La vida de Cádiz, pendiente de las soluciones a la crisis naval

La supervivencia económica de los casi 600.000 habitantes de la bahía de Cádiz, es decir, más del 60 % de la población total de la provincia, depende en la actualidad de una solución satisfactoria a la crisis del sector naval. El monocultivo industrial en torno al cual gira la actividad socioeconómica de la bahía gaditana -Astilleros Españoles, SA- atraviesa la más dura crisis de su historia, lo que ha motivado el anuncio de una inminente regulación de empleo que podría concluir incluso con la quiebra de Astilleros en el curso del presente año.Esta situación, consecuencia inmediata de la crisis del sector naval a nivel mundial, se hace particularmente grave en el caso de Cádiz, cuya estabilidad social se ve amenazada por unos elevados índices de paro en el campo y la construcción.

La descapitalización industrial y económica de la bahía como consecuencia inmediata de la quiebra de Astilleros Españoles ocasionaría la emigración de al menos 25.000 familias, que de una manera directa dependen en sus fuentes de ingresos de su trabajo en la construcción naval. Las consecuencias de la crisis, sin embargo, afectarían a los restantes sectores económicos de la bahía, cuya actividad gira en torno a Astilleros. Según expresión gráfica del delegado de Trabajó de la provincia, «hasta las prostitutas están en peligro de extinción», si estalla la escalada de despidos anunciados recientemente por la presidencia de AESA.

El paro en la provincia afecta en la situación actual a los sectores agrícola y construcción básicamente, con cifras superiores a los 8.000 y 15.000 parados, respectivamente, de los cuales 4.000 y 10.000 se hallan localizados en la bahía. Estas cifras contenidas en el estudio elaborado por la Diputración sobre posibles medidas inmediatas para un plan de desarrollo de la bahía gaditana, se complementan con los últimos datos obtenidos por la Delegación de Trabajo y referidos al pasado día 15 el total de trabajadores en paro registrado, sumaba la cifra de 35.163 personas, cuyo desglose por sectores es el siguiente: agricultura, 2.673 (desde el pasado día 23 hay que sumar a esta cifra otros 6.000 jornaleros que han vuelto a quedar en paro al acabar los fondos del empleo comunitario en el que estuvieron ocupados durante los últimos cuatro meses); industria, 7.119; construcción, 14.85 1; servicios, 6.266, y sin empleo anterior, 4.253.

El paro estimado, no obstante, superaba la cifra de 41.000 trabajadores en la referida fecha. Estas cifras, aunque en algunos casos con mínimas variaciones, no coinciden, sin embargo, con las manejadas por las centrales sindicales, para las que los índices de desempleo son superiores.

Estos niveles de paro, según reconoce la propia Diputación en el referido estudio, hacen peligrar no sólo la estabilidad económica de la región, sino también la política e incluso el orden público.

Entre las características más importantes de la actual estructura económica gaditana figura la falta de integración del sector industrial, que polariza su actividad general a sectores muy específicos afectados de forma excepcional por la crisis del país. Esta situación, en cuanto a las expectativas de futuro, aparece mucho más oscura aún corno consecuencia de la cada día creciente reducción de la actividad de la construcción naval y sus efectos en sectores de servicios todavía no afectados por la crisis general de la región.

Como objetivos a cubrir por la serie de medidas enumeradas en el referido estudio y tendentes a corregir la actual situación, figura el mantenimiento en la medida de lo posible del nivel del consumo privado, ya que su reducción originaría una crisis en los sectores de servicios de imprevisibles consecuencias; utilización de los fondos destinados al empleo comunitario en la realización efectiva de obras y acciones de utilidad social, y no sólo de financiación del orden público; realización de aquellos proyectos que han sido antiguas aspiraciones de la provincia y que por falta de recursos financieros no han podido ser realizadas, y creación de las bases necesarias para la instalación de nuevas actividades económicas, de forma que se utilicen los recursos disponibles por la región.

Entre las medidas apuntadas para la consecución de los anteriores objetivos destaca la creación de un fondo de recursos que pueda garantizar la ejecución de las obras públicas y comunitarias, así como la percepción de los seguros de paro y empleo comunitario. Se sugiere también la creación de un organismo de control de la utilización de los fondos del empleo comunitario, en el que se asegure la correcta utilización de los mismos.

La preocupación en los medios sociales gaditanos por la difícil situación de AESA, aunque ya es habitual en los últimos años a causa de la crisis del sector, se ha acentuado en los últimos días, a raíz del anuncio hecho por el consejo de administración, mediante una nota dirigida a los comités de empresa, que señala, que de manera inmediata se procedería a presentar expediente de regulación de empleo.

Esta medida, que se anunciaba inminente y de aplicación hasta el 31 de diciembre próximo, afectaría a unos 13.000 trabajadores de la empresa, de los cuales unos 5.000 pertenecen a las factorías de Puerto Real y Cádiz.

Esta medida vendría justificada por las graves dificultades financieras por las que atraviesa la empresa, que se traducen en una previsión de pérdidas para el presente año de 6.800 millones de pesetas, lo que reduciría a cero el patrimonio de AESA de no arbitrarse medidas, toda vez q ue los fondos propios, al finalizar el pasado ejercicio, eran de 7.488 millones de pesetas.

