El Gobierno rechazó la acusación de negligencia en el caso Els Joglars

La interpelación planteada por el senador José Vicente Mateo, del grupo de Progresistas y Socialistas Independientes, sobre la filosofía gubernamental en materia de opinión y expresión, dio ocasión a que en la sesión de ayer del Pleno del Senado surgiese un amplio, y a veces tenso, debate entre algunos grupos parlamentarios de la Oposición, por una parte, y el Gobierno representado por el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, de otra, en torno a los orígenes y al desarrollo del proceso seguido al grupo artístico catalán Els Joglars.

La interpelación al Gobierno hacía expresa mención de diversos atentados contra la libertad de expresión, según los calificó el senador interpelante, ocurridos en España en los últimos meses pero, rápidamente derivó, durante las sucesivas intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, en un debate intensoLos representantes de los grupos Socialistas y de la Entesa dels Catalans, senadores Navarro y Soler, respectivamente, no dudaron en acusar al Gobierno de ser responsable del proceso seguido a Els Joglars y del posible deterioro que el mismo haya podido causar a la imagen pública de las Fuerzas Armadas por la demora gubernamental en llevar a la práctica lo que el pacto de la Moncloa establece en relación a las reformas del Código de Justicia Militar.

El ministro de Cultura, Pío Cabanillas, trató de restar importancia al caso de Els Joglars, al que calificó de supuesto anómalo, que está apunto de desaparecer, ya que el Gobierno presentará antes de un mes a las Cortes el correspondiente proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar.

José Vicente Mateo (Progresistas y Socialistas Independientes). En los últimos meses, desde finales de 1977, han ocurrido incidentes relacionados con la libertad de expresión y de opinión, que afectan a la imagen de España fuera de sus fronteras y que pueden afectar al proceso de su integración en Europa.

Para no centrar mi interpelación en la detención y procesamiento de los miembros del grupo artístico catalán Els Joglars, quiero recordar otros que no dudo en calificar de lamentables: detención y procesamiento de varios colaboradores de la revista Saida, detención de dos actores del grupo La Charanga; procesamiento en Valencia de cinco militantes de la Joven Guardia Roja, acusados de sedición por repartir unos papeles cuyo contenido no pasaba, a mi parecer, del de una hoja dominical; procesamiento de un actor por una compañía artística vasca y, finalmente, expediente al fiscal de la audiencia territorial de Madrid, señor Chamorro, por participar en una emisión del programa televisivo La clave.

No quiero tampoco dejar de referirme a las sucesivas condenas a la periodista Mayte Mancebo. La semana pasada se producía el secuestro de la revista Interviú, como consecuencia de una información sobre pasadas actuaciones del actual presidente de la Junta de Galicia. El Gobierno debe decirnos cuáles son los presupuestos y criterios que guían actualmente su actuación en materia de libertad de expresión.

Pío Cabanillas (ministro de Cultura). El tema planteado es hondo y trascendente, y nada fácil. La materia de información no está encuadrada en la actualidad exclusivamente en mi departamento. De entrada, quiero subrayar la coherencia legislativa del Gobierno en esta materia en relación con lo que establecen los pactos internacionales y los pactos de la Moncloa.

En este momento, la normativa internacional sobre la libertad de expresión tiende a reconocer el derecho a crear, pero también a salvaguardar la intimidad del hombre frente a la injuria y a la calumnia. En España, la legislación actualmente vigente en materia de prensa es fundamentalmente la llamada ley Antilibelo de 1 de abril de 1977, que deroga prácticamente a la ley de Prensa.

Los incidentes descritos por el senador interpelante no afectan a la potestad administrativa, sino a la judicial, en base al Código Penal. En estos momentos, la Administración sólo puede proceder al secuestro de una publicación en tres supuestos concretos y en el caso de publicaciones obscenas y pornográficas. Sin embargo, es preciso recordar que esta facultad no ha sido, en ningún momento, utilizada por la Administración.

El siguiente paso legislativo en materia de libertad de expresión lo constituye el proyecto de ley de protección jurisdicional de los Derechos Humanos, que ha sido ya remitido a las Cortes, que derogará la parte todavía vigente de la ley de Prensa, así como la llamada ley Antilibelo del 1 de abril de 1977.

Por otra parte, en la Presidencia del Gobierno se está redactando un texto de ayuda estatal a la prensa, en el que se plantea este tema en los ámbitos financiero y comercial.

En lo que se refiere al caso de Els Joglars, es un hecho cierto, pero hay que recordar que la legislación que atribuye el carácter de delito al desacato al Ejército es vieja. En los pactos de la Moncloa no se prevé la desaparición del delito militar, aunque su enjuiciamiento no deberá tener lugar en el ámbito de la Jurisdicción castrense.

Joaquín Navarro (socialista). En el campo de las libertades públicas es relativamente fácil hacer bellas exposiciones sobre la materia. Lo que es realmente difícil es concretar. En el caso de Els Joglars, la Administración ha sido culpable por omisión. Efectivamente, la reforma del Código de Justicia Militar no es una reforma más. Es la más importante de las de los pactos de la Moncloa.

Solé Sabarits (Entesa dels Catalans). El caso de Els Joglars está dando lugar, en estos momentos, a diversas interpelaciones en organismos europeos. El Gobierno ha actuado en este caso con torpeza, porque yo he sido testigo de los deseos que ha habido de resolver el tema. El proceso es un error del que hacernos responsable al Gobierno por no aplicar a tiempo los pactos de la Moncloa. Mientras se procede a la reforma del Código de Justicia Militar debería procederse a la aplicación de la amnistía de los miembros de Els Joglars.

Pío Cabanillas (minisiro de Cultura). El caso Els Joglars constituye un supuesto anómalo, en el que una jurisdicción sigue siendo competente, aunque los pactos de la Moncloa prevean su derogación. Pienso que no es lo más importante de este tema. Sólo queda pendiente en la reforma del Código de Justicia Militar lo referente a la delimitación de la competencia de la jurisdicción castrense a cierto tipo de delitos. Se ve fácilmente que la negligencia atribuida al Gobierno en el caso no es tal.

Petición a Cavero

Todos los portavoces de los grupos parlamentarios del Senado, a excepción del de UCD, han firmado un escrito dirigido al ministro de Educación y Ciencia, Íñigo Cavero, en el que le solicitan que tome la iniciativa -no hay otra vía reglamentaria- de comparecer ante el Pleno del Senado que se celebra actualmente para exponer la política de su Ministerio respecto a las reivindicaciones y a la situación conflictiva del profesorado de Enseñanza General Básica. El escrito, aunque no firmado por UCD, tiene, sin embargo, el apoyo de dicho grupo parlamentario.