Urgente: tras la Constitución, la economía
Diputado de UCD por Teruel
En las últimas semanas se ha comentado profusamente el informe anual de la OCDE sobre España, que es relativamente irrelevante porque, básicamente, su enfoque es diploinático y se refiere al pasado. En cambio, no han recibido atención alguna los resúmenes publicados en fechas coincidentes sobre dos informes «científicos» sobre la evolución probable de la economía mundial, de gran tendencia.
En el primero, elaborado también por la OCDE, se concluye que los países «avanzados» no podrán conseguir el pleno empleo en 1980 (tal como se había previsto en 1976), sino hacia 1985. Es decir, con cinco años de retraso, y ello siempre que pudieran obtener tasas anuales de crecimiento del orden del 5% (hasta ahora inalcanzable). Naturalmente, las previsiones que contiene para países menos avanzados, como nosotros, son mucho peores, porque, como se reconoce, éstos no pueden incrementar tan fácilmente sus tasas de ahorro e inversión ni su competitividad externa a los niveles necesarios.
En el segundo, la Comisión Económica para Europa (del Este y del Oeste) de la ON U prevé una disminución de la tasa de crecimiento global de Europa, debido a la necesidad de incrementar el ahorro y la inversión para sectores de rentabilidad débil (sociales) y de alta de capital (sustitutivas de materias primas). Esta desaceleración del crecimiento será más fuerte a partir de 1985. período en el que habrá es tallado de nuevo la crisis de materias primas (especialmente energéticas), hoy soterrada por la baja demanda que supone el bajo crecimiento actual y los últimos descubrimientos de petróleo (Alaska, México, China, etcétera).
La conclusión que hay que extraer de la lectura conjunta de estos dos informes es simple: los países avanzados. una vez comprobado que el ajuste mundial optimista, inicialmente previsto por el Fondo Monetario y del Banco Mundial, y seguido por la OCDE y la ONU, es impracticable, han decidido acumular paro hasta que se independicen del racionamiento energético y de los límites financieros del comercio mundial, mediante la reestructuración de sus economías, lo que están realizando, a través de la reorientación de su tecnología y financiación, a marchas forzadas, antes de que estalle la nueva crisis (alrededor de 1985). Posteriormente, cuando se desate ésta, absorberán el paro acumulado, mediante soluciones autónomas. Los países menos desarrollados acumularán más paro hasta 1985, porque no pueden reaccionar igual frente a los impactos negativos y no podrán corregirlo posteriormente porque, por su debilidad tecnológica y financiera no habrán realizado reestructuraciones del mismo sentido. Hasta 1985, y más aún después, su suerte dependerá del apoyo de los países avanzados que a su vez se otorgará en función de su importancia y obediencia.
Era un escenario previsible de hecho el más probable y lo previmos varios autores en diferentes países. En 1975 en mi conferencia La década del petróleo, en el Ateneo de Madrid, indiqué las pautas genéricas de la evolución mundial que ahora explican esos informes. Posteriormente, en diferentes artículos, he ido precisando cómo debería reestructurarse por sectores reales y funcionales la economía española para adecuarse lo más posible a la situación.
Un escenario que, de hecho, han seguido todos los países serios, aunque hicieran manifestaciones rituales de fe en el camino ilusorio, que España, consciente o inconscientemente, ha seguido. Como consecuencia, hemos perdido cuatro años no sólo frente a los países más avanzados, sino frente a países menos desarrollados industrialmente. No hemos seguido ni el ejemplo de EEUU-Alemania-Japón, ni el de Inglaterra-Francia-ltalia, ni siquiera el de Brasil-México-India. Somos el país industrial que menos se ha reestructurado frente a la crisis.
Hay razones de peso que justifican total o parcialmente el retraso y sus costes.
Primero, fue necesario dar prioridad absoluta (pero no excluyente) al propósito de garantizar que la transición tuviera lugar bajo la forma de reforma en lugar de ruptura.
Después de conseguir este objetivo. que nos ha costado más de 12.000 millones de dólares de deuda externa y la quiebra oculta de todos los sectores críticos que habría que haber reestructurado (para mantener un clima de ficticia prosperidad) ha sido preciso dar de nuevo prioridad absoluta (pero tampoco excluyente) a la elaboración de la Constitución por consenso. El éxito de esta última operación parece asegurado al coste de llegar a la cota de un millón de parados.
