La despenalización de los anticonceptivos, aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso

Los proyectos de ley sobre despenalización del uso de los anticonceptivos y sobre modificación de las edades en los delitos de estupro y rapto fueron dictaminados ayer por la Comisión de Justicia del Congreso sin que sufrieran ninguna modificación en relación con el texto del Gobierno. Según la reforma contenida en este último proyecto, la edad de la mujer en los delitos de estupro y rapto es rebajada de veintitrés a dieciocho años.

Antes de iniciar sus tareas legislativas, la comisión condenó a propuesta del diputado señor Navarro, de UCD, el asesinato del director general de Prisiones, Jesús Haddad, y la muerte en la cárcel de Carabanchel del recluso Agustín Rueda. El señor Peces-Barba, socialista, añadió que su grupo compartía sin ningún tipo de exclusión las palabras del señor Ruiz-Navarro y que los socialistas apoyan ahora plenamente al nuevo director general de Prisiones, Carlos García Valdés, que estamos seguros -dijo- recogerá el legado de su predecesor. En parecidos términos se expresaron los representantes del Grupo Comunista, señor Solé Barberá; minoría Catalana, señor Verde Aldea; de Alianza Popular, Licinio de la Fuente, y de la Minoría Vasca, señor Cuerda.En lo que se refiere al proyecto de ley que despenaliza el uso de los anticonceptivos, su artículo primero suprime la frase «o evitar la procreación» del artículo 416 del Código Penal, de tal forma que queda despenalizada la venta de medicamentos, objetos y procedimientos que eviten la procreación. Sin embargo, permanece inalterable en el citado artículo del Código Penal, y, por tanto, continúan penalizados el uso y venta de instrumentos y medicamentos que provocan el aborto. Referente a este punto concreto, el Grupo Comunista y la diputada Soledad Becerril, de UCD, presentaron sendas enmiendas en el sentido de que se suprimiese totalmente el artículo 416, desapareciendo, por tanto, la penalización que dicho artículo mantiene actualmente sobre la venta de instrumentos y medicamentos que provocan el aborto, en base a que las prácticas abortivas ya están penalizadas en otros artículos del Código Penal. Ninguna de las citadas enmiendas prosperó, ya que la mayoría de los miembros de la comisión entendió que tal supresión implicaría extender la reforma a una cuestión distinta a la despenalización del uso y venta de anticonceptivos. Los términos en que fue aprobado el proyecto de ley llevó al diputado socialista Pablo Castellanos a calificar la reforma de «pírrica, demagógica y espectacular».

El Gobierno, según el texto aprobado por la Comisión de Justicia, se compromete a regular mediante decreto, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente ley, la expedición de anticonceptivos y límites de publicidad, estableciendo el oportuno control sanitario.

Respecto al proyecto de ley de modificación de las edades en los delitos de estupro y rapto, también dictaminado, su único artículo fue aprobado por la Comisión de Justicia con una sola abstención. Según la reforma introducida en el proyecto de ley, la edad máxima de veintitrés años fijada por diversos artículos del Código Penal como límite para cometer el delito de estupro (abusar de una doncella con engaño) ha sido rebajada a dieciocho y a dieciséis años, según que el engaño sea cometido por autoridad, público o personas allegadas a la estuprada o por cualquier otra persona. En lo que se refiere al rapto, la edad también ha sido rebajada de veintitrés a dieciocho años.

Igualmente, la Comisión de Justicia aprobó un proyecto de ley sobre modificación del artículo 746 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, referido a la incomparecencia del acusado. Según lo aprobado, se agrega a este artículo un párrafo que dice: «No se suspenderá el juicio por la enfermedad o incomparecencia de algunos de los procesados citados personalmente, siempre que el tribunal estimase, con audiencia de las partes y haciendo constar en el acta del juicio las razones de la decisión, que existen elementos suficientes para juzgarles con independencia.»

La Comisión de Justicia también nombró la ponencia que deberá informar el proyecto remitido por el Gobierno sobre la modificación parcial de la ley de Peligrosidad Social. Forman parte de la misma los diputados de UCD, Antonio Vázquez Guillén y Carmelo Casalla; los socialistas José Luis Albiñana y Javier Sáez Coscullera, y los diputados de Alianza Popular, Pedro Mendizábal; del PCE, Josep Solé Barberá; de la Minoría Vasca, José Angel Cuerda; de la Minoría Catalana, Josep Verde Aldea, y del Grupo Socialistas de Cataluña, Rodolfo Guerra.