El anuncio de la regulación de empleo (en noviembre del pasado año una nota similar de la presidencia de la empresa, aunque de contenido más atenuado, originó violentos enfrentamientos entre trabajadores y policía, como traducción de la tensión laboral originada por los posibles despidos) ha hecho temer el estallido de un conflicto que de manera latente se deja sentir en la bahía gaditana, como prolongación de la incertidumbre social que vive la provincia.

El inmediato cese del presidente de AESA, señor Benzo Mestre, y la movilización de autoridades gubernativas (el gobernador civil remitió a Madrid un informe en el que advertía de posibles desórdenes públicos si no era rectificada la medida anunciada), centrales y comités de empresa parece asegurar un cierto control de la situación, y ya está en marcha la oportuna negociación entre las partes afectadas para buscar una salida a la crisis.

No obstante, la incertidumbre sigue siendo la constante en . la provincia, en base, principalmente, a la consciencia por parte de los diversos intereses en juego de las dificultades a una solución aceptable para la población laboral. Tanto las centrales como los trabajadores no ignoran que, en el caso concreto de Cádiz, la puesta en práctica de la inevitable reconversión que habrá de comportar el esperado plan naval pasa por la reducción de una mano de obra sobrante en el sector de astilleros e imposible de ser absorbida por los restantes sectores de la producción, excesivamente castigados por el paro.

De esta manera, la promoción nacionalista que estos días conoce Andalucía -posters callejeros, anuncios en la prensa y cuñas radiofónicas hablan del orgullo de sentirse andaluz y de la necesidad de conocer Andalucía para hacerla respetar- contrasta con la amenaza de la emigración a la que se verían forzadas no menos de 25.000 familias de la bahía.

Sin embargo, en medios gubernamentales se deja sentir cierto respiro en cuanto a la inminencia de una conflictividad ciudadana derivada de la crisis de Astilleros. En opinión del gobernador civil, José María Sanz Pastor, los tres meses que aún faltan para que el plan de reestructuración naval esté ultimado suponen un impasse en la tensión social que podrá ser aprovechado para una oportuna mentalización de los afectados, de una parte, y para parchear la situación en otros sectores hoy más deprimidos.

«De momento, la situación parece controlada. Ya es significativo que en esta ocasión el anuncio de regulación de empleo no haya originado los desórdenes que la mera mención de su posibilidad desencadenó en octubre pasado», asegura Sanz Pastor, para el que «ya es bastente bueno que Benzo haya desaparecido». Según el criterio generalizado en la bahía, la decisión del presidente de AESA de anunciar la regulación de empleo en los términos recogidos en la referida nota a los comités de empresa -al parecer Benzo habría ordenado que la misma no fuera conocida por los gobernadores civiles hasta media hora antes de su publicación- perseguía la obtención de ayuda gubernamental mediante la utilización de la presión social que lógicamente desencadenaría su conocimiento por los trabajadores.

« La única solución viable para el problema naval -en opinión de Sanz-Pastor- sería la concentración de la oferta. Está claro que no hay mercado para los distintos astilleros con que cuenta nuestro país, por lo que hay que ir a la concentración. En este sentido, Cádiz debería tener prioridad a la hora de seleccionar unas instalaciones donde concentrar la producción. En primer lugar, por razones objetivas: el problema del paro está aquí mucho más acentuado que en Galicia o en el País Vasco; por razones técnicas, tanto las instalacíones de Puerto Real como las de Cádiz así lo justifican. También por razones geográficas, así como por razones de compensación sociocennómicas ante la falta de inversiones clel anterior régimen en la provincia. Cádiz no ha tenido el monocultivo industrial porque haya querido, sino que ha sido una imposición del centralismo económico. Aquí no han venido determinados sectores, y eso,se lo podríamos preguntar a Laureano López Rodó y, posteriormente, a otros ministros de Planificación, porque Cádízya tenía su astillero.»

El paro agrario, caldo de cultivo al problema de Astilleros

En cualquier caso, y siempre en la esperanza de que la reconversión -por su invíabilidad en el caso de Cádiz- no sea la solución gubernamental para la bahía, el gobernador civil se muestra más preocupado en la actualidad por el problema del campo que por la expectativa de despidos en AESA.

Como caldo de cultivo al inmediato futuro de la bahía, el Gobierno parece decidido a suspender el proyecto de empleo cómunitario que en las provincias andaluzas venía manteniendo el orden público -según la propia definición oficial- en unos niveles aceptables. El pasado jueves se terminó el presupuesto que para este fin disponía el Gobierno Civil de Cádiz. En los últimos cuatro meses la inversión de 720 millones de pesetas por este concepto había permitido dar ocupación en el empleo comunitario a 6.000 jornaleros gaditanos.

La vuelta al paro de este colectivo hace nuevamente cotidiana la constante amenaza de desórdenes públicos, en cuya prevención y de acuerdo con las previsiones establecidas por el Gobierno Civil, Sanz Pastor solicitó la semana pasada de Madrid el envío de 1.033 millones de pesetas, que permitirían mantener el empleo comunitario hasta que finalice el año.

Sanz Pastor no oculta a Madrid su preocupación y, de una parte, justifica su petición en los favorables resultados obtenidos por el empleo comunitario, «de indudable rentabilidad social» y ayuda al «mantenimiento y normalización del orden público» y, de otra, en la necesidad de neutralizar la acción