Una versión de democracia vigilada

Cuando el 15 de febrero de 1972 las fuerzas armadas de Ecuador destituyen, una vez más, al presidente Velasco Ibarra, cinco veces elegido y cuatro derrocado, había sido ya designado desde hacía tiempo como sucesor el general Guillermo Rodríguez Lara, comandante jefe del Ejército. El momento de la toma de poder militar, con cancelación de elecciones, había sido cuidadosamente elegido: coincidía con la entrada en servicio del oleoducto Amazonia- Pacífico, que permitiría al país exportar 200.000 barriles de petróleo al día, con el consiguiente relanzamiento de la economía que establecería un cierto acuerdo social entre los tres grupos tradicionalmente en pugna: terratenientes, industriales de Quito y comerciantes de Guayaquil.Rodeado de jóvenes tecnócratas conquistados por las ideas «nacionalistas y revolucionarias » de los militares y apoyado en la Marina y en elementos progresistas del Ejército, Rodríguez Lara hizo entrar a su país en la OPEP Y reforzó la compañía nacional de petróleos CEPE. Concedió sin embargo, en el año 75, reducciones arancelarias a la Texaco y a la Gulf, y rechazó la oferta de la URSS de compra de 100.000 barriles de petróleo al día. Dio, asimismo, marcha atrás a un principio de relaciones con Cuba.

Sin embargo, ninguna de las reformas internas, como la agraria. fue abordada. Los sindicatos reclamaban subidas del 50% y fuerzas conservadoras se aliaban frente a las reformistas, que pedían libertades políticas. Pese a las reformas prometidas a raíz del golpe de Estado fracasado del general Alvear, y ante el aumento del descontento general Rodríguez Lara tuvo que dimitir, el 2 de enero de 1976, y tomó el poder una junta militar compuesta por los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos, generales Durán y Leero y almirante Poveda.

La nueva junta anunció su intención de llevar al país a una democracia realmente representativa: elaboración de nueva Constitución. ley electoral, que dejó fuera a los tres candidatos más representativos; ley de partidos políticos, que no legaliza a muchos de ellos; elecciones y amnistía para civiles de oposición.

Sin embargo, desde principios del 77 la contestación política aumenta: dieciséis obispos son expulsados de Riobamba, se realiza una huelga general en el mes de mayo y una huelga de trabajadores del azúcar en Aztre, en el mes de octubre, finaliza con veinticinco muertos.

Un referéndum, en febrero de este año, aprobó la Constitución, que sólo entrará en vigor cuando tome posesión el nuevo presidente.