El PSOE defenderá un tratamiento mucho más riguroso de las plusvalías

Pregunta. ¿Existe consenso en la ponencia y, por tanto, entre las fuerzas políticas sobre el proyecto de ley dictaminado para el impuesto sobre la renta?Respuesta. Evidentemente, existe consenso en lo que se refiere a la necesidad de la reforma y a determinados aspectos concretos de la misma.

La necesidad de la reforma fiscal es algo consustancial, a mi juicio, con los intentos que estamos haciendo por consolidar un sistema democrático en nuestro país, desde el momento en que el sistema fiscal es profundamente injusto -excesiva presión fiscal sobre las rentas salariales, tanto por los impuestos directos como por los indirectos y fraude fiscal, como puntos más salientes del iceberg de la injusticia-. La democracia, o sirve para eliminar las injusticias -y la económica- fiscal es de las más sangrantes-, o termina siendo algo inoperante que, por consecuencia, llega a ser rechazado por la comunidad.

Ha existido un suficiente grado de consenso en relación con la propia estructura del impuesto sobre la renta de las personas físicas. También existe consenso sobre la tarifa del impuesto, elemento importante, aunque ni mucho menos decisivo para la configuración del mismo, ya que la tarifa se aplica sobre unas bases y a la cuota se le aplican unas deducciones. Estas bases y deducciones son tan importantes como la propia tarifa.

Fuera de este consenso general en la ponencia, la posición política de cada uno de los grupos parlamentarios de que hablaba antes ha hecho que el consenso se rompa en bastantes puntos concretos, en los cuales los socialistas consideramos que prácticamente no se ha progresado nada con relación a la legislación anterior.

P. ¿Cuáles son los grados de discrepancia de su grupo en temas como tratamiento de plusvalías, familia y algunos otros?

R. Existen discrepancias muy acusadas, como le decía, en determinados puntos, uno de los cuales es, precisamente, el tema del tratamiento de las plusvalías.

Las plusvalías, que, prácticamente, no están sujetas en la legislación actual, se someten a tributación en el informe de la ponencia de una manera casi nominal. Por la correlación de fuerzas existentes, mucho me temo que a pesar de que aún nos quedan dos batallas que librar -comisión y ponencia-, más las correspondientes del Senado, los votos de Unión de Centro Democrático que, cuando se trata de temas económicos, cuenta siempre con el apoyo de Alianza Popular y, en este caso, de la Minoría Catalana, no nos permitan grandes avances sobre lo conseguido en la ponencia.

A mi juicio, es totalmente denunciable el hecho de que prácticamente se decreta una amnistía por las plusvalías obtenidas hasta la declaración por el impuesto sobre el patrimonio que se practicará en el año 1979, así como que se autorice al Gobierno a declarar su exención total o parcial y también a introducir índices de corrección monetaria para la determinación de la plusvalía obtenida, supuestos todos estos que desnaturalizan de una manera absoluta el gravamen de esta fuente de renta exclusivamente especulativa.

Con relación a la familia, las discrepancias de mi grupo lo son con sectores muy concretos de Unión de Centro Democrático y con Alianza Popular, pero, en este sentido, espero que las variaciones que se practiquen en el texto de la ponencia sean mínimas. Considero satisfactorias sus líneas generales. Se ha dado un paso muy importante en relación al reconocimiento de los derechos económicos de la mujer casada, desde el momento en que en el informe de la ponencia se establece que cada uno de los cónyuges declare y firme bienes o ingresos que le sean propios y declaren y firmen en común los que les sean comunes, lo que equipara absolutamente a ambos cónyuges en el campo fiscal, vieja reivindicación femenina absolutamente justificada.

