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Preautonomías

Tarradellas paraliza el traspaso de competencias a la Generalidad

Fuentes del Ministerio para las Regiones informaron a EL PAIS de la existencia de tres proyectos de decreto de transferencia de servicios a la Generalidad, acompañados de las correspondientes valoraciones económicas de los servicios a traspasar. Versan sobre urbanismo, hacienda local y organización financiera y económica. Este último contempla esencialmente temas agrícolas e industriales.

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Las fuentes expresaron su «total desconcierto por el hecho de que la parte catalana ni tan siquiera haya mostrado interés en conocer estos proyectos de decreto, cuya aprobación previa es necesaria, por parte de los representantes catalanes en la comisión mixta, antes de ser remitidos al Consejo de Ministros».Fuentes catalanas confirmaron la veracidad de esta increíble situación. Las fuentes, extremadamente responsables, afirmaron que era una prueba más «del deseo de Tarradellas de retrasar las transferencias de servicios a la Generalidad».

Actualmente no está convocada ninguna reunión plenaria ni de comisión, que se sepa, de la comisión mixta para la transferencia de servicios del Estado a la Generalidad. El grupo jurídico creado el 17 de abril ni tan siquiera ha llegado a reunirse una sola vez. Fuentes catalanas confirmaron claramente que el retraso sería debido esencialmente a la parte catalana.

Fuentes solventes explicaron que el interés de Tarradellas sería que el Gobierno de la Generalidad -donde figuran socialistas y comunistas- no adquiriera competencias. Ello sería debido a la total desconfianza de Tarradellas ante los partidos de izquierda.

La estrategia de Tarradellas se basaría, siempre según fuentes muy contrastadas, en controlar las competencias estatales en Cataluña, a través de los actuales gobernadores civiles. Por ello, Tarradellas está extremadamente interesado en el desarrollo rápido de su acuerdo oficial con Adolfo Suárez, el cual preveía la institucionalización de reuniones periódicas de Tarradellas con los cuatro gobernadores civiles de Cataluña.

Tarradellas también estaría interesado en la tutela administrativa de los municipios, en los aspectos que ahora son competencia de los gobernadores civiles. Es obvia la posibilidad de utilización con fines electorales de esta competencia tutelar. En cambio, un decreto sobre haciendas locales beneficiaría al Gabinete catalán en su conjunto, y no únicamente al presidente de la Generalidad.

Se da la circunstancia de que los tres proyectos de decreto antes mencionado son desconocidos, incluso por el profesor Sureda, vicepresidente catalán de la comisión mixta. Fuentes responsables indicaron que, no obstante, si estos proyectos fueran solicitados por los ponentes catalanes, se les facilitarían.

Especial interés ofrece el aspecto valorativo de los servicios a traspasar. Su estudio requeriría un cierto tiempo, que, ante el poco interés de la parte catalana, aún no ha empezado a transcurrir.

Nueva estrategia para las diputaciones

Por otra parte, el pleno de la Diputación de Barcelona, presidido por Josep Tarradellas, tomó el sorprendente acuerdo de incorporar a dicha institución la Escuelade Ingeniería Técnica de la Diputación. El acuerdo, que gozaba del visto bueno personal del propio Tarradellas, tiene efecto cuando en teoría las cuatro diputaciones catalanas se encuentran en proceso de desaparición, para ser integradas en la Generalidad de Cataluña.Esta decisión fue interpretada por fuentes de izquierda del propio Gobierno de la Generalidad como una prueba del deseo de Tarradellas de conservar durante largo tiempo la estructura franquista de las actuales diputaciones, con fines electorales y contra la izquierda, mayoritaria en Cataluña el pasado 15 de junio.

Curiosamente, en las primeras declaraciones efectuadas a su regreso a Cataluña, después de ser nombrado presidente de la Generalidad y de la Diputación de Barcelona, Tarradellas se había mostrado partidario de la rápida desaparición de las diputaciones catalanas, en beneficio de la Generalidad. No existen ya dudas respecto a que su actual política es de signo contrario.

En el mismo pleno, Tarradellas informó del nombramiento del diputado provincial Antonio Monés como vicepresidente de la Diputación de Barcelona. Este nombramiento fue, de inmediato, duramente criticado por dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Cataluña (STAC), organización sindical que cuenta con más de 10.000 afiliados y que, sin duda, es la más importante dentro de la Diputación barcelonesa. Estas fuentes afirmaron que Monés es «un representante típico del bunker franquista dentro de la Diputación». Añadieron que Monés será reafirmado como interlocutor de la presidencia de la Diputación con el funcionariado, cargo en el que, según las fuentes, «ha mostrado una clara incapacidad, cuando no una marcada dureza».

Pifarre, colaborador

En este orden de cosas, también resulta sorprendente que el catedrático Mario Pifarré esté desarrollando funciones oficiosas en el seno de la Generalidad de Cataluña, en calidad de depositario de fondos de la Diputación de Barcelona, según informaron a EL PAIS fuentes de la dirección del Partit Socialista de Cataluña (Congrés). Ello fue calificado de increíble por un vicerrector de la universidad a la que pertenece Pifarré.El mencionado catedrático fue en los años sesenta decano de la facultad de Económicas. La lucha contra Pifarré ha ocupado un lugar de primer orden dentro de la historia del movimiento universitario democrático.

Otro gran tema relacionado con la gestión de Pifarré fue la total exclusión de aquella facultad del profesor Manuel Sacristán, entonces destacado dirigente comunista en la clandestinidad.

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