UCD y AP formaron bloque contra los intentos abolicionistas de la izquierda

Todas las enmiendas y votos particulares encaminados a que el artículo catorce incluyera la abolición de la pena de muerte fueron defendidas de forma coordinada. Los diputados de izquierda y autonomistas, favorables a esta inclusión, pusieron el acento en la racionalidad de la abolición y en la inutilidad de los argumentos que defienden la pena de muerte. Por el contrario, desde UCD y AP se manifestó la no conveniencia de constitucionalizar la abolición de la pena de muerte.Los socialistas pidieron votación nominal, y así se realizó, con el resultado de dieciocho votos (diecisiete de UCD y uno de AP, por ausencia del señor Fraga), contra diecisiete de los restantes grupos. El texto del artículo, en cambio, fue aprobado por unanimidad. En la explicación de voto, la mayoría de los grupos anunciaron su propósito de defender en el Pleno sus posiciones abolicionistas.

Gregorio Peces-Barba (PSOE). El derecho comparado y la propia irracionalidad de la pena de muerte, cuya ejecución puede dar lugar a un error irreparable, hace inválidos los argumentos en favor de la pena de muerte. Asimismo, el castigo no debe reflejar el espíritu de los elementos que combate.

Manuel Fraga (AP). No se trata de. hacer un alegato sobre la pena de muerte, sino de discutir sobre su constitucionalización. Se trata de un tema muy grave y muy serio, como también lo es el de poner a la sociedad en situaciones de indefensión.

Eduardo Martín Toval (Socialistas de Cataluña). Se ha afirmado que la pena de muerte provoca más muertes. Además, tras una ejecución, el prestigio de un Estado desciende, excepto para personas esquizofrénicas, a las que las ejecuciones resultan tranquilizantes.

Josep Solé Barcerá (Comunista). Soy el único miembro de la comisión indultado de pena de muerte. Mi defensa de la abolición no establece condiciones para los de un color ni los de otro. Los comunistas estamos contra la pena de muerte, sin discriminaciones. El argumento racional más importante es que no existe ningún argumento racional en favor de ella, ni su eficacia intimidante, ni su ejemplaridad, ni la defensa de la sociedad.

Pedimos además la abolición total, incluido el Código de Justicia Militar, que prevé,la aplicación de la pena de muerte en más de cincuenta artículos, en doce de los cuales la establece como pena única. El terrorismo actual tiene raíces y causas que nada tienen que ver con la existencia o no de la pena de muerte. La lucha contra este tipo de actos no puede consistir exclusivamente en un endurecimiento de las medidas represivas, sino en acciones de tipo social y político que tiendan a aislar a este tipo de delincuentes, al tiempo que afirman la confianza en las instituciones democráticas.Asimismo, la abolición ha de hacerse en la Constitución. En un país como el nuestro, que sale de cuarenta años de dictadura, la Constitución no sólo tiene la finalidad de fijar los principios básicos de la organización política del Estado y la tutela de los derechos democráticos, sino que ha de cumplir un inestimable papel de educación cívica y política de los ciudadanos.

Marcos Vizcaya (PNV). Me pregunto cómo pueden impedirse en el texto constitucional las penas degradantes y no la pena capital, cuyo mantenimiento por inercia en algunos países está en contra de la opinión internacional y del propio Congreso Español de la Abogacía, celebrado en León.

Miguel Roca (Minoría Catalana). En todos los países donde se aplica la pena de muerte se produce un desgaste del titular del derecho de gracia, que en esta Constitución se atribuyéa Su Majestad el Rey.

Antonio Vázquez Guillén (UCD). Es difícil para un abolicionista como yo no defender la constitucionalización de la abolición de la pena de muerte, tanto a título personal y como repfesentante de UCD. En 1975 defendí a José Humberto Baena, ejecutado el 27 de septiembre.

Pero prescindiendo de recuerdos personales, el hecho es que el Consejo de Ministros ha proyectado abolir la pena de muerte en el Código Penal común, y en el futuro también en el Código de Justicia Militar. Nos encontramos, pues, en una situación coyuntural, cuando en los países abolicionistas se está en trance de revisión. La realidad española de 1978, en la que se producen complejas situaciones de orden público, no puede olvidar, desde una perspectiva de apoyo al Gobierno, en su objetivo de controlar el orden público, que sería conflictivo y complejo renunciar a unos resortes que, por otra parte, es muy difícil que se vayan a aplicar defacto.

Felipe González (PSOE). Mi conciencia se revuelve ante un abolicionismo relativo que alude al carácter coyuntural de la medida. Ante este reto histórico se va a establecer una línea divisoria muy clara. Ser abolicionista es no estar de acuerdo con la pena de muerte, sin matices coyunturales. Nosotros pedimos que la Constitución recoja esa posición, que es más de conciencia que de partido.

Francisco Letamendía (Euskadiko Ezkerra). Me adhiero'a la abolición, que constituiría una prueba irrefutable de que el bien del Estado no prevalece sobre el bien más sagrado de los ciudadanos: el de la vida.

Miguel Herrero (UCD). UCD ha votado no al voto particular tendente a introducir en la Constitución la abolición de la pena de muerte en conciencia de lo que se está votando, no de lo que se nos quiere decir que estamos votando. UCD es abolicionista con los hechos, como lo demuestra el proyecto de ley del Gobierno. Lo que se discute es si debe tener o no rango constitucional la abolición.

José Angel Cuerda (PNV). Es innecesario explicar por qué el PNV está en contra de la pena de muerte. Cuando Euskadi sufre un ataque de violencia y terrorismo, nosotros estamos en contra de la pena de muerte.

Jordi Solé Turá (comunista). Hemos perdido una gran ocasión para afirmar solemnemente algo que haga tabla rasa con la legislación anterior.