Pero el problema, aunque justificado, al menos en parte, no sólo subsiste, si no que se ha incrementado. Por las razones indicadas. tenemos una situación económica y social peor que hace cuatro anos y sólo nos quedan seis para producir el profundo reajuste necesario. Necesario, para subsistir como país civilizado, hay que advertir. porque ningún régimen político ni el constituido tan largamente deseado, puede garantizar la convivencia moral civilizada con las cifras de paro previsibles (dos millones ya en 1980: más del 20 % de la población asalariada).
Aún hay tiempo y medios para evitar el desastre. Sólo falta la decisión política de dar prioridad absoluta a la economía en los próximos años No hay tiempo que perder. Problamente, el momento idóneo para esa decisión debió ser hace dos años, como se dice pensó el Rey en su día, pero es indudable que no puede demorarse más allá del refrendo de la Constitución sin gravísimo riesgo.
En cuanto a los medios. El sentido de las soluciones es claro. Sólo se debaten los procedimientos: quién. cómo y cuándo debe implantar las soluciones.
Es evidente y más en una democracia, que la política económica de supervivencia, que precisa del esfuerzo consciente de todos los españoles. no puede. como en el pasado reciente, formularse en secreto, redactarse apresurada y erróneamente, e imponerse a consumidores, trabajadores y empresarios.
El diseño de las grandes líneas (ahorro, consumo, inflación, paro. empresa privada, etcétera) de la futura política económica debe ser resultado de un aran debate nacional, que permita que la sabiduría del pueblo elija el camino de más sentido común. Los aspectos distributivos de ese gran diseño deben pactarse directamente entre trabajadores y empresarios. El Parlamento Y el Gobierno deben limitarse a aprobar Y cumplir las leyes adecuadas a su desarrollo. con estudios técnicos e instrumentos contrastados mediante suficiente crítica.
Hasta entonces es imprescindible evitar que se produzcan nuevos yerros. No queda ya ningún objetivo político que permita justificar total o parcialmente la celebración de pactos que. por error técnico, han generado más inflación y paro que, como puede demostrarse, hubiera producido el mercado por sí mismo. Tampoco cabe ninguna justificación si alguna ha existido para rehuir la crítica sobre la oportunidad y el método de planes obviamente inadecuados y erróneos.
Finalmente. es preciso reconocer la ineficacia de los instrumentos económicos disponibles y actuar acordemente. No sólo en cuanto respecta al instrumento fiscal cuya debilidad era conocida sino del monetario. en el que tanto se confiaba.
La experiencia prueba que el Banco de España sólo es capaz de controlar los efectos depresivos de los principales factores autónomos (déficit de pagos y superávit presupuestario) de la base monetaria. Es incapaz de esterilizar los expansivos y mantener los flujos monetarios y crediticios constantes.
Por si esta experiencia condujera a alguna tentación de revaluar o devaluar sorpresivamente la peseta este verano, según qué tendencia predomine, es necesario advertir, para que no se afirme que no había alternativas:
1. Que tanto los devaluadores como los revaluadores tienen parte de razón. pero que ambas tácticas pueden ser muy nocivas. Los revaluadores, a cambio de reducir la tensión crediticia y evitar las quiebras y el paro, pueden anular todo el reajuste externo alcanzado a lo largo del año, los devaluadores a cambio de mantener el reajuste externo necesario todavía incipiente, pueden provocar un caos crediticio, si compensan la devaluación con nuevas restricciones crediticias, o acelerar la inflación si no lo hacen.
2. Inhibirse de la decisión puede ser la peor solución porque puede frenar el ajuste externo e incrementar a la par el paro y la inflación.
3. La solución del problema consiste desde luego en la flotación de la peseta una vez que se disminuya la deuda externa activaa (ya innecesaria) mediante la reducción de las reservas (excesiva) que fuerzan ficticiamente al alza la cotización de la peseta, y se proceda a la liberación del comercio y la convertibilidad de la peseta.
