Comunistas y socialistas, enfrentados en el debate sobre la Iglesia

La mención constitucional de la Iglesia católica y el mandato a los poderes públicos para que mantengan con ella las consiguientes relaciones de cooperación suscitaron ayer un debate en el Pleno del Congreso que resultó altamente instructivo sobre la estrategia política con que los más importantes partidos parlamentarios abordan la «realidad católica». Frente a las posiciones de la derecha y el centro, que rozaron la confesionalidad, lo más interesante fueron las antagónicas actitudes de comunistas y socialistas. Los primeros, intentando ganarse a un enemigo temible; los segundos, procurando guardar las distancias para evitar una confesionalidad solapada.

Desde una perspectiva tradicional del comunismo, resultaba difícilmente digerible la posición expresada por Santiago Carrillo en un discurso habilidoso, calificado de cínico por diputados de UCD en los pasillos del Congreso, aunque nadie osó adjetivarle así desde la tribuna de oradores, ni siquiera Manuel Fraga, que pasó sobre ascuas por el tema de la quema de conventos durante la República, remitiéndose al libro de Montero sobre el asunto. Carrillo había asegurado que él, personalmente, trató de impedir tales actos, provocados por la ultraderecha contra la República y similares a las acciones violentas realizadas hoy por la extrema derecha para desestabilizar la naciente democracia.

Los socialistas, solos

Las distintas fuerzas parlamentarias estuvieron de acuerdo en no establecer la confesionalidad del Estado. Lo que se planteaba era el hacer o no en la Constitución una mención expresa de la Iglesia católica. Y en este tema, los socialistas se quedaron prácticamente solos en contra de dicha mención, haciéndose eco de las posiciones progresistas procedentes de los propios católicos.

En cambio, AP y UCD aparecieron unidas a los comunistas en favor de la expresa alusión a la Iglesia católica. AP, en la raya de la confesionalidad católica del Estado, que sus diputados han defendido a lo largo de su trayectoria en el franquismo, abogó por la necesidad de reflejar el hecho real de la España mayoritariamente católica., UCD, desde una perspectiva más distanciada de la Iglesia, estimó conveniente especificar la cooperación con la Iglesia católica, compatible con la aconfesionalidad del Estado.

El profesor Tierno glosó la postura centrista como propia de la Democracia Cristiana, cuyo hueco estaba siendo llenado por UCD, en cuyo seno convergen también en la misma tendencia una serie de tecnócratas del viejo régimen oriundos de una organización con denominación religiosa (aludía, sin nombrarlo, al Opus Dei). Para rematar su intervención, en el recuerdo del cambio de posición de última hora de UCD sobre el tema del aborto, el profesor Tierno declaró que sus palabras podían ser atendidas «por cualquier todos; quiero decir, por cualquier persona».

Esta intervención, muy aplaudida por los socialistas, suscitó cierta ebullición en los bancos de UCD, donde José Pedro Pérez Llorca, Oscar Alzaga, Gabriel Cisneros y Miguel Herrero discutieron sobre la respuesta adecuada. Este último fue el encargado de darla y, tras conversar con el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, explicó que UCD cuenta con un sector democratacristiano, lo que no quiere decir que UCD sea democratacristiana ni confesional. En todo caso, rechazó el calificativo como improperio. Desde su escaño, el señor Tierno dijo que no se explicaba cómo podía Interpretarse como improperio el adjetivo de democratacristiano.

Los comunistas y la Iglesia católica

La novedad del planteamiento político del debate la protagonizó el Grupo Comunista, a partir de una pragmática valoración del peso soc¡al de la Iglesia católica, complementada con un decidido deseo de «no topar» con ella. El propósito de no enfrentarse con la Iglesia católica -en el recuerdo de que ella nutrió en buena parte de ideología a los promotores de la cruzada y de la que podría de nuevo servir de basamento a la resistencia contra la democracia-, los comunistas lo resuelven otorgándole un trato de excepción, en la esperanza de neutralizarla políticamente.

Frente a esta posición, los socialistas, partiendo de similares premisas, defienden un saludable distanciamiento de la Iglesia católica -a través de su no mención en la Constitución- para evitar todo peligro de regreso al nacionalcatolicismo.

El reto de Fraga

Junto al debate de fondo, la larga duración de esta discusión -tres horas- dio pie a Santiago Carrillo para asombrarse ante la actitud de los grupos que, como UCD y PSOE, no habían querido intervenir en el debate general para ganar tiempo, y ahora se entretenían en una polémica erudita y academicista que retrasaba la terminación de los trabajos constituyentes.

Manuel Fraga, por su parte, lamentó que los jefes de filas de los grandes partidos no bajaran a la arena del debate sobre temas de tanta trascendencia. La alusión significaba un reto a Adolfo Suárez y Felipe González -silenciosos votantes, hasta el momento, en el debate constitucional-, con los que el líder de AP ansía medirse en un terreno como el de la discusión parlamentaria, que considera favorable para sí.