Desesperanza en el País Vasco

LA NUEVA cadena de atentados y de asesinatos de las Fuerzas del Orden Público desatada por ETA-militar, crea un clima de desesperanza respecto a las posibilidades de pacificación a corto plazo en el País Vasco. De otro lado, las llamadas comisiones gestoras, en favor de la amnistía, no hacen sino dar argumentos, con su convocatoria de una semana de lucha que ha dado lugar a violentos incidentes, a quienes sostuvieron en el pasado que la campaña previa a la amnistía de octubre de 1977, tuvo objetivo de signo bien distinto a los que figuraban en sus banderas.Los pasos dados hasta ahora para el cumplimiento de las reivindicaciones del pueblo vasco, si bien no satisfacen buena parte de las exigencias de un sector minoritario de Euskadi, son prueba indudable de la voluntad negociadora del Gobierno, de la capacidad soberana de las Cortes para legislar en temas tan cruciales como la amnistía y las autonomías, y de la aceptación por parte de las instituciones y de los poderes de hecho de cualesquiera fórmulas que no pongan en peligro la desintegración del Estado y de la nación española. Sólo la mala fe, el sectarismo o la estupidez pueden negar que la España de mayo de 1978 es cualitativamente distinta a la España de septiembre de 1975, especialmente en lo que se refiere a la cuestión vasca. La legalización de la ¡kurríña, la amnistía, la consolidación del partido fundado por Sabino Arana como una de las grandes fuerzas políticas de Euskadi, la creación del Consejo General del País Vasco, la presión realizada por el Gobierno sobre su partido en Navarra para hacer viable una fórmula de integración del antiguo reino en Euskadi, la legalización de un partido independentista (EIA) en cuya dirección figuran algunos de los sentenciados a muerte en el histórico proceso de Burgos, de 1970, y las perspectivas abiertas para la incorporación a las Fuerzas de Orden Público de cuerpos como los antiguos mikeletes, constituyen una prenda más que suficiente para que las bandas terroristas depongan las armas y la goma-dos sin temor a caer en una trampa política.

La desesperanza surge, precisamente, de que no mucho más se puede hacer ya, desde el Gobierno y desde el Parlamento. Cabe, todavía, llevar hasta sus últimas consecuencias lógicas los principios democráticos y legalizar -como sería adecuado hacerlo- a otros partidos independentistas como HASI y LAIA. Cabe acelerar la convocatoria de las elecciones municipales para que los grupos nacionalistas asociados en Herri Batua (ANV, ESB, HASI y LAIA) ocupen su espacio político en el País Vasco y se pueda calibrar, de paso, su audiencia e influencia. Cabe imprimir más rapidez y dar mayor volumen a la transferencia de competencias al Consejo General Vasco, en espera de que las Cortes aprueben un Estatuto definitivo de Autonomía. Pero las fronteras de lo posible no dan más de sí.

La amnistía para los asesinos que perpetraron sus crímenes contra las Fuerzas de Orden Público, o contra los trabajadores de Lemóniz, desde octubre hasta la fecha, sería un insulto para las víctimas y una invitación a la realización de nuevos crímenes. No existe justificación política, moral ni histórica que avale el perdón de los culpables. Y la democracia, si quiere sobrevivir debe pertrecharse contra el terrorismo. La aceptación de las exigencias políticas de los grupúsculos independentistas que demostraron en las elecciones de junio su escasa implantación popular, a la que pretenden sustituir con la dialéctica de los puños y las pistolas, sería un escarnio para los cientos de miles de votantes que dieron su confianza al PNV y al PSOE.

Y la desesperanza se fundamenta también en que la historia de ETA es una reiterada sucesión de abandonos de la lucha armada por sus dirigentes, que no fueron secundados en esa decisión, por los profesionales de la Parabellum, sometidos a su disciplina política. ESB nació de los organismos dirigentes de ETA-IV Asamblea; el Movimiento Comunista, de un sector de responsables de ETA-V Asamblea; la Liga Comunista Revolucionaria, de ideología trotskista, de los más destacados líderes de ETA-VI Asamblea; finalmente, EIA, de los «político-militares» de ETA-VII Asamblea. Todos esos antiguos combatientes de ETA hacen, hoy día, política en la legalidad, al igual que Roberto Lertxundi, secretario general del Partido Comunista de Euskadi. Pero sus correligionarios de los grupos especiales, los «desesperados» que no tienen más lealtades que su fidelidad al crimen, han continuado asesinando y sembrando el terror sin importarles ni discutir los análisis políticos que llevaron a sus antiguos dirigentes a abandonar las armas y a seguir luchando pacíficamente por sus objetivos. Y nada hay que racionalmente asegure que no seguirán haciéndolo, sea cual sea la política del Estado en el País Vasco y el marco de poder que logren en el futuro las instituciones de autogobiemo.