Morir en Euskadi

EL ASESINATO de José María Portell, director de la Hoja del Lunes, de Bilbao, a manos de ETA militar confirma que se ha inaugurado una nueva fase de la estrategia etarra, caracterizada por una ampliación de los objetivos de su actividad criminal y un crecimiento de los componentes de delirio irracional que alientan sus planteamientos.No hay muertos de diferentes clases. Pese a la emoción que suscita en la profesión periodística la noticia, tan condenable es el asesinato de los miembros de las fuerzas de orden público o de los trabajadores de Lemóniz como el de un compañero de la prensa. El brutal atentado que ha costado la existencia al director de la Hoja del Lunes de Bilbao hace que todos los periodistas nos sintamos enfilados desde ahora por las armas asesinas, pero no pretendemos en modo alguno conceder a nuestras vidas mayor precio que a las del resto de nuestros conciudadanos. Y, sin embargo, el crimen de Portugalete reviste una significación nueva, un contenido simbólico que hace trascender la protesta corporativa de los profesionales de la información hasta la defensa de la libertad de expresión como elemento básico para la construcción de una comunidad democrática.

El nuevo crimen de ETA muestra, paradójicamente, la razón que asistía a todos los que mantuvieron la tesis de que la única forma de acabar con el terrorismo en Euskadi era articular las medidas políticas con la creación de un clima de opinión que aislara del resto del pueblo vasco a esos profesionales del asesinato por la espalda. Por ese motivo ha sido asesinado nuestro compañero en Bilbao y se amenaza a la prensa que denuncia y crítica a ETA. La acción policíaca, obviamente imprescindible en la lucha contra delincuentes armados, tenía forzosamente que inscribirse en una acción global que abriera nuevas perspectivas históricas en Euskadi y analizara y describiera las motivaciones y los objetivos de los terroristas, diametralmente alejados de lo que su propaganda proclama.

En el campo de las medidas políticas, la amnistía, la legalización de las principales fuerzas nacionalistas (desde el tradicional PNV hasta el revolucionario EIA, fundado por algunos de los dirigentes históricos de ETA-VI Asamblea condenados a muerte en 1970) y la creación de un amplio espacio para la autonomía vasca en el proyecto constitucional han creado las bases para el encauzamiento por vías pacíficas y democráticas de las reivindicaciones de. Euskadi. A esta real y profunda transformación de las reglas de juego y del marco para la actividad política han respondido de manera racional y congruente tanto los socialistas vascos, federados en el PSOE que conquistaron la mayoría relativa en las elecciones de junio de 1977, como el Partido Comunista de Euskadi, cuya menor implantación electoral no le ha impedido adoptar las posturas más claras políticamente y más valientes moralmente en la polémica con ETA y sus simpatizantes. En el extremo opuesto, los grupúsculos abertzales, a los que caprichosamente suele situárseles sin razones que lo avalen «a la izquierda del PCE», tratan de ocultar su fracaso electoral en junio y su inermidad teórica y política tras una confusa cacofonía de apoyo a los objetivos de ETA y de justificación de sus métodos, pero de renuncia a la lucha armada en tanto que organizaciones autónomas; sin atreverse, sin embargo, a extraer las conclusiones lógicas de unas premisas que contienen de forma incoada todos los crímenes perpetrados por ETA y toda la sangre que las medidas policiales para impedirlos hacen verter.

Y, en medio del escenario, jugando a desempeñar el papel de Hamlet o realmente sintiendo el personaje, se halla el Partido Nacionalista Vasco, dispuesto al rechazo abstracto de la violencia, pero renuente a adoptar posiciones para combatirla en concreto. Sus viejas raíces democristianas -aquellas que movieron a Indalecio Prieto a comentar maliciosamente que el sueño del PNV era conseguir un «Gibraltar vaticanista»-, sus estrechos contactos durante la segunda guerra mundial con el Gobierno y las agencias de Estados Unidos, y su apuesta en favor de una sociedad vasca pluralista y de libre mercado harían presumir de sus dirigentes un compromiso sincero y completo para lograr, en alianza con las otras formaciones parlamentarias dentro y fuera de Euskadi, la consolidación de la democracia, la erradicación de la violencia y la defensa de pautas de comportamiento político racionales y pacíficas. Pero la persistencia de los elementos chovinistas que arrastra ese partido desde sus orígenes bizcaitarras, y el temor a perder base electoral y popularidad por las denuncias de ETA y de los grupos abertzales contrarrestan, hasta neutralizarlas, esas tendencias hacia planteamientos democráticos y solidarios con el resto de los españoles. Esa actitud halla su mejor exponente en la posición adoptada por el PNV a propósito de la reintegración foral: resulta que un partido afincado en una sociedad industrial avanzada considera un insulto recibir poderes de la Constitución y una bendición del cielo aceptarlos de la Corona.

Mientras la violencia de ETA crea las condiciones militares para la «ulsterización» de Euskadi, las posiciones del PNV, si llegaran a dominar algunas de sus corrientes internas, crearían las condiciones políticas para esa misma catástrofe histórica: la existencia de dos comunidades enfrentadas y hostiles dentro del mismo territorio. Porque nadie debe olvidar que más de un tercio de los habitantes del País Vasco han nacido fuera de sus fronteras y que una gran mayoría de la población no habla euskera. El objetivo último de ETA es, evidentemente, provocar la ocupación militar del País Vasco mediante una cadena de crímenes y atentados que colmen la paciencia y hagan perder los nervios a las más altas autoridades del Estado. Si el PNV no comprende que combatir esa estrategia suicida es el objetivo prioritario para defender las libertades de los vascos y de todos los españoles y persiste en convertir cuestiones adjetivas en centrales, sobre sus dirigentes recaerá la responsabilidad histórica de haber hecho imposible el establecimiento de la democracia en nuestro país y de lanzar al pueblo vasco a una «guerra de los cien años» en pos de una independencia utópica que la gran mayoría de la población no desea y que no favorece los intereses y las necesidades de una comunidad como la vasca, profundamente imbricada desde hace siglos, y, sobre todo, después de la revolución industrial, en la economía y en la sociedad de toda España.

La actitud que el PNV adopte frente a la Constitución será la piedra de toque respecto a sus posiciones de fondo acerca de esta cuestión decisiva. Porque si la disconformidad respecto a la forma de fundamentar retóricamente la restauración foral, de justificar históricamente la integración de la nacionalidad vasca en la nación española, de establecer las fronteras de competencias de los ámbitos autonómicos o de percibir los impuestos mediante los conciertos económicos, es razón suficiente para que el PNV se una a ETA y a los grupúsculos abertzales en el rechazo de la Constitución, pocas esperanzas pueden caber acerca de la pacificación del País Vasco y la consolidación de la democracia en España entera.