Los grupos y sectores que han afirmado que la familia está desprotegida por esta ley y que, incluso, se potencian las uniones de hecho y no se da un tratamiento adecuado de la filiación, creo, sinceramente, que no han entendido el proyecto de ley o están buscando razones donde no las hay a fin de mantener posiciones políticas que nada tienen que ver con la reforma fiscal. La nueva ley supone un gravamen superior absolutamente inapreciable para la familia en la cual sólo trabaja uno de sus componentes, y, sin embargo, desgrava profundamente los supuestos en los cuales trabajen dos o más de sus miembros, hasta el extremo de que, salvo supuestos de rentas altísimas, propias de un sector de la población tremendamente reducido, la situación de la familia en la cual los ingresos provienen de dos o más de sus elementos componentes es mucho más beneficiosa que para el caso de que esa misma familia no existiese, sino que se tratase de uniones de hecho.

Con relación a la familia, la ley también es progresiva en lo que se refiere a reconocer la paternidad o maternidad en cualquiera de sus formas, considerando unidad familiar la formada, por ejemplo, por las madres solteras y sus descendientes, a efectos de aplicar a las mismas las reducciones por hijos.

Otro tema discrepante, de los seis o siete en los que mi grupo piensa hacer hincapié, es el de la renta mínima exenta. En este caso quiero hacer notar que mi grupo no propone un mínimo exento para todos, tal como existe en la actualidad, pues este mínimo exento para todos es perfectamente injusto, desde el momento en que beneficia por igual a quien se encuentra dentro del mismo que a quien obtiene rentas altas o muy altas, Pero a mi grupo le parece de justicia que la persona que obtiene unos ingresos mínimos vitales quede liberada de cualquier obligación frente a la Hacienda pública, mientras el sector público no sea capaz de ofrecerle una vivienda muy barata y una sanidad y una enseñanza eficaces y gratuitas.

P. Si su partido estuviese en el Gobierno, ¿qué proyecto hubiera remitido a las Cortes? Defina sus características fundamentales y e distintivas respecto del proyecto de Unión de Centro Democrático.

R. Creo que, en parte, esta pregunta está contestada en la anterior. Manteniéndose dentro de la estructura del impuesto del proyecto que se nos ha enviado, mi partido hubiese dado contenido suficiente a todas aquellas partes del mismo que, a mi juicio, se encuentran vacías dentro del proyecto que hemos recibido: gravamen de plusvalías, considerando las mismas como una fuente de renta más, pero desgravando las reinversiones en bienes útiles para la generalidad de los ciudadanos, gravando, además, las mismas en el momento en que se producen y no al cabo de los años, como sucede en determina dos aspectos del proyecto del Gobierno, aspectos que han salido adelante con el apoyo de Unión de Centro Democrático, Alianza Popular y la Minoría Catalana. Hubiésemos elimina do los tratamientos fiscales de favor, como sucede con determinadas desgravaciones, que sólo están al alcance de poquísimos -cincuenta o cien familias, como mucho - y hubiese establecido en la propia ley determinadas garantías precisas para su cumplimiento, como es el caso de las sanciones por incumplimiento en la declaración de las verdaderas bases por negocios fundamental mente especulativos. Desde luego, hubiésemos declarado no sujetas todas aquellas rentas iguales o inferiores al actual salario mínimo, proponiendo la modificación del mínimo no sujeto en cada ley presupuestaria. Son estos, a mi juicio, los temas de máxima discrepancia y, por consiguiente, aquellos en los que considero que mi partido habría hecho las cosas de otra manera, si bien no son los únicos.

P. ¿Qué juicio le merecen los resultados de la ley de Medidas Urgentes en cuanto a la regularización fiscal?

R. La ley de Medidas Urgentes, aunque se refería a la regularización voluntaria de la situación fiscal; en uno de sus epígrafes ir contemplaba la potenciación de dicha regularización por otros supuestos, como era el establecimiento del impuesto sobre el patrimonio, como medio de control de las fuentes de renta, el establecimiento del delito fiscal y el levantamiento del secreto bancario. En este sentido, cuando debatíamos la ley de Medidas Urgentes nos enfrentamos con una gran opción política: puesto que en esos momentos el fraude fiscal estaba muy generalizado y su comprobación habría resultado prácticamente imposible para la Administración pública, por la carencia de medios materiales y humanos, optamos por una regularización muy clara y muy concreta para todos aquellos ciudadanos que dijesen la verdad de sus ingresos para el año 1976 en el caso de personas físicas, o que declaren la verdad de su situación patrimonial en 1977, para el caso de personas jurídicas.

