La enseñanza queda regulada según la fórmula aprobada por consenso
El articulo del proyecto constitucional que regula la enseñanza fue aprobado ayer por el Pleno del Congreso de Diputados, con la misma redacción a que se llegó en la cena celebrada hace prácticamente un mes por los representantes de UCD y del PSOE, y que dio origen, precisamente, a toda la operación consenso que ha rodeado la elaboración de la Constitución. Todos los grupos parlamentarios que participaron en la misma habían retirado sus enmiendas, y sólo Alianza Popular y dos diputados no adscritos a disciplina de grupo, los señores Barrera y Gómez de las Roces, mantuvieron las suyas. El consenso fue defendido unánimemente por los portavoces de los grupos que intentaron acorralar a Alianza Popular, a la que se acusó de mantener posturas estrictamente electoralistas.
El debate sobre el artículo 25 se desarrolló con cierta placidez, que sólo se turbó al solicitar el señor Gómez de las Roces que la votación sobre su enmienda fuera secreta, para lo que presentó ante la presidencia de la Cámara, como es reglamentario, un folio con cincuenta firmas. El señor Alvarez de Miranda estimó que era preciso comprobar si los firmantes se encontraban en el hemiciclo y el señor De la Puerta (AP) anunció que tres de ellos no estaban presentes, sus compañeros de grupo, señores Fernández de la Mora (que había dado el consentimiento por teléfono), de La Vallina y Fraga, que habían tenido que salir de viaje. Tras consultar con los portavoces de los demás grupos parlamentarios, el presidente de la Cámara solicitó que se pusieran en pie los diputados que deseaban que la votación fuera secreta. Se alzaron de sus asientos sólo cuarenta diputados. Varios de ellos eran de Unión de Centro Democrático (César Llorens, Inés Vilariño, Aizpún, Soriano, Mol, Ortí Bordás, Gómez Angulo y Emilio Martín Villa entre otros), así como Heribert Barrera y Emilio Gastón, del grupo mixto.El presidente de la Cámara rechazó la solicitud y accedió a la petición del señor Gómez de las Roces de que se le devolviera el papel en que figuraban las cincuenta firmas iniciales. Cuando se procedía a la votación de su enmienda, el señor Gómez de las Rocas abandonó el hemiciclo.
Todo el debate sobre el mencionado articulo 25 se había centrado por parte de AP y del señor Gómez de las Roces en la solicitud de que se introdujera el reconocimiento no sólo de la libertad de crear centros docentes, sino también de dirigirlos, así como el reconocimiento expreso del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos, derecho preferente sobre cualquier otro.
El tema fue planteado, en primer lugar, en una enmienda defendida por el señor Gómez de las Roces, pero la intervención más polémica fue la del señor Silva (AP) en defensa de la suya. Señaló que hace falta pluralidad de escuelas, porque el derecho de los padres es anterior y prioritario al del Estado y discrepó de que ese derecho pueda ser ejercido por los padres como colectivo; es decir, por asociaciones de padres, porque -dijo- los niños no son hijos de asociaciones.
Añadió que no bastan simples declaraciones formales y que para evitarlo era preciso incluir en la Constitución el derecho a crear y dirigir escuelas propias. «Si no se acepta el partido único, el sindicato único, ¿por qué hemos de aceptar la escuela única?» -añadió-. Hizo hincapié en la necesidad de que destinaran fondos públicos a la financiación de los centros docentes sin discriminaciones y en que la educación religiosa debería programarse en todas las escuelas para los alumnos creyentes, de forma que fueran los padres que no desearan para sus hijos esa educación quienes solicitaran la dispensa en el caso concreto.
Se declaró en plena conformidad con el principio de la libertad de enseñanza y dijo que su grupo era la vanguardia para la defensa de ese principio. «Los destinatarios de ¡as subvenciones de los fondos públicos no deben ser los centros, como dice el proyecto, sino los padres.» El señor Silva declaró que su grupo no tenía nada que objetar a que una junta económica controlara la distribución de esos fondos, pero sin que a través de ese control se pudiera intervenir en la gestión del centro.
La réplica a la enmienda de AP fue formulada por el diputado centrista Blas Camacho, quien estimó que la enmienda propuesta no resolvía ninguna cuestión práctica, por lo que se podía pensar que el móvil de la misma había sido una cuestión electoral. «Trataré de demostrar por qué las matizaciones de esa enmienda no son más que flores electorales», añadió.
Dijo más adelante que el reconocimiento de la libertad de enseñanza no necesitaba más comentarios ni interpretaciones, y que en el proyecto se garantizaba el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los principios democráticos de convivencia,
Estimó resueltamente inconcebible que la introducción de la palabra dirigir suponga algo nuevo para la interpretación del precepto, y recordó que la redacción actual suponía el pleno reconocimiento del derecho a dirigir centros, igual que se reconocía en el proyecto de ley, que sobre este tema ha enviado ya el Gobierno a la Cámara, Consideró que la enmienda de AP era regresiva, y terminó señalando que solamente por ignorancia o malicia se podía decir que esta Constitución no reconoce y defiende el principio de la libertad de enseñanza.
