Sánchez de León: "La Seguridad Social no financiará el uso voluntario de la píldora"

El Pleno del Congreso, que terminó ayer por la mañana la sesión comenzada el miércoles por la tarde, aprobó practicamente por unanimidad una moción socialista sobre desarrollo agrario de comarcas y fincas mejorables, adecuación del régimen especial agrario al general de la Seguridad Social en lo relativo al seguro de desempleo, y participación de las organizaciones sindicales y patronales en la gestión de los fondos contra el paro agrario. El segundo y último punto del orden del día consistió en un denso debate sobre planificación familiar y anticonceptivos, entre la socialista Carlota Bustelo y el ministro de Sanidad Seguridad Social, Enrique Sánchez de León.

La sesión comenzó con más de media hora de retraso, porque sólo en el tercer recuento estaban presentes más de 176 diputados, número mínimo para la existencia de quórum. Abierta la sesión, el diputado socialista Juan Luis Colino defendió una moción que pedía que sea elaborado un nuevo texto legal sobre desarrollo de comarcas y Fincas mejorables, separado de la ley de Desarrollo Agrario. En segundo lugar, la moción requería la equiparación en lo que respecta al seguro de desempleo del régimen especial agrario de la Seguridad Social al régimen general de ésta, equiparación ya realizada en otras materias. Finalmente, la moción establecía la representación de las centrales sindicales en las comisiones provinciales de gobierno, a los efectos de administración de los fondos contra el paro agrícola.En nombre del Gobierno, el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, se mostró de acuerdo con el primer punto, y anunció que la ley de comarcas y fincas mejorables será estudiada en el Consejo de Ministros que se celebrará hoy. Respecto a la equiparación de los dos regímenes de la Seguridad Social, puntualizó que los pactos de la Moncloa establecen que se llevará a cabo conforme las disponibillidades financieras lo permitan.

El señor Lamo de Espinosa se opuso a la participación de las centrales sindicales en las comisiones provinciales de gobierno, argumentando que éstos son organismos puramente administrativos, y sugirió que la moción recomendase la participación, por los medios que puedan arbitrarse, de las centrales sindicales en la distribución de los fondos contra el paro agrícola. Además de los sindicatos, el ministro expresó la necesidad de incluir a las patronales.

Por Alianza Popular, Manuel Fraga mostró su acuerdo con la exposición del ministro de Agricultura, y añadió que el paro, uno de los más graves problemas de la sociedad española, no podrá solucionarse sin un clima de estabilidad y confianza social y política que dé pie a las inversiones necesarias.

Ramón Tamames, del Grupo Comunista, expresó su apoyo a la moción y pidió que la nueva ley de comarcas y fincas mejorables conlleve una revisión total de la política anterior sobre este tema, que -dijo- «fue sólo una pantalla publicitaria, pues ni la ley de 1953 ni la de 1971 fueron aplicadas». Sobre el punto tercero, objeto de polémica, pidió que se propusiese un nuevo texto.

En. nombre del Grupo Socialista, el diputado señor Colino admitió las objeciones del ministro de Agricultura y sugirió una nueva redacción, por la que se confía al Gobierno la tarea de establecer, en el plazo de tres meses, los mecanismos de participación de los sindicatos y organizaciones patronales en la administración de los fondos contra el paro agrícola. Con el asentimiento de todos los grupos, la moción fue aprobada con sólo tres abstenciones.

La diputada socialista Carlota Bustelo planteó una interpelación al Gobierno sobre la política que éste piensa seguir en el campo de la planificación familiar, y más en concreto sobre dispensación de anticonceptivos a favor de los beneficiarios de la Seguridad Social, en cuya defensa argumentó que el derecho a la planificación no es nada si no se ponen los medios necesarios para que las clases populares accedan a ese derecho.

La señora Bustelo recordó que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado usaron la contracepción un 70% de mujeres, mientras el 74% de los españoles estaba a favor de la planificación y el 71% era partidario del asesoramiento y ayuda del Estado. Dijo también que millones de mujeres no entenderían el que la Seguridad Social no dispense gratuitamente los anticonceptivos, argumentando que la labor de planificación es una parte ineludible de la medicina preventiva, y que en todo caso su coste social sería mucho menor que el de los nacimientos no deseados y los abortos.

El ministro de Sanidad respondió con una amplia exposición de la filosofía del Gobierno y de la UCD respecto al tema, de la que dijo que está igualmente alejada de los esquemas tradicionales y de los programas socialistas. Dijo el señor Sánchez de León que esta filosofía se basa, en línea con las declaraciones y resoluciones de los organismos y conferencias internacionales, en el reconocimiento ante todo de los derechos del individuo y la familia, así como de la sociedad.

Anunció que la Sanidad estatal tiene como objetivo montar a corto plazo una red de al menos 74 centros de ordenación familiar -el ministro prefirió esta expresión al término planificación- y defendió el criterio de que la Seguridad Social facilite los anticonceptivos a las personas que los centros señalen como necesitadas, mientras que lasque tomen la píldora por propia voluntad deberán pagársela, ya que «no es justo que el sistema cargue con una decisión voluntaria del individuo, habiendo otras necesidades».

Contestando al ministro, la señora Bustelo reclamó el derecho de los solteros y los adolescentes a ser informados sobre la planificación, contra la actitud del ministro de circunscribir el tema a la familia, y pidió que la Seguridad Social facilite esa planificación a todos los que la pidan, porque -dijo- «se trata de un problema de libertad individual: reconocer la libertad del individuo a llevar adelante su decisión».