Mas de 60.000 escolares pueden quedar sin plaza el próximo curso

Según el Comité Provincial del PCE, alrededor de 64.000 niños pueden quedarse sin plaza escolar para el próximo curso en Madrid si no se cumple lo establecido en los pactos de la Moncloa en lo referente a educación. Durante la rueda de prensa celebrada ayer por la tarde, a la que asistieron representantes de la Comisión de Enseñanza y los diputados Ramón Tamames y Simón Sánchez Montero, entre otros, se puso de relieve la lentitud con que se realizan las obras de centros escolares, que necesariamente deben estar terminadas antes del próximo mes de octubre.

Según Ramón Tamames, candidato a la alcaldía de Madrid por el PCE, las soluciones que la Comisión de Enseñanza ofrece como alternativa al déficit de puestos escolares estriban, fundamentalmente, en la construcción de centros que puedan absorber el déficit de plazas, medida prevista en los pactos de la Moncloa, así como la aceleración del estatuto, del profesorado y la necesidad de que, en los nuevos centros, padres de alumnos y profesores estén representados en la gestión.Se insistió en la rueda de prensa en la necesidad de crear una junta de control que supervise e insista en la necesidad de acelerar las obras de construcción en marcha. En la actualidad están retrasadas las obras de las zonas de Ciudad Lineal, Chamartín, Arganzuela, Moratalaz, Hortaleza, San Blas y Móstoles, lugar este último donde cuatro obras están paralizadas por suspensión de pagos de las respectivas constructoras. Las zonas de VIllaverde, La Latina, Vallecas y Ciudad Lineal sufren un gran déficit de centros de bachillerato unificado polivalente. En EGB existe un 42% de colegios estatales y un 58% de colegios privados, mientras en preescolar un 24% de ellos son estatales y el 76% privados.

Ramón Tamames comparó la masificación que va a sufrir el BUP en el próximo curso con la universidad de los años 1959 y 1960. «En el próximo curso -dijo- no habrá plazas para esta etapa escolar, pese a que sólo un 40% de los alumnos que estudian EGB prosiguen después los estudios de BUP.»

Gran parte de la conferencia de prensa estuvo dedicada al problema que se plantea en la enseñanza privada con la desaparición de centros, que supone una desescolarización evidente, así como falta de puestos de trabajo para los profesores. Como solución a esta situación, el PCE propone la creación de un patronato de escuelas públicas concentracias, que acoja a todos los niños que se queden sin escolarizar y a los profesores sin trabajo. Este patronato estaría reglamentado en la misma forma que los centros oficiales y establecería un contrato con el Ministerio e Educación, empresas, profesores y padres de alumnos, que sería financiado con fondos públicos.

Durante la conferencia de prensa se responsabilizó al Ayuntamiento de la calidad de los servicios con que se dota a los centros, tales como comedores y transportes. También se apuntó la posibilidad de que los centros escolares, que cierran su actividad docente a las cinco de la tarde, sirvan en las horas posteriores como aglutinantes de las actividades culturales y sociales de los barrios en los que no hay centros específicos de este tipo.

En otro apartado de la conferencia de prensa se hizo alusión a las constantes quejas de los padres de alumnos por su falta de participación en la gestión de los centros. También se aludió a la necesidad de potenciar la educación de adultos en todas las zonas y la de dotar a los colegios de un departamento de psicología que ayude a los alumnos con problemas de adaptación. En este mismo sentido se destacó la carencia de puestos escolares para aquellos niños que, sin ser deficientes totales, sufren serios problemas de integración a la enseñanza normal de un colegio y, se destacó la necesidad de centros para este tipo de alumnos.

Un joven perteneciente a las Juventudes Comunistas explicó que hay muchos jóvenes «que tienen que seguir estudiando por la falta de puestos de trabajo» y se refirió a la baja calidad media de la enseñanza en el nivel superior. Se mostró inconforme con el apartado de la Constitución que analiza la representación de los alumnos «en su caso», con lo que piensan que es una discriminación.