Los bosques españoles, sometidos a una repoblación irracional

En 1940, apenas finalizada la guerra civil y bajo la absoluta dictadura fascista, se ponía en marcha en España un Plan Nacional de Repoblación por el que se preveía la forestación de 5.679.000 hectáreas en el plazo de cien años. Desde aquel año, y hasta 1972, el total repoblado ascendió a 2.658.700 hectáreas, lo que supuso alcanzar el 46% aproximadamente de la meta entonces fijada, en el intervalo de los 32 primeros años. La repoblación forestal aparece por tanto, como una de las mayores realizaciones del régimen, que le proporcionó, junto con la política de regadíos y construcción de embalses, los más jugosos dividendos de promoción y propaganda política.Sin embargo, y paradójicamente, la realidad forestal del país fue bien distinta a la que durante lustros se nos hizo creer. Esto se explica debido a que en realidad se manejaron demagógicamente las cifras, pregonándose a los cuatro vientos los logros de la simple repoblación, pero ocultándose también cuidadosamente las superficies de bosques autóctonos que durante los mismos años se talaban a mata rasa. En definitiva, el balance fue ampliamente adverso para las masas forestales contempladas en su totalidad.

Hoy, en 1978, en la España «democrática», es decir, 38 años después de la puesta en marcha de aquel plan, se pretende relanzar su actividad a través de una nueva ley de Producción Forestal redactada por prácticamente las mismas personas, o al menos por personas de la misma ideología, y aprobada por las ya desaparecidas Cortes franquistas con número 5/77 y publicada en fecha 8-1-77.

Hasta qué punto los promotores de esta nueva ley conocen lo paradójico, ambiguo e inestable de la situación lo demuestra el hecho de que sin haber sido aún publicado el reglamento se comenzó ya a promocionar su inmediata aplicación, ofreciéndose con urgencia a los propietarios de los terrenos que se acojan a sus beneficios, cantidades a fondo perdido de 8.000 pesetas hectárea para las repoblaciones de pinos y de 10.000 pesetas hectárea para las de eucaliptos. Todo esto, evidentemente, entraña tales riesgos que muy bien pudiera darse el traste con los últimos bosques españoles autóctonos supervivientes de la «eficacia» del antiguo Plan Nacional.

El bosque español disminuyó en cantidad y en calidad

Durante siglos pasados, y a partir fundamentalmente de la Alta Edad Media, España se vio sometida a procesos crecientes de deforestación, cuyo resultado más evidente se detecta en las áreas desertizadas o semidesertizadas del Centro, Levante y Sur de la Península. El punto culminante de este proceso pudo haberse alcanzado durante el pasado siglo con la desamortización masiva de los bosques en todo el país. Ya en el presente siglo, y durante los últimos cuarenta años, la situación no varió sensiblemente a pesar de la mencionada política de repoblación forestal.Así, mientras que por un lado se replantaban 1.473.575 hectáreas durante el intervalo 1961-1976 la superficie total de los bosques españoles descendió, en el mismo período, en 3.138.000 hectáreas, equivalente al 21 % aproximadamente de la existente en el primer año de la serie. Analizando esta disminución según los grandes grupos de especies, se observa que las coníferas, junto con la mezcla de frondosas y coníferas sólo disminuyeron en 0,8 y 0,37 millones de hectáreas respectivamente, mientras que por el contrario, los bosques de frondosas pasaron de 8,1 a 6,1 millones de hectáreas. La disminución global es por tanto atribuible a este último tipo de bosque.

La erosión, consecuencia de la tala abusiva de árboles

Los grandes beneficios que se derivan de la existencia de masas arbóreas en un país, y particularmente en un País árido como es el nuestro, pueden establecerse tanto en evitar el empobrecimiento de los suelos, moderando la erosión como en reducir los riesgos de las inundaciones y corrimientos de tierras, regulando el régimen hídrico. Además, el bosque preserva la flora y fauna salvajes, desempeñando una función social de importancia cada día más creciente.Las provincias que sufren un mayor grado de destrucción del suelo en la actualidad son: Almería y Granada, con más del 50% de su superficie total afectada por un proceso grave de erosión; con un 30-50% de la superficie provincial en el mismo estado, se encuentran: Jaén, Málaga, Córdoba, Huelva Las Palmas, Murcia, Alicante, Toledo, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Zaragoza y Teruel.

