En defensa de la voluntad obrera

Los comités de empresa y miembros de secciones sindicales encerrados durante los dos últimos días, en sus respectivos centros de trabajo, como muestra de apoyo al texto elaborado por la ponencia sobre la base del proyecto de ley de Acción Sindical, remitido a las Cortes por el Gobierno, simbolizan la decidida voluntad obrera a contar con unos derechos representativos dentro de la empresa, tanto a nivel de integrantes de sus plantillas como prolongación en las mismas de las centrales sindicales a las que están afiliados.En idéntico uso de los medios a su alcance para defender lo que consideran legítimo, a como en su día hicieran las patronales -éstas incluso llevaron su alarmismo hasta nuestra principal fuente inversora, en un arrebato de pasión que pudo ofrecer a los financieros americanos una imagen distorsionada del proceso democratizador en el que también cuentan los intereses obreros-, los sindicatos convecaron a su clientela a la manifestación unitaria y masiva de lo que para los trabajadores constituye un deber irrenunciable: el derecho a su representación en la empresa.

La regulación de este derecho ha originado, precisamente, la polémica, primero, y el enfrentamiento, posteriormente, entre empresarios y trabajadores. La labor de arbitraje que habría correspondido a la Administración no ha sido tal, y así se pone de manifiesto en los debates de una ley que, nacida del mimetismo a que nuestra, incipiente democracia no resigna subordinarse, acumula carencias forzadas por el partido del Gobierno -con el apoyo de los más nostálgicos residuos del anterior régimen agrupados en Alianza Popular y ante la inhibición de las minorías parlamentarias- y fomenta frustraciones que tienen su origen en el olvido por parte de la oposición de la exacta configuración socioeconómica del país.

En este punto, tachar de antidemocrática una respuesta obrera a la ofensiva patronal, ronda la demagogia y se aleja del realismo necesario para afrontar decididamente la configuración de las nuevas relaciones laborales que el momento presente demanda.

El nuevo aplazamiento de los debates acordado ayer por la Comisión de Trabajo del Congreso, que estudia el proyecto de ley, permite un último esfuerzo de reflexión que evite lo que en la anterior situación fue norma habitual: una legalidad divorciada de la realidad que originó la búsqueda de soluciones a los problemas laborales fuera del marco que les era propio.

Cualquier cosa menos la descalificación interesada de los métodos de lucha que la cerrazón de determinadas posturas patronales imponen a la clase obrera.