El Gobierno de conciliación. 18 de julio de 1936

Ex ministro del Gobierno de la República española en el exilio

Sobre el 18 de julio de 1936 se han tejido una serie de leyendas, embelleciendo la historia, por los dos bandos que deseaban la guerra. Más tarde, quienes fueron vencedores contaron hasta la saciedad los acontecimientos que protagonizaron. Lo sabemos todo sobre los generales Franco, Mola, Queipo de Llano, Varela.... Sus heroicidades, sus decisiones, sus triunfos. Los soldados vencedores -como siempre- escribieron la historia y gozaron del incienso prodigado generosamente por los cuarenta años de dictadura.

Y los soldados vencidos? los generales del Ejército español que el 18 de julio de 1936 permanecieron leales al Gobierno legítimo de España? Sobre ellos ha caído un espeso manto de niebla y poco se sabe, porque poco se ha querido saber.

Al llegar a Madrid las noticias de la sublevación del Ejército de Marruecos y de las guarniciones de Cádiz, Sevilla y Málaga se reunió en Consejo extraordinario el Gobierno de la República. Eran las seis de la tarde del 18 de julio y jefe del Gobierno Santiago Casares Quiroga. A la reunión fueron invitados sin ser ministros los señores: Diego Martínez Barrio, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Marcelino Domingo.

En este Consejo se manifestaron dos propuestas contradictorias, mantenidas con vehemencia por sus patrocinadores. Martínez Barrio quería enfrentarse a la rebelión militar con los resortes legales del Estado, dentro del marco de la Constitución, y oponer al sector del Ejército sublevado el sector del Ejército leal al Gobierno. Largo Caballero quería disolver todo el Ejército, leal o sublevado, entregar armas a las organizaciones obreras y encuadrarlas en milicias.

El Gobierno de la República, ante ambas proposiciones, asustado, no se decidió por ninguna. Acudió al presidente de la República, don Manuel Azaña, para darle cuenta de que no se atrevía a tomar una decisión. Y entonces Azaña, inmediatamente, llamó a Martínez Barrio y, adoptando su tesis, le encargó la formación de un Gobierno que realizara la política por él patrocinada. Este fue el Gobierno de conciliación.

Martínez Barrio (secundado por Felipe Sánchez-Román y Augusto Barcia Trelles y los generales Sebastián Pozas y José Miaja) intentó el compromiso patriótico de evitar la guerra civil. Dos medidas urgentes se imponían, complementarias ambas: una, impedir a todo trance que las organizaciones obreras se armaran, otra, cortar la sublevación del Ejército y evitar que se extendiera.

Este intento tuvo una duración de doce horas. Desde las nueve de la noche del 18 de julio, en que Martínez Barrio se encargó de formar Gobierno, hasta las nueve de la mañana del día 19, en que dimitió.

Desgraciadamente, los españoles que querían la guerra se le atravesaron en el camino. No nos estamos refiriendo a los generales Franco y Mola, ni a los grupos carlistas, de Falange o de Renovación Española, ni tampoco a una parte de las huestes de Gil Robles. Se ha dicho, y los historiadores lo han recogido, que la negativa del general Mola a ponerse a las órdenes de Martínez Barrio originó su dimisión. No es verdad. Las causas fueron otras. Fue la actitud intransigente de los socialistas y comunistas de lanzar las masas a la calle pidiendo armas y gritando traidor a Martínez Barrio. Esta fue la obra de dos personalidades que ahora, en la España de 1978, reciben honores y pleitesía, uno muerto y otro en vida: Francisco Largo Caballero y Santiago Carrillo. Uno, secretario de la Unión General de Trabajadores, y otro, secretario de las Juventudes Unificadas Socialista y Comunista. El 18 de julio de 1936 fueron quienes más decididamente y con más eficacia se opusieron al Gobierno de conciliación que proponía Diego Martínez Barrio. Sin ellos la sublevación del general Franco no se hubiera extendido en el Ejército y hasta es posible que la guerra civil se hubiese evitado.

Que el camino propuesto tenía posibilidades de llegar a buen puerto nos lo dicen la frialdad de los números. Nadie puede negarlos. La alta cumbre militar estaba constituida en 1936 por una plantilla oficial de destinos de veintiún generales. De ellos, diecisiete permanecieron a las órdenes del Gobierno de Martínez Barrio, y solamente cuatro se sublevaron: Miguel Cabanellas, capitán general de Zaragoza; Francisco Franco, comandante militar de Canarias; Manuel Goded, comandante militar de Baleares, y Gonzalo Queipo de Llano, director general de Carabineros. Estos cuatro nombres han sido harto conocidos en España, y en cambio los de sus compañeros en los mandos superiores del Ejército quedaron en las tinieblas.

Pasados 42 años, casi medio siglo, permítasenos en esta fecha citar sus nombres:

Juan García Gómez-Caminero, inspector general del Ejército; Miguel Núñez de Prado y Susbielas, director general de Aviación; Sebastián Pozas Perea, director general de la Guardia Civil; Cristóbal Peña Abuin, general-jefe de la División de Caballería; José Miaja Menant, capitán general de la I Región; José Fernández Villa-Abrille, capitán general de la II Región; Fernando Martínez-Monje y Restoy, capitán general de la III Región; Francisco Llano de la Encomienda, capitán general de la IV Región; Domingo Batet Mestres, capitán general de la VI Región; Nicolás Molero Lobo, capitán general de la VII Región; Enrique de Salcedo Molinuevo, capitán general de la VIII Región; Agustín Gómez Morato, jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos; José Riquelme y López-Bago, presidente de la Asamblea de Ordenes; Carlos Masquelet Lacaci, jefe de la Casa Militar del presidente de la República.

El noble intento de Martínez Barrio y de los generales del Ejército español que el 18 de julio de 1936 se dispusieron a secundarle merece recordarse.