Las medidas antiterroristas, aceptadas con "reservas" por los partidos italianos

Las medidas extraordinarias contra el terrorismo adoptadas el martes por el Gobierno italiano fueron recibidas ayer, en general, con reservas y reticencias por los partidos políticos italianos. Mientras que los grupos que apoyan al Gobierno Andreotti las han aceptado dada la gravedad del momento, aunque a regañadientes, los socialistas y comunistas advirtieron que existen riesgos en dichas medidas, aunque tampoco creen suficiente movilizar a las masas. Por su parte, los radicales consideran dichas medidas como excepcionales y contrarias a la Constitución. El líder republicano, Ugo Malfa, se lamenta, por el contrario, de que no se haya decretado el toque de queda, y acusa de debilidad a quienes han criticado su propuesta de restablecimiento de la pena de muerte.

El Gobierno italiano dio, con estas medidas, los primeros pasos de lucha concreta contra el terrorismo, tratando de respetar el espíritu de su Constitución democrática. Con el decreto-ley de medidas urgentes ha introducido, entre otras, las siguientes novedades: 1. Aumento de las penas (treinta años y en caso de muerte del secuestrado, cadena perpetua) a los secuestradores de persona y a quienes «reciclan dinero sucio»; 2. En el plazo de 48 horas, quien alquile un piso tendrá que comunicarlo a la policía; 3. La policía será más «autónoma» en cuanto al secreto de sumario, interrogatorios, interceptaciones telefónicas y detención de quien se niegue a declarar su identidad.Las normas vigentes hasta ahora, impedían toda comunicación de noticias entre los jueces y entre éstos y la policía (Ministerio del Interior). La policía podrá interrogar ahora al detenido en ausencia de su abogado defensor. Se trata de «informaciones sumarias», según precisó el ministro de la Justicia, Bonifado, que no podrán figurar en sumario, pero que serán comunicadas al fiscal de la República. El ministro del interior podrá pedir incluso oralmente a la Magistratura permiso por quince días para interceptar los teléfonos, y la policía podrá utilizar la información recogida.

Escasos efectos para el caso Moro

Casi todos los constitucionalistas están de acuerdo en que ni la pena de muerte, ni el «estado de peligro», en que los gobernadores civiles podrían detener a cualquiera, ni el tribunal especial para delitos políticos, con la exclusión de los jueces de carrera y los populares, acelerarían una solución positiva del caso Moro. Tampoco el secuestro de Moro constituye un peligro de hundimiento de la República, como no lo fueron en el pasado la matanza en Milán de la plaza Fontana, ni la de Brescia. Pese a ello, en todo el país se mantiene viva la conciencia civil de lucha contra el terrorismo, agudizada por el secuestro de Moro. Los periodistas discuten sobre el deber profesional de informar con todos los detalles o callar. Los jueces del proceso de Turín, contra Renato Curcio y sus catorce compañeros, discuten sobre si va contra la Constitución el que la ley imponga un defensor de oficio al acusado. Se discute también sobre el «empeño» de los intelectuales. El líder comunista Giorgio Amendola ha denunciado las «excesivamente simplistas justificaciones sociológicas, excesivos cedimientos injustificados, excesivas coberturas culturales que han creado en torno al partido del extremismo armado un cinturón protector». Los grupos extraparlamentarios de Lucha Continua, de Democracia Proletaria y el movimiento estudiantil No Armado declaran no estar «ni con el Estado ni con las Brigadas Rejas».De la extraordinaria movilización de la policía de estos días esperan que vuelvan a sus casas los familiares de cuatro rehenes romanos todavía en manos de sus secuestradores. Son el príncipe Massimiliano Grazioli, terrateniente; Giovanna Amati, hija de un propietario de cines; Michela Marconi, hija de un constructor, y Angelo Apolloni, empresario de viviendas.