La política industrial reducirá la intervención y potenciará el mercado

La conjunción de dos actuaciones graduales y simultáneas, dirigidas respectivamente a contener la demanda efectiva con objeto de disminuir las tensiones inflacionistas y reasignar el gasto, a través de una política cambiaría realista que impulse la actividad de los sectores exportadores, conforma el marco de política industrial en cuya elaboración trabaja actualmente el Ministerio de Industria y Energía, según ha podido saber EL PAIS en medios competentes.

El punto de arranque de la definición del marco de política industrial será la utilización al máximo de las oportunidades que la transparencia democrática y la situación de libre mercado comportan. El documento en estudio arranca de un diagnóstico de la situación de crisis industrial que padece la economía española, plantea los objetivos a conseguir y la estrategia para alcanzarlos, dentro del contexto general de la economía y los planes que respecto a ella ha elaborado el Gobierno. Uno de estos objetivos es, además de la contención del gasto y su reasignación, la transferencia al exterior de hasta un 5% del producto nacional bruto. A nivel específico, los objetivos de la política industrial que el Ministerio se propone desarrollar son: fomento del empleo industrial; reestructuración de sectores; fomento de la libre competencia y potenciación de la competitividad de las empresas, a nivel interior y exterior; desarrollo prioritario de los sectores punta y la tecnología nacional, y aprovechamiento óptimo de la potencialidad regional.Para fomentar el empleo industrial, el criterio del Ministerio parece centrarse en fundamentar la política laboral en el comportamiento del mercado, cediendo la Administración sus actuales atribuciones en la materia a trabajadores y empresarios. Esta nueva formulación de la política de empleo deberá tender a desacelerar el crecimiento de los costes del factor trabajo en los procesos productivos, incrementar la productividad y aumentar las oportunidades de acceso al empleo, disminuyendo los actuales desequilibrios.

En lo que respecta a la reestructuración de sectores, el documento contempla la adopción de medidas concretas para cada uno de los casos, en base a dos principios esenciales: alcanzar un crecimiento de la competitividad exportadora mediante un incremento de la productividad, mejora en los canales de comercialización y aumento de la cuota en los mercados exteriores, sin menoscabo de la rentabilidad de los recursos propios de las empresas, y promover la especialización sectorial, potenciando la fabricación de productos con un alto nivel de acabado y mayor valor añadido.

Para fomentar la competencia libre y el incremento de la competitividad, el documento propone una serie de reducciones progresivas de la intervención estatal en materia de precios y un cambio de perspectiva en la promoción de industrias, con preponderancia de aquellas que supongan una más óptima relación entre la utilización de capital y la generación de empleo, al revés de lo que ha presidido el desarrollo industrial de las dos últimas décadas, propiciando, de paso, una adecuación de las estructuras industriales españolas a la futura integración en la Comunidad Económica Europea (CEE).

Otro de los objetivos señalados, el fomento del desarrollo de sectores punta y potenciación de la tecnología nacional, presenta una especial atención a revisar el actual nivel de pagos a empresas matrices por parte de las filiales españolas por aportación de tecnología, que suponen el 40% del total de pagos españoles por este concepto. Para el fomento de la tecnología autóctona, el estudio prevé una mayor utilización de los mecanismos actuales del sector público -especialmente el INI- y la creación de uno nuevo, específicamente dedicado a financiar la innovación industrial.

La utilización progresiva de las sociedades de desarrollo industrial, como mecanismos de fomento del empleo en zonas urbanas y en aquellas en las que existe una mayor implantación de los sectores básicos actualmente en crisis -siderurgia, astilleros...-, son los dos propósitos esenciales definidos en lo que respecta a la política en materia regional.

Un último apartado del documento en elaboración plantea los casos en los que puede hacerse necesaria una intervención del Estado como consecuencia de fallos producidos en el funcionamiento del mercado. Específicamente, se contemplan cuatro supuestos: monopolio natural, comportamientos individuales que perjudiquen el conjunto de la economía, actividades de defensa o independencia estratégica a largo plazo, y cuando la financiación necesaria para una determinada actividad de interés nacional rebase las posibilidades del sector privado. En todos los casos se señala el recurso a la nacionalización como la posibilidad límite, más en tunción de criterios ideológicos que de eficacia.