Incertidumbre política sobre Bolivia tras la anulación de las recientes elecciones

Tras la anulación de las elecciones generales del pasado 9 de julio por parte de la Corte Nacional Electoral, a consecuencia de las irregularidades en el proceso electoral, durante las votaciones y en los cómputos, sobre Bolivia se abre un amplio interrogante político que nadie, por el momento, se atreve a despejar.

El fallo del tribunal electoral -anunciado en la madrugada de ayer- implica la anulación total de los resultados que habían dado al candidato oficial, Juan Pereda, la victoria en las urnas, y significa, asimismo, que en un plazo de 180 días han de convocarse nuevas elecciones para proveer la presidencia, la vicepresidencia y la composición de las Cámaras legislativas del país. Mientras tanto, se aguarda al 6 de agosto, fecha en la cual el general Hugo Banzer, según anunció ayer, reintegre el poder a las fuerzas armadas.Una vez publicada la sentencia de la Corte, el candidato de la Unión Democrática Popular, el ex presidente Hernán Siles Zuazo, que encabezaba esta coalición de centro-izquierda y permanecía en huelga de hambre desde veintiocho horas antes, abandonó su actitud para mantener contactos políticos sobre los acontecimientos que ahora se desarrollan a lo largo de todo el país.

En las cuatro esquinas de Bolivia comienzan ahora a nutrirse los argumentos que condujeron al tribunal electoral a la anulación y salen a la luz nuevos datos sobre el fraude electoral, que el observador británico Lord Avebury calificaba ayer como una «descarada y criminal perversión del proceso electoral». En el mismo sentido se pronunciaba el observador norteamericano Robert Goldman, quien manifestó que «se han terminado los tiempos en los que la Organización de Estados Americanos enviaba a los procesos electorales observadores pasivos que contemplaban en silencio mascaradas electorales.

En muchos municipios de la provincia oriental de Santa Cruz y otras norteñas, el falseamiento de los censos en localidades de poco más de mil habitantes ha llegado a convertir su censo en otro de más de 10.000 inexistentes votantes. En siete circunscripciones electorales de esta provincia, la policía robó las urnas repletas de votos al concluir la jornada electoral. A estos hechos se añade la red de coacciones recibidas por gran número de empleados públicos, que experimentaron detracciones de sus haberes para financiar la campaña electoral del candidato oficial Juan Pereda. También el organismo sindical minero Corporación Minera Boliviana fue obligado a suministrar 15.000 pesos semanales como apoyo a la campaña de Pereda Asbún.

Operación subversiva

Todo esto, unido a las ya denunciadas irregularidades observadas a lo largo de la campaña electoral, durante la cual Juan Pereda dispuso de todo el aparato estatal de comunicaciones y transportes -de modo gratuito-, así como de aviones y helicópteros de las fuerzas armadas, ha originado la, decisión de la Corte Electoral, ante la que los candidatos de la oposición denunciaron los hechos. El propio Juan Pereda compareció ante el tribunal y solicitó la anulación de las elecciones, si bien explicó todas las irregularidades como una «gran operación del comunismo internacional para subvertir el orden y el proceso Constitucional emprendido por las fuerzas armadas bolivianas», según afirmó.

Es de destacar el hecho de que tras el próximo día 6 de agosto se hará cargo del poder ejecutivo, presumiblemente, una junta militar, ya que el anuncio del general Banzer, hasta ahora a la cabeza del poder en Bolivia. se interpreta en círculos políticos de La Paz como una decisión firme. En estos mismos medios inquieta la conducta que va a seguir la cúpula dirigente brasileña, muy interesada e influyente sobre todos aquellos aspectos importantes de la política boliviana. Se desconoce también la actitud norteamericana ante las consecuencias de este proceso, pero el gran interrogante continúa siendo el que se cierne sobre el papel a desarrollar a partir de ahora por las fuerzas armadas bolivianas.