Parece, pues, evidente, que el objetivo primordial de cualquier tipo de política forestal que se plantee en nuestro país, debe ser el del mantenimiento del suelo, pasando otros -caso por ejemplo, de la producción maderera para el abastecimiento de la industria- a un segundo plano, dentro de una escala de prioridades.

Solamente en las veinticuatro provincias españolas más afectadas por los procesos de erosión se perdieron durante la última década 2.171.201 hectáreas de superficie arbolada. Impresiona la deforestación llevada a cabo en Andalucía, con un descenso absoluto de 560.641 hectáreas, así como en Murcia, Alicante y Valencia, con 323.650 hectáreas. Canarias perdió igualmente casi la mitad de sus bosques (47,2%) en el mismo período.

Otra de las conclusiones que se extraen del análisis de la evolución forestal de España, es que los cambios cuantitativos y cualitativos experimentados en los últimos tiempos se deben fundamentalmente a la influencia ejercida por la repoblación forestal. De las 2.658.700 hectáreas repobladas, como ya comentamos, hasta 1972, 2.078.968, es decir, el 90,1 % del total se replantaron de pinos; 202.539 hectáreas, el 8,7 %, con eucaliptos, y solamente 24.710 hectáreas, es decir, un simbólico 1 % del total fueron replantadas con especies frondosas autóctonas. Por el contrario, estas últimas masas retrocedieron en toda la Península e islas de una forma más o menos generalizada. Este fue el caso del encinar, bosque representativo por su amplía distribución en toda la España mediterránea, que decreció como mínimo en unas nuevas 20.000 hectáreas durante el período

1961-1976, los robles y hayas, propios de las zonas húmedas del Oeste y Norte, descendieron en 335.891 y 74.869 hectáreas, respectivamente; las mezclas de estas frondosas, en 1.480.761, y las mezclas de coníferas y frondosas, en 919.973 hectáreas.

Los bosques propios de los ecosistemas canarios fueron igualmente diezmados, pasando, por ejemplo, el pino canario, de una superficie de 115.000 hectáreas, en 1956, a sólo 63.721 hectáreas en 1976. Igual proceso experimentó la laurisilva, formación arbórea peculiar de estas islas, que juega un papel importante en su estructura ecológica, y que en la actualidad se encuentra reducida en fracciones muy importantes.

Pero si el Plan Nacional de Repoblaciones de 1940, así como los organismos del Estado que lo desarrollaron y pusieron en práctica - Patrimonio Forestal y Distritos Forestales primero, y actualmente el Icona - no lograron conservar la superficie de nuestros bosques, mantener su estructura ni defender nuestro suelo de la erosión, ¿cuáles fueron realmente los objetivos e intereses que lo promovieron? Parece evidente que la casi exclusiva preferencia en la repoblación por las especies de crecimiento rápido - pinos y eucaliptos - que proporcionan en poco tiempo la materia prima necesaria para las industrias de la madera, y particularmente para la de la fabricación de pasta de papel, fueron los objetivos prioritarios y exclusivos.

De forma parecida a lo sucedido en el pasado inmediato, la política forestal que se pretende seguir en el futuro, a través de la ley de Producción Forestal, dirige todos sus medios y esfuerzos a la producción a corto plazo de madera, marginando claramente otros objetivos de orden social que deberían ser prioritarios, tales como los ya expuestos de lucha contra la erosión y conservación de los valores naturales y ecológicos, patrimonio de todos los españoles.

En este orden de cosas, nada más oportuno que recordar ahora las evidentes conexiones que la gran industria nacional y multinacional del papel mantiene con las instituciones del Estado en el sector. Personajes como por ejemplo Gregorio López Bravo, ex ministro con Franco de Industria y Asuntos Exteriores y actualmente senador por Alianza Popular y presidente del consejo de administración del grupo SNIACE, son los que realmente siguen dictando hasta los más elementales detalles de la política forestal de España.