Reconocido el término "partidos políticos" el ordenamiento jurídico

El ordenamiento jurídico español volverá a hablar, después de cuarenta años, de partidos políticos en lugar de asociaciones, de acuerdo con el proyecto de ley aprobado ayer por 290 votos a favor y do abstenciones por el Pleno del Congreso de Diputados. La Cámara aprobó también, por 285 votos a favor y cuatro abstenciones, la tipificación en el Código Penal del delito de tortura.Estos fueron los dos temas más destacados del orden del día y lo que dieron origen, si no a un deba te, sí a una amplia exposición de motivos por prácticamente todos los grupos parlamentarios.

El Grupo Comunista, que retiró seis enmiendas al proyecto de ley de partidos políticos, defendió una séptima, a fin de que los partidos y asociaciones que hayan sido inscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley conserven su personalidad jurídica y plenitud de su capacidad y derechos adquiridos, sin necesidad de ninguna adaptación de sus estatutos. Union de Centro Democrático, a través del diputado señor Meilán, anunció que aceptaba la propuesta. La enmienda comunista fue aprobada por 282 votos a favor, siete votos en contra (Minoría Catalana) y dos abstenciones.

En el turno de explicación de voto, el señor Meilán señaló que esta era la tercera norma sobre partidos políticos desde junio de 1976 y resaltó el hecho de que se reconociera ahora plenamente la libertad de creación de partidos políticos El señor Solé Barberá (comunista) afirmó que todos los grupos debían hacer el necesario esfuerzo para que, a través de la ley aprobada, no quedara ningún partido sin inscribirse «por supuesto, de los que aceptan los límites de la propia ley».

El diputado socialista Antonio Sotillos resaltó que era la primera vez en cuarenta años que el ordenamiento jurídico español reconocía la expresión partidos políticos y acentuó los principios funda mentales de la ley aprobada: funcionamiento democrático interno y externo de los partidos políticos. Parecidos argumentos fueron esgrimidos para explicar su voto favorable al articulado de la ley por los señores Roca (Minoría Catalana), Carro (AP), Cuerda (PNV) y Rodolfo Guerra (Socialistas de Cataluña).

Tipificado el delito de tortura

En relación con la proposición de ley para la tipificación del delito de tortura, el diputado socialista Joaquín Ruiz Mendoza señaló que se trataba de la primera proposición de ley que había formulado su grupo, y agradeció vivamente a UCD y al señor Mendizábal (AP) el trabajo y la colaboración que habían prestado en la Comisión de Justicia.

Simón Sánchez Montero, del Grupo Comunista, dijo que la tipificación de la tortura era un gran avance en la consolidación de la democracia. «Desgraciadamente era necesario, muy necesario, tipificar la tortura -añadió-, porque en las últimas décadas muchos españoles, luchadores por la democracia, han sido marcados en sus cuerpos con la huella de la tortura, huella en el cuerpo y no en el alma.» Señaló que él había sido uno de esos españoles y recordó que en una ocasión, encontrándose detenido en la Dirección General de Seguridad, le dijo a un funcionario: «Yo lucho para que usted nunca se encuentre en la situación por la que yo paso ahofa, para que desaparezcan para siempre.»

El representante de UCD sé felicitó por la unanimidad alcanzada en la Comisión de Justicia y dijo que había sido su grupo quien propuso que se incluyera la típificación de la tortura psíquica. Pedro Mendizábal (AP) se sumó a la satisfacción general y afirmó que «la práctica abominable de la tortura se ha registrado en todas las épocas y países, pero hay que luchar contra ella -dijo- para que, al menos, sean hechos esporádicos». Aludió veladamente a las recientes decla raciones del secretario de coordinación de UCD, señor Arias Salgado, para afirmar que «AP, con permiso de algún número dos que se empeña en calificarnos de cavemícolas, ha colaborado siempre en todo lo que trate de defender la libertad y la dignidad del ser humano».

Finalmente, Angel Cuerdt (PNV) expresó su deseo de que la ley no tenga que ser aplicada nunca y Rodolfo Guerra vinculó su apro bación con el final de los trabajos de la Comisión Constitucional: «Un paso hacia el entierro de la última tiranía.»

El Pleno de la Cámara aprobó también el dictamen de la comisión mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de ley de elecciones locales, la nueva redacción de los artículos 273 de la ley de Enjuiciamiento Civil y 166 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (sobre citación de testigos) y un suplemento de crédito a la Renfe por importe de 14.602 millones de pesetas.

Entre los invitados que presenciaron el desarrollo de la sesión se encont raba el primer ministro de Dinamarca, señor Joergensen, que fue acogido con aplausos por los miembros de la Cámara.

Mayoría de edad civil

La proposición de ley Presentada por la Minoría Catalana sobre la mayoría de edad a efectos civiles a los dieciocho años fue defendida por Miguel Roca, quien anunció que la retiraría sí se confirmaba la noticia de quer el Gobierno remiJáría a las Cortes un proyecto de ley regulando la materia. Así lo hizo tras una intervención del ucedista Luis de Grande Pascual, en nombre del Gobierno, confirmando que el proyecto de ley se encontraba en vía de entrada en la Cámara.

En su intervención inicial, el señor Raca recordó que el proyecto de Constitución limita la nueva mayoría de edad fijada a los dieciocho años sólo a efectos de los derechos políticos, lo que crea una situación anómala. Añadió que si el partido del Gobierno ilustraba a la Cámara sobre la información facilitada por los medios de comunicación social sobre el proyecto de ley que el Gobierno remitirá a las Cortes, retiraría su enmienda.

El señor Grande, al confirmar este hecho declaró la importancia de los temas juveniles, sobre los que él se encuentra especialmente sensibilizado por ocuparse de ellos en UCD. Declaró también la voluntad del Gobierno de que todos los grupos parlamentarios participen en el perfeccionamiento del proyecto de ley.

En la exposición de motivos de la proposición de ley de la Minoría Catalana, finalmente retirada, se destaca la necesidad de reconocer y otorgar la plena capacidad de obrar a quien socialmente la ejercita y reclama justamente.