Lecciones de una huelga

DURANTE CASI tres semanas, cerca de 100.000 maestros españoles han estado en paro, en una huelga en principio laboral, que planteaba reivindicaciones justas, mezcladas también con otras de tipo ideológico y que ha dejado sin escuela a millones de niños, causando los consiguientes perjuicios en la vida familiar y social del país, aparte de los. derivados de la interrupción de la estricta función educativa. A juzgar por el número de cartas, telegramas y comunicaciones de todo tipo recibidas en nuestra redacción -y la repercusión habida en los medios políticos e informativos-, esta huelga ha alcanzado una evidente repercusión nacional, consiguiendo, por tanto, un objetivo al menos: llamar la atención de todos los españoles sobre la injusta situación laboral de nuestro profesorado y sobre la necesidad de reconocer la importancia fundamental de su abnegada y sacrificada labor. La huelga ha sido importante en el sector de la enseñanza estatal y mucho menor en el de la privada. Ello es algo lógico y responde a lo que se considera normal en los países democráticos, donde los paros laborales tienen siempre más repercusión en el sector público que en el privado. En este últimojuega siempre un factor de temor, al ser menor la seguridad en el empleo; factor considerablemente agravado en estos tiempos de crisis económica.

Las reivindicaciones estrictamente laborales de los maestros han sido reconocidas comojustas por todos. Las qué además comportaban elementos ideológicos o políticos han suscitado recelos en algunos sectores, pues despertaban el viejo fantasma de esa nueva guerra de religión en tomo a la enseñanza que se avecina en España. Pero esta guerra tiene un escenario propio, que es el Parlamento, donde se han librado ya las primeras escaramuzas. El artículo 26 del anteproyecto de Constitución ha provocado ya la ruptura del consenso constitucional entre las diversas fuerzas parlamentarias, en lo que se refiere a este punto concreto. Pero la lucha entre los defensores de la enseñanza pública y los de la confesional o privada es un problema nacional que debe ser dilucidado por los representantes del pueblo entero, esto,es, por los diputados y senadores. Los maestros, profesores y educadores pueden hacer ol su voz, claro está, como el resto de los ciudadanos en un país democrático, y hasta con el prestigio que les concede su condición de expertos y técnicos en la materia, pero no deben protagonizar una. batalla que debe ser dilucidada por el pueblo entero, es decir, por el Parlamento.

La huelga, pues, ha conseguido un objetivo fundamental, pero ha fracasado como tal en la obtención de sus metas concretas. El laudo dictado para la enseñanza privada no ha resuelto nada, y en la estatal los maestros han recibido como toda respuesta una serie de promesas para el curso que viene. Por tanto, aunque la huelga haya terminado, el conflicto sigue en pie. Las reivindicaciones laborales de los maestros -como unos sueldos dignos, el problema de la dedicación, la estabilidad en el empleo y una jubilación adecuada, aparte de una auténtica participación en la vida de los centros- han sido reconocidas como justas hasta por el propio ministro de Educación. Si la huelga ha fracasado tal vez se haya debido a su planteamiento. Una acción de este tipo es el arma final de toda negociación, y no debe ser planteada de manera radical de buenas a primeras, sin una labor previa de diálogo e información exhaustiva, sin haber logrado concienciar a la opinión pública y sin ensayar otro tipo de presiones parciales como son las huelgas limitadas repetidas, habituales en los países occidentales en este tipo de conflictos. La estrategia ha sido pobre, y los maestros han malgastado repentinamente y sin acciones de recambio su principal arma. A la inoperancia ministerial y gubernamental que ha jugado contra los maestros se ha unido una mala estrategia sindical, pues la huelga ha sido mal planteada y mal llevada. Y si una huelga fracasa ya no queda más que el malestar y la resignación.

La razón esgrimida para aplazar las soluciones ha sido sobre todo económica, oponiendo a sus reivindicaciones la rigidez de los presupuestos y los límites impuestos por los pactos de la Moncloa. Habría mucho que hablar sobre el tema, pues un presupuesto puede corregirse y el tratamiento del personal docente, dentro de las escalas del funcionariado, ha sido desfavorecido proporcionalmente: esto es, que los límites de los citados pactos no han sido aplicados equitativa y justamente para todos. Una injusticia más que se añade a la injusticia total que padece desde siempre el magisterio español.

El fracaso de la huelga no ha cerrado, pues, la batalla. El conflicto sigue, y es de esperar que se estudien en profundidad las debidas soluciones y que se apliquen urgentemente medidas correctoras en favor de los maestros, ahora mejor que nunca, pasados ya los tiempos de crispación, nerviosismo y presiones que toda huelga comporta. Pues en este tema, dos son los puntos fundamentales. El problema de la enseñanza en España tiene una prioridad: todos los niños españoles deben recibir educación gratuita y obligatoria hasta los catorce años por lo menos, en igualdad de condiciones. Todo niño que nace debe tener reservado ya su puesto escolar gratuito. Y para ello es fundamental que el cuerpo español del magisterio, que todos los profesores y educadores del país, reciban un tratamiento económico y social digno y proporcionado a la importancia nacional de su labor, y que termine de una vez la injusticia histórica que la colectividad y sus Gobiernos les vienen perpetrando desde tiempo inmemorial.