Pan, trabajo y libertad

LAS DEMANDAS de pan, trabajo y libertad, coreadas en la concentración de parados que culminó el pasado domingo en Madrid, son algo más que el grito retórico y usual de una manifestación reivindicativa. Constituyen la dramática exigencia de más de un millón de españoles que se resisten -con pleno derecho- a seguir siendo ciudadanos de segunda categoría, privados no sólo de su posibilidad de contribuir al modelo productivo social, sino mayoritariamente de una vida digna y estable.La conducción ejemplar de la marcha de parados ha evidenciado el grado de madurez de convocantes y convocados. De la misma manera, significativas ausencias -centrales mayoritarias y partidos- han mostrado los diversos grados de preocupación que subyacen en las intenciones programáticas de nuestras fuerzas políticas. Su inhibición ante la convocatoria se comenta por sí sola y no merece siquiera mayor consideración. El electorado, ahora o en cualquier otro momento, deberá tomar buena nota y dar cumplida respuesta cuando corresponda.

Afirmar que el incremento del paro es consecuencia inevitable del proceso de ajuste que precisa la economía española puede parecer lícito en pura técnica económica, pero cuando se traduce en la indigencia de más de un millón de trabajadores y sus familias, acudir a ello es un ejercicio de irresponsabilidad y cinismo político. El otro latiguillo al uso señala que el fenómeno del paro es común a todas las economías occidentales, pero oculta puerilmente que las dotaciones al desempleo son, en España, dignas de un país subdesarrollado. Si admitimos que el paro es inevitable -y posiblemente lo sea-, es inmediatamente exigible del Gobierno y las fuerzas políticas la articulación de dos medidas fundamentales: una política real de estímulo al empleo y una dotación al seguro de paro racional y suficiente. Hoy, en España, sólo perciben un insuficiente subsidio de paro el 25 % de los parados reales.

Hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a destinar cantidades importantes de fondos públicos y a emitir abstractas disposiciones, amén de pomposas declaraciones de que el paro ocupa lugar fundamental en su calendario de preocupaciones. Nada de todo eso se ha traducido en lo que se precisa: una política de imaginación que de verdad estimule la, creación de puestos de trabajo. Nunca se debe olvidar que, en tanto este país se rija por las leyes de la economía capitalista, el empresario procurará que la creación de un nuevo puesto dé trabajo le sea rentable. En esta línea, el Gobierno debe proveer los instrumentos para que varíe la tendencia actual; pues lo que hoy sucede en España es que los empresarios andan obsesionados con la redución de puestos de trabajo, lo que de alguna manera es más rentable a corto plazo para sus resultados. No puede decirse que exista o haya existido una auténtica política de empleo.

Tampoco el seguro de desempleo ha sido más afortunado. A partir de sus ínfimas dotaciones, la irregularidad de los censos y la picaresca imperante, se ha convertido en un detractor de fondos públicos que en muy escasas ocasiones alcanza a remediar la sítuación de quienes lo precisan. En primer lugar, no existen estadísticas fiables respecto al número de parados en España. No se contradicen solamente las cifras de Administración y centrales sindicales, sino también las facilitadas por los distintos Ministerios. En segunda instancia, la complejidad del acceso de los trabajadores a las prestaciones deja fuera de ellas a numerosos parados. Esto ocurre de modo generalizado a aquellos jóvenes que buscan su primer empleo y que se estima pueden incluso llegar a alcanzar el 50 % del total detrabajadores desocupados del país. Por último, la picaresca contribuye notablemente a viciar la estructura del seguro. Son muchos los trabajadores que simultanean la percepción delparo con un trabajo remunerado en una empresa. Es tarea urgente de los responsables de la Seguridad Social eliminar y perseguir estas irregularidades, no sólo sancionando a los trabajadores que recurren a ello, sino -y en mayor medida- a los empresarios que aceptan incorporar a sus plantillas realei a los defraudadores sin notificar sus altas a la SS, con lo que entre otras cosas eluden el pagó de las cotizaciones.

Por encima de afirmaciones retóricas y concepciones de añejo liberalismo manchesteriano, el Gobierno debe instrumentar cuanto antes una política racional de empleo y dotar un seguro de paro racional y suficiente. Las expectativas de reestructuración sectorial que se plantean a corto plazo en la industria española aconsejan colocar -esta vez de verdad- esos objetivos por delante de cualquier otros.

Una sociedad que camina hacia su consolidación democrática puede permitirse -si no hay más remedio- un número de parados protegido y adecuadamente atendido, siempre que el esfuerzo por crear nuevos puestos de trabajo sea permanente y prioritario. Abandonar el mercado de trabajo a su suerte, trampeando con subvenciones apresuradas y declaraciones de principios espectaculares, sólo provoca un fenómeno que, en castellano sincero, podemos denominar hambre. Y esto ya no es un factor soportable, es un crimen social del que casi todos seremos, al fin, responsables.