Una religiosa, beneficiaria de la permuta del hospital de Maudes

Tanto la Diputación Provincial como la Subdirección de Promoción y Desarrollo del Ministerio de Sanidad estiman que la adquisición por permuta del hospital de Maudes a manos de la primera entidad es la única acción que garantiza su conservación y utilización pública. Las Hermanas de San Vicente de Paul, cuya superiora es la única persona viva de las que componen el patronato de la fundación y beneficiaria de la permuta, ha rechazado todas las ofertas de compra que diversos organismos ofrecieron, por entender que eran demasiado bajas en cuantía. Al final aceptó de la Diputación la residencia de ancianos de Navalcarnero, más 190 millones de pesetas.

En la operación de cambio del hospital de Maudes juegan diversos factores. Por un lado, al Estado no le interesa hacerse cargo directamente de un edificio cuya reparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento significarían varios cientos de millones. Las Hermanas de San Vicente de Paul rechazaron varios intentos de adquisición del hospital por parte de la Cruz Roja, del Colegio de Arquitectos, ya que entendían que las ofertas eran insuficientes. También el INUR y la Fundación Universitaria mostraron interés, sin que se llegase a un acuerdo. Dado que las religiosas no disponían de medios propios para poner en funcionamiento el hospital, decidieron sacarlo a concurso-subasta, lo que muy posiblemente significaría su compra por alguna entidad inmobiliaria.Mientras se preparaban los trámites para el concurso subasta, se abrió un expediente de declaración de monumento histórico-artístico para el edificio, lo que supuso la imposibilidad de derruirlo y obligar al propietario a restaurarlo y conservarlo. Desde ese momento las posibilidades de ser adquirido por una entidad privada fueron prácticamente nulas. Las religiosas enviaron un escrito de alegaciones en contra de la declaración como monumento, que está en estudio. Fue entonces cuando surgió la idea de la Diputación de cambiar su residencia de ancianos de Navalcarnero y una cantidad en metálico de 190 millones por el hospital, lo que la superiora de la orden aceptó.

Las gestiones entre religiosas y Diputación se han llevado discretamente, hasta que la noticia saltó cuando la operación estuvo a punto de concluirse. Adelpha y las asociaciones de vecinos de la zona se oponen a que la Diputación haga una inversión de ese calibre en la adquisición de un edificio que, en su opinión podría conseguirse gratuitamente. Bastaría que la Administración abriera un expediente demostrativo de que la fundación no cumple los objetivos para los que fue creada. Efectivamente, el hospital está abandonado desde 1970 y en proceso de degradación continua. Si esto se demostrara, el Estado se podría hacer cargo del patrimonio de la fundación y dedicarlo a funciones sociales.

El argumento de la Subdirección de Promoción y Desarrollo y del Servicio de Fundaciones es que las posibilidades legales son casi inviables y muy trabajosas. Habría que demostrar que ni han cumplido los fines ni van a poder cumplirlos en el futuro. Las religiosas, obviamente, interpondrían recurso de expediente, en el que alegarían que la indemnización percibida por el Ejército cuando éste abandonó el hospital, en 1970, no alcanzaba para reanudar sus funciones. Alegarían también que, hasta hace un año, a la muerte del otro único superviviente de las personas que componían la junta, señor Martín Arregui, ellas no conocían la economía de la fundación. Ahora se sabe ya que los bienes, en forma de acciones y valores bursátiles, suponen unos cien millones de pesetas, y que estas razones les impidieron dedicar el hospital a los fines para los que fue creado.