación de viviendas por el sistema de patada a la puerta. Tanto el señor Rebollo como el señor Molina se reafirmaron en la primera vía.

«Pensamos -fue su explicación- que debe ser el Gobierno quien se responsabilice del problema, aparte que resolver necesidades a nivel individual tampoco es solución. Si cada barrio o cada zona actúa por su cuenta, se dan facilidades al Ministerio para dividir al movimiento. Es muy normal que el Ministerio haya prometido a vecinos diferentes darles viviendas en los mismos sitios y maniobras parecidas, sabiendo que no iba a cumplir sus promesas. Creemos que es más conveniente presentar a la Administración una propuesta única y obligarle así a que dé también una respuesta única y coherente».