Oposición generalizada a las obras de ampliación del puerto de Huelva

Asociaciones de vecinos, representantes de colegios profesionales y partidos políticos de izquierda han presentado ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, dentro del trámite de información pública, un escrito de alegaciones solicitando que se deniegue la aprobación del plan parcial del Nuevo Puerto (ampliación), tendente a potenciar las actividades industriales del polo de desarrollo de Huelva.Las alegaciones se centran en el método autoritario con el que se ha procedido a la elaboración del plan, en las irregularidades de tipo urbanístico, la influencia negativa de las industrias a instalarse sobre terrenos agrícolas próximos y los posibles efectos de degradación del medio ambiente y la agravación de la problemática económica planteada por el tipo de desarrollo que se viene imponiendo a la provincia.

Acerca del procedimiento, los impugnantes consideran que el plan se ha elaborado de forma centralista y sin responder, por tanto, a las necesidades y deseos de las áreas afectadas, que sólo podrán intervenir en esta fase de información pública «cuando los datos de partida, los objetivos y la planificación ha sido efectuada y, como en el caso que nos ocupa, incluso realizadas las expropiaciones de la zona sobre la que se actúa». La planificación, por otra parte, se hace con sometimiento a los intereses empresariales y legalización de las situaciones preestablecidas, puesto que antes de la aparición pública del plan ya salía en el Boletín Oficial de la provincia la solicitud de licencia de obras hecha por Unión de Explosivos Riotinto, SA, para ubicar una gran planta industrial en los terrenos afectados por el plan.

En el plano urbanístico, la resolución que hace público el plan parcial indica, textualmente, que éste se realiza en cumplimiento de la ley del Suelo de 1956, que ya ha sido derogada y sustituida por un nuevo texto, en 1976. Ello supone una ignorancia imperdonable del Instituto Nacional de Urbanización acerca de la principal de las leyes vigentes sobre la materia, leyes, por otro lado, reiteradamente vulneradas por ir en contra de los planes generales de Moguer y Palos de la Frontera y desarrollarse sobre terrenos previamente expropiados. No es extraño, pues, qué el plan no vaya firmado por sus redactores ni visado por los correspondientes colegios profesionales.

Otros aspectos que el plan impugnado prácticamente ignora o trata de modo superficial son los efectos nocivos que la implantación de la gran industria en la zona podría ocasionar a la explotación agrícola sur-hortícola, cercana a la Laguna de las Madres, o el enorme consumo de agua que precisaría su puesta en marcha (138.000 millones de metros cúbicos al año), con la consiguiente y cuantiosa inversión pública.