Encierro generalizado de comités, de empresa en apoyo de la ley de Accón Sindical

Mientras 306.000 representantes sindicales de los trabajadores, pertenecientes a 15.000 empresas de toda España, permanecían ayer encerrados en sus fábricas o en los locales de la AISS para apoyar el texto de la ponencia de la ley de Acción Sindical, que se está discutiendo en las Cortes, Santiago Carrillo, secretario general del PCE, declaraba que había habido contactos con UCD y con el Gobierno y que se había llegado a un acuerdo para volver a examinar el contenido del articulado y llegar al consenso.

Frente al éxito de la jornada manifestado por las centrales sindicales convocantes, CCOO y UGT que se refleja en las cifras de respuesta que abren esta información, fuentes, oficiales aseguraban a EL PAIS que los encierros habían sido mínimos y que el llamamiento había gozado de escaso eco. Así, en Madrid, mientras UGT afirmaba que los comités del 10 % de las empresas se habían encerrado, las fuentes oficiales reducían esta acción a veinte empresas y a todos los bancos entre las tres y las siete de la tarde.La jornada, y en esto coinciden las fuentes, trascurrió sin incidencias de gravedad. La policía, a requerimiento de las empresas, desalojó numerosos centros de trabajo, entre ellos todas las oficinas bancarias y varios ministerios, lo que se hizo con normalidad y sin enfrentamientos. Algunos empresarios optaron por recurrir al juzgado de guardia, con el suplicatorio de desalojo en vez de acudir directamente al Gobierno Civil, por lo que la tramitación impidió el desalojo inmediato de los encerrados en sus empresas.

La sede de la AISS del barrio de San Blas, donde se encontraban unos trescientos delegados de cincuenta pequeñas empresas de la zona, fue desalojada a última hora de ayer por los delegados gubernativos.

La protesta, que hoy continuará en su segundo y último día, contó con el apoyo de USO, SU y CSUT, y afectó de forma generalizada, pero difícilmente computable, a las grandes empresas industriales a la Administración pública y a los sectores de servicios públicos y de sanidad y Seguridad Social. Junto a los encierros de comités de empresa, que en ningún momento interrumpieron los procesos productivos, tuvieron lugar asambleas informativas sobre los motivos de la protesta y firma de cartas y telegramas por los trabajadores, que se enviaron al Gobierno y a los parlamentarios.

Acompañando en algún sentido a toda esta polémica, Santiago Carrillo, secretario general del PCE, manifestaba a última hora de ayer ante varios cientos de cuadros comunistas de Madrid (véase página 14) que «se está luchando para llegar a un consenso sobre acción sindical en la empresa». En respuesta a una pregunta sobre los encierros, el señor Carrillo informó que los parlamentarios comunistas habían tenido contactos con UCD y con miembros del Gobierno, y estos últimos estaban de acuerdo en que se debía modificar y mejorar el proyecto de ley de Acción Sindical en la Empresa que está siendo dictaminado por la Comisión de Trabajo del Congreso.