El diputado catalán Heribert
La educación regulada por consenso
Barrera propuso la supresión del apartado nueve del artículo, en el que se dice que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Lo calificó de modelo de imprecisión y defendió la necesidad de introducir la verdadera pluralidad en la enseñanza pública.La enmienda del señor Gómez de las Roces, en cuya votación se produjo el incidente mencionado, fue derrotada por veinte votos a favor, 246 en contra y cuatro abstenciones. La del señor Silva Muñoz corrió igual suerte, por dieciséis votos a favor, 252 en contra y siete abstenciones. Por último, la enmienda del señor Barrera fue también derrotada por seis votos a favor, 261 en contra y nueve abstenciones.
Tras la aprobación del texto que figuraba en el proyecto se abrió un turno de explicación de voto en el que todos los grupos parlamentarios (hasta ese momento sólo UCD y AP habían intervenido en el debate) evidenciaron el espíritu de consenso, excepto, lógicamente, Alianza Popular.
Gómez Llorente: "Control comunitario de los centros"
En su explicación de voto, el señor Silva aseguró que su enmienda no era electoralista, sino de fondo, porque responde a una concepción de la vida. Se opuso al pactismo y consenso en torno a este artículo y manifestó que la supresión de los términos promoción y dirección de los centros suponían sendas mutilaciones en el texto aprobado, que llevaban consigo el riesgo de que pueda mediatizarse la voluntad de fundación de los centros docentes.
Por el Grupo Socialista, Luis Gómez Llorente manifestó que el artículo aprobado no recogía la filosofía socialista sobre la educación, y añadió que ello era lógico en una Constitución que debe ser duradera y aceptable para todos.
Glosó cada uno de los puntos del precepto y manifestó que nadie debe ver tras la relativa imprecisión del punto nueve que se esconda un propósito de negar la ayuda económica a los centros privados. «Por el contrario -dijo-, somos favorables a que aurnente esa ayuda. Nuestra filosofía no es la de negarla, sino la de controlar la administración y gestión de los centros subvencionados con fondos públicos.»
Declaró que los socialistas hubieran preferido una escuela laica y la incorporación de la coeducación, así como la garantía de una educación pluralista. En cambio, estimó suficientes los puntos incluidos en el artículo.
El señor Gómez Llorente explicó que la oriosición de su grupo a las enmiendas del señor Gómez de las Roces y de AP estaba en función del propósito de, a través de ellas, imponer mediante la Constitución la financiación inmediata e indiscriminada de los centros privados, al tiempo que se intentaba evitar la democratización interna de los centros subvencionados por el Estado. Añadió que si lo que de verdad se defendía era la participación de los padres no comprendía cómo tales enmiendas trataban de disminuir la participación de la comunidad escolar -profesores, padres y, en su caso, alumnos- en los centros.
Asimismo señaló que el señor Silva alanceaba molinos de viento al arremeter contra la escuela única, y finalmente -tras ser requerido por el presidente de la Cámara para que acortara su intervención- señaló que no será correcto financiar centros privados mientras subsistan las faltas y carencias educativas de que actualmente adolece nuestro país. «Sería inmoral», dijo.
Por la Minoría Catalana, Miguel Roca insistió en algunos de los argumentos expuestos y calificó al señor Silva de fariseo, cuyo grupo está introduciendo en el debate «el terrorismo intelectual, el temor a las hordas».
El comunista Jordi Solé dijo que los demás grupos habían querido resolver el problema contra los fantasmas esgrimidos por AP e hizo un elogio del espíritu de consenso que había llevado a una solución positiva frente a la estrechamente electoralista de AP. Entre otras mejoras del artículo destacó el control de los centros por parte de profesores, padres y alumnos frente a la concepción hasta ahora imperante del negocio.
Por UCD, Oscar Alzaga empleó argumentos de derecho comparado para decir que se acababa de regular uno de los temas constitucionales más conflictivos, con un texto que carecía de los riesgos subrayados con criterios alarmistas por Alianza Popular y que, en cambio, satisfacía con holgura los mínimos del programa electoral de UCD.
Frente a la afirmación que había hecho el señor Gómez Llorente de que el proyecto de ley sobre el estatuto de centros docentes quedaría, a la luz'del texto aprobado, inconstitucional, el señor Alzaga aseguró que el Gobierno no retiraría el citado proyecto de ley.
Aludió a las contradicciones internas de AP, y concretamente a las distintas posiciones mantenidas por los señores Fraga y Silva en materia de enseñanza.
Por alusiones, el señor Silva volvió de nuevo a la tribuna para afirmar que lo que él había mantenido era el derecho a la subvención de la enseñanza, que corresponde a los padres de los alumnos. Desmintió que AP se hubiera negado al consenso y que hubiera querido imponer sus ideas y creencias a los demás, sino simplemente obtener el respeto para las suyas.
La socialista catalana Marta Mata afirmó que lo más insatisfactorio del tema aprobado era la ausencia de referencia a la realidad del subdesarrollo educativo que padece nuestro país. Por lo demás, estimó la polémica sobre la libertad de enseñanza, bizantina y farisaica, y el texto sobre este tema, el más confuso del artículo. Dijo que le extrañaba ver defendida por AP la libertad de enseñanza a través de portavoces que pertenecieron a un régimen que impidió la libertad de enseñanza.
El señor Silva, desde su escaño respondió: «Manos blancas no ofenden.» Seguidamente, al filo de las once de la noche y con un total de diputados no superior a los sesenta -más de la mitad socialistas- el presidente de la Cámara levantó la sesión hasta el próximo martes.
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