Aprobada la abolición de la pena de muerte

El Pleno del Congreso aprobó ayer una enmienda in voce de Unión de Centro Democrático por la que queda abolida en la Constitución la pena de muerte, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para delitos cometidos por personas sujetas por su propia condición al fuero castrense. Votó en contra el diputado Francisco Letamendía y se abstuvieron quince miembros de Alianza Popular, el señor Colino (Grupo Socialista) y el señor Cros (UCD). Para la abolición de la pena de muerte habían presentado enmiendas todos los grupos plarlamentarios, excepto UCD y AP, pero todos ellos retiraron sus propuestas en beneficio de la enmienda consensuada.

Gregorio Peces-Barba, del Grupo Socialista, defendió el voto particular de su partido en el sentido de que se incluyera el siguiente párrafo: «Queda abolida la pena de muerte.» En una breve intervención, en la que renunció expresamente a exponer motivos doctrinarios o políticos, señaló que el tema de la pena de muerte debió y pudo quedar resuelto en la comisión. «Es preciso -dijo- que el Estado dé ejemplo de racionalidad en unos momentos en los que existe, desgraciadamente, mucha irracionalidad respecto al respeto a la vida», dijo.El diputado comunista Solé Barberá recordó su condición de ser el único diputado que ha estado condenado a muerte y enumeró los argumentos a favor de la abolición de esta pena: irrevocabilidad, honda preocupación en los jueces y magistrados que deben aplicarla, posibilidad de error y desgaste del jefe del Estado, que tiene el derecho de gracia.

El señor Solé fue el único que hizo mención expresa a la necesidad de que la abolición alcanzara también al Código de Justicia Militar. «Mantenerla -dijo- es incoherente.» «Por consideración y respeto a las Fuerzas Armadas es precisamente -añadió- por lo que nos inclinamos a rechazar el dardo envenenado del mantenimiento de la pena de muerte en su Código. »

Reiteró el respeto al Ejército, «garantía de la Constitución y positivo gestador de la vía democrática», y pidió a los diputados el voto favorable.

Para Miguel Roca, de la Minoría Catalana, un argumento fundamental, en términos de valoración política, es que la existencia de la pena de muerte desgasta al titular del derecho de gracia. «Así ha sucedido -dijo- en los países democráticos consolidados, y así sucedería en el nuestro, donde todavía la democracia no está consolidada.»

La intervención más sentimental fue la de Andreu Abelló, de Socialistas de Cataluña, quien recordó «a tantos y tantos amigos a los que les fue aplicada la pena de muerte». En nuestros país, en los últimos cuarenta años, «han muerto muchos hombres dignos -dijo-, hombres buenos cuyo recuerdo quedará siempre en la conciencia y en el corazón de los pueblos de España. No hace falta recurrir a ejemplos de otros países. Nos basta nuestra propia experiencia». Señaló el señor Abelló que muchos de los muertos a que él se refería habían hecho un legado. «Murieron -dijo-, como el presidente Companys, sin rencor, como mis amigos Cruz Salido y Zugazagoitia, que pidieron a sus hijos que, si sentían rencor, jamás regresaran a España.»

Finalmente el señor Abelló afirmó que si el Parlamento acordaba la abolición de la pena de muerte, él pediría a todos los hombres de España y de todas las nacionalidades que defiendan sus ideas sin aplicar jamás la pena de muerte.

El profesor Tierno Galván, en nombre del Grupo Mixto, hizo una profunda intervención, en la que esgrimió argumentos filosóficos. « Es preciso que vayamos tomando conciencia de la justificación y razón de la abolición de la pena de muerte y los españoles estamos en un gran momento para ello», dijo. «¿Qué está ocurriendo en España?», se preguntó. «Yo diría que la respuesta es clara: se está acabando con el sentido de la tragedia.»

Para el profesor Tierno no hubiera sido posible la despenalización de delitos contra lo que se ha llamado la honra si no se hubiera perdido ese sentimiento de tragedia. «En los Pirineos podríamos poner un cartel: Aquí yace la España trágica, y otro que dijera: Aquí nace una nueva España.»

Añadió que en el derecho a la vida no caben excepciones, y que de ello nos hemos ido persuadiendo. «Es una utopía -dijo-, pero la utopía es lo que se opone a la tragedia. Con la abolición de la pena de muerte nos colocaríamos en un peldaño intermedio en el camino hacia esa utopía.» Señaló que poco a poco nos vamos dando cuenta de que el Estado no es la Suma Razón. «El Estado -terminó- no puede afirmar su derecho a aplicar la pena de muerte para sobrevivir, porque su justificación es precisamente la defensa del derecho a la vida.»

Marcos Vizcaya, del PNV, señaló que el principio rector de su grupo era que nadie, absolutamente nadie, puede privar a otro de su bien más; preciado: la vida. Afirmó que en 1970, con motivo del proceso de Burgos, fueron con denados a rnuerte unos hombres que después fueron indultados. «Hoy están insertados plenamente en la sociedad», añadió. Sin embargo, prosiguió, en 1975 sí fueron ejecutadas otras personas. «Si no se les hubiera privado del derecho a la vida hoy se les habría aplicado la amnistía y estarían cumpliendo un papel en la sociedad. «Se consiguió algo ejecutándoles? No.» «Mi grupo, dijo más adelente, rechaza rotundamente la violencia física como arma política, y cuando se nos acusa de ambigüedad a este respecto se debería recordar que el PNV siempre ha sido partidario de la abolición total y absoluta de la pena de muerte en todos los campos.»

Enmienda "in voce" de UCD

A esta altura del debate el presidente del Congreso anunció que Unión de Centro Democrático había presentado una enmienda in voce con apoyo de los demás grupos, para cuya defensa dio la palabra a Jaime García Añoveros. El señor Añoveros leyó la enmienda, que finalmente fue incorporada a texto y señaló que suponía la práctica abolición constitucional de la pena de muerte.

Explicó que se estaba realizando un acto de realismo político que correspondía al reconocimiento de un estado de conciencia social.

En relación con el párrafo de su enmienda que deja al margen a las personas sometidas a fuero militar, señaló que teníamos un Ejército al que pedimos protección por todos los medios, incluso con renuncia de su propia vida. «No constitucionalizamos la pena de muerte en el ámbito militar -explicó-, sino» que sinplemente decimos que las leyes lo regularán.»

Manuel Fraga, de Alianza Popular, anunció que su grupo había acordado conceder libertad de voto porestimarque se trataba de una cuestión de conciencia. «Pero algunos nos vamos a abstener porque pensamos que este no es un tema constitucional», dijo. Afirmó que se trataba de un tema trascendental y que el trabajo del Parlamento en este campo debía partir del interés público, al margen de consideraciones sobre la tragedia y la utopía. «La tragedia es el terrorismo rampante, o el sadismo, que no está en nuestra mano desconocer como tampoco que se aplique la pena de muerte al margen de cauces jurídicos, como sucedió en Bolivia en el caso del ilustre revolucionario Che Guevara.»