El Senado investigará la muerte en Carabanchel de Agustín Rueda

La situación penitenciaria ha sido calificada de lamentable por la Comisión senatorial de investigación de Establecimientos Penitenciarios, que aprobó ayer, con ligeras modificaciones, el informe elaborado por la ponencia encargada de estudiar el estado de las cárceles españolas. El informe estima que en la mayoría de las cárceles no se cumplen las exigencias mínimas de la declaración universal de los Derechos Humanos, y ni siquiera las previstas en el reglamento modificado de los servicios de prisiones. La ponencia iniciará hoy una investigación por la muerte en Carabanchel de Agustín Sierra, a consecuencia de una paliza.

En el informe se afirma que el origen de la situación conflictiva que actualmente padecen las cárceles está en que los reclusos se consideran discriminados respecto a los beneficiados por la amnistía política. Asimismo, se manifiesta que los internos se encuentran en unas condiciones de vida que tienden a agudizar su marginación social, dificultando su reeducación, readaptación y reabsorción en la sociedad una vez cumplida su condena.Por lo,que se refiere a las condiciones de habitabilidad del penal del Dueso -visitado recientemente por varios senadores-, estima que los hechos denunciados en otras cárceles se agudizan en este penal -en el que se registran «inhumanas situaciones de hacinamiento y promiscuidad».

La Comisión ha elevado a la Mesa del Senado unas conclusiones según la primera de las cuales se califica la situación penitenciaria -tanto en lo que se refiere a alcance de los fines de la pena, política humanitaria y fines sociales, como en cuanto a la disciplina, deberes y derechos de los reclusos y funcionarios- de lamentable y se considera como una quiebra del sistema y de su desarrollo.

En segundo lugar, se pide que por medio de una segunda ponéncia se estudien las medidas a adoptar para una reforma en profundidad de la situación penitenciaria y se recabe del Gobierno la puesta en práctica con carácter urgente de las medidas contempladas en la modificación del reglamento de prisiones. Asimismo, se solicita que se pida al Gobierno que adopte cualesquiera otras medidas que tiendan a hacer que se cumplan desde ahora las reglas mínimas para tratamiento de los reclusos, elaboradas en el primer congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente y en el pacto internacional de derechos cívicos y políticos.

El informe elaborado por la ponencia ha sido suavizado por la Comisión, que ha suprimido la alusión a que «el interno se siente desasistido en su defensa judicial», así como a la «generalizada falta de atención por parte de los abogados de oficio». La denuncia de que la dirección de los establecimientos penitenciarios «no está encomendada a funcionarios de carrera por oposición» ha sido sustituida por la manifestación de que para la provisión de estas plazas se ha valorado más el talante autoritario y represivo que la capacidad técnica.