Partiendo de estos presupuestos, y a reserva de conocer con más detalle todos los datos, lo que no será posible antes de que la inspección haya empezado a actuar, los resultados obtenidos son francamente optimistas. Han regularizado más personas físicas de las que declararon en 1976, y lo recaudado por la regularización es casi igual a lo que se obtuvo por declaración directa en aquel año, cifra que considero que habría sido imposible que fuese alcanzada por la actuación inspectora, habida cuenta de la insuficiencia de la información que la misma tiene con relación al citado período. Van a regularizar sus balances del orden de 100.000 sociedades, muchas más de las que se han acogido a cada una de las dos regularizaciones anteriores. Todo ello prueba la bondad de las medidas adoptadas, pues, en definitiva, considero que el contribuyente español, tanto individual como social, se ha dado cuenta que esta vez va en serio y desea ponerse en regla con la Hacienda pública. La información que se va a obtener de las declaraciones verdaderas por el impuesto sobre sociedades va a permitir, a partir de ahora un exacto seguimiento de las rentas sociales, aparte de que ya ha producido notabilísimos aumentos de ingresos en el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, en el impuesto sobre el lujo y en el impuesto general sobre el tráfico de empresas.

P. ¿Cree que la Administración tributaria está en condiciones de garantizar la ejecución de esta reforma?

R. La Administración tributaria se está potenciando apresuradamente, pero, partiendo de la base de que estaba en mantillas en lo que se refiere a efectivos humanos y materiales -de información previa, fundamentalmente-, aunque el crecimiento porcentual sea importante, todavía tiene que seguir potenciándose muchísimo más.

Esto, a mi juicio, debe comprender una serie de fases que van desde una mayor dotación humana de los cuerpos de inspección hasta una mejor ordenación del control y de la información relativos a las fuentes de renta, pasando por una mejor retribución de los cuerpos de la inspección y, sobre todo, una cuantificación de esta retribución más ajustada a la meta que se trata de conseguir, cual es la de terminar con la defraudación a la Hacienda pública.

También es necesario terminar con el hecho de que la administración financiera está sirviendo para la formación de cuadros de las empresas privadas, desde el momento en que son bastantes los inspectores en régimen de excedencia que han pasado al sector privado, porque ganan mucho más, y son muchos los inspectores que tienen ofertas en este sentido. Este es un grave problema que hay que resolver, porque no se puede consentir que cuando un inspector de Hacienda ha conseguido su mejor nivel de rendimiento por medio de la aplicación práctica de sus conocimientos teóricos, está en situación casi constante de dejar la inspección para pasar a aplicar esos conocimientos en beneficio de la empresa privada.

De todas formas, he de hacer constar que la ejecución de la reforma es una cuestión social, pues es imposible dotar a la inspección de manera adecuada para perseguir el fraude fiscal institucionalizado que ha venido existiendo hasta ahora, lo mismo que es imposible meter en la cárcel a los quizá 500.000 defraudadores que cometen el delito fiscal tipificado por la ley de Medidas Urgentes para la Reforma Fiscal. El tema está en que la gran mayoría del pueblo español comprenda que ahora va en serio y que la reforma fiscal es necesaria para la consolidación de la democracia, que la asuma con todas sus consecuencias -movido, naturalmente, en muchos casos, por el temor a que sea a él a quien le toque ir a la cárcel- y, en consecuencia, reduzca el fraude fiscal a los estrictos términos del defraudador nato, antisocial y egoista, que no es muy abundante, y contra el cual sí que va a poder la administración tributaria a lo largo de este año y, sobre todo, el año que viene.