El Plan Energético Nacional, el Parlamento y la política económica

Secretario general de la Junta Superior de Precios

Desde hace varios meses, apareciendo y desapareciendo, como una especie de Guadiana de la política económica española, el PEN se asoma a las páginas económicas de los diarios, se apunta en los «chequeos» que los partidos de la oposición hacen al cumplimiento de los Pactos de la Moncloa, surge, incluso, en la pequeña pantalla y vuelve a sumergirse en terrenos desconocidos, dejando en la superficie una serie de rumores y alusiones a «ahorros energéticos», «balanza de pagos», «energías alternativas», «centrales nucleares» y «precios realistas» o «precios disuasorios».

El recibo de la luz

Estos términos técnicos esconden -como pueden y hasta donde pueden- que el PEN es algo que se va a traducir en el «recibo de la luz», en el coste de la calefacción (propietarios e Inquilinos), en el precio de la gasolina, en las bombonas de butano y en la cesta diaria de la compra, por referirse sólo a las realidades más cotidianas y domésticas.

Sería deseable, para empezar, que las explicaciones aisladas que del PEN se van ofreciendo, se despojaran de la brillante túnica que las envuelve y se presentaran de forma más sencilla a la opinión pública. Y no sólo a ella, sino también a los partidos políticos de la oposición que dan la impresión de jugar hoy a «pillar en falta» al Gobierno UCD -por no haber cumplido, en este aspecto, los Pactos de la Moncloa- y pueden encontrarse mañana con la irritación de sus electores ante un nuevo empujón oficial al Indice de Precios al Consumo que pesará, especialmente, sobre las economías más débiles. No va a resultar fácil para estos partidos explicar su insistencia (digna de mejor causa) en que se apruebe el Plan Energético; es decir, en que los trabajadores que viven en el cinturón periférico de las grandes ciudades paguen más caro el «calor negro» de sus hogares, más cara la bombona de butano, más cara la gasolina de los utilitarios en sus desplazamientos laborales... Ni siquiera van a tener el consuelo de penalizar, en la misma medida, a la «oligarquía» -por utilizar el lenguaje sumario de la izquierda- pues es obvio que los precios de la energía, por altos que resulten, nunca serán «disuasorios» para los consumos energéticos de esa oligarquía, real o supuesta.

Beneficios, ¿para quién?

Por otra parte, los precios disuasorios que se anuncian, pueden suponer un buen bocado para las empresas suministradoras, a menos que se instrumenten medidas de intervención adecuadas para que esta «plusvalía» revierta al Sector Público que la genera con su política. Nuestra izquierda -que vive en el mejor de los consensos- todavía no ha dicho una palabra sobre estas posibles medidas.

Quizá se está reservando para la intervención en el Parlamento. El problema está en que puede llegar tarde o quedar hábilmente marginada en una catarata de cifras y abstracciones. No sería la primera vez.

En efecto, según se dice, el PEN va a presentarse próximamente a las Cortes, pero previa o simultáneamente el Gobierno se dispone a aprobar una subida general de los precios de los productos energéticos que sería la primera fase o la traducción concreta en el año 1978 de las previsiones generales del Plan Energético.

El tratamiento parlamentario de una serie de principios generales, de objetivos y de previsiones a medio plazo, sobre demanda, consumo, importaciones, sustituciones, etcétera, daría presumiblemente poco juego. Se trataría de un tema para los especialistas de los diversos grupos parlamentarios en el que se. cruzarían, a alto nivel de abstracción, fuegos artificiales que acabarían fatalmente coincidiendo en un fácil consenso sobre la necesidad de reducir el ritmo creciente de las importaciones de petróleo, de moderar los consumos, de estimular la producción nacional de energía y de favorecer la inversión en las nuevas fuentes energéticas. Algunos toques discretos sobre el tema - polémico - de - las - centrales - nucleares - que - ya - está - decidido - en - nuestro - entorno - industrial y algunas alusiones a la «nacionalización del sector energético» podrían completar el cuadro. Entretanto el pájaro de la Pampa, que -según recordaba Ortega- en un lao pega los gritos y en otro pone los huevos, le habría dado un buen susto al país. Y, además, irremediable.

Mientras, puede pensarse, sin grave riesgo de error, que las previsiones del PEN solemnemente aprobadas ahora, tendrían escasa virtualidad operativa para el futuro, no puede decirse lo mismo de una subida de precios energéticos que, en la coyuntura actual, resulta particularmente inoportuna. Lo malo del PEN no son sus objetivos generales, tan inocentes como los contenidos en cualquier otra declaración de intenciones. Lo grave es el apoyo logístico y pretendidamente técnico que presta a una subida de precios, aquí y ahora. Un Plan Energético de ciencia-ficción que se olvidaría pronto, si no fuera por sus consecuencias inmediatas.

Las subidas, discutibles

La necesidad de una racionalización de la política energética -incluso en el aspecto de los precios relativos de los distintos productos y de su posible homologación con los europeos- es algo que no puede discutirse. Pero este objetivo, muy importante sin duda, no lo es hoy tanto como asegurar, en lo posible, los resultados que se esperan de la contención de la inflación. Subir los precios de los productos energéticos, en las proporciones en que se rumorea, podría suponer, quizá, tres o cuatro puntos en el Indice de Precios al Consumo, por incidencia directa e indirecta. En otros términos, acabar el año con una inflación del orden del 16% podría ser un casi éxito, derivado de la política sancionada en los Pactos de la Moncloa. Llegar al 20% sería un casi-desastre. En este estrecho margen de tres o cuatro puntos de inflación se está jugando el país muchas cosas decisivas.

Los partidos de la oposición, si despiertan a tiempo de su letargo energético, deberían pedir al Gobierno.

1.º Que no se acuerde ninguna subida de precios de productos energéticos sin que previamente se haya presentado a las Cortes el PEN.

2.º Que el PEN, a discutir y aprobar en el Parlamento, contenga, junto a los objetivos generales, sus consecuencias concretas para el año 1978.

3.º Que el PEN se subordine a los objetivos prioritarios de la política económica general y, de manera más concreta, a la gran tarea nacional de doblegar la Inflación.