"El reconocimiento de las nuevas preautonomías no es una operación oportunista"

EL PAÍS: Tres de los cuatro decretos preautonómicos recientemente aprobados habían sido ultimados hace dos meses y estaban bloqueados por el Gobierno. ¿Qué batalla ha habido que ganar para sacarlos adelante?Manuel Clavero: Yo diría que, reconocidas las preautonomías de Cataluña y el País Vasco, como ocurrió otras veces en nuestra historia, hubo tendencias no sólo dentro del Gobierno, sino fuera de él, que consideraban que el proceso debía detenerse en ese punto. Pero hoy el sentido regionalista está muy extendido y su peso político es enorme. Se habían producido negociaciones con otras regiones, y hubiera sido una incongruencia no haberlas culminado. Además, la ruptura de esta barrera, que tradicionalmente había tenido esta cuestión, responde no sólo al sentimiento autonomista, sino a las necesidades de un Estado que, por su exceso de centralismo, tenía que reorganizar su territorio.

EL PAÍS: Esta tensión dentro del Gobierno pudo tener otra salida: el cese de los mantenedores de la tesis de autonomía para todos entre los que se encontraba el ministro para las Regiones.

M. C.: La política que se siguió era la política del Gobierno, no la de un determinado ministerio y paralizar las negociaciones hubiera hecho caer al Gabinete en una incongruencia, además de que desencadenaría reacciones entre los parlamentarios.

EL PAÍS: ¿Este paso del Gobierno nos lleva hacia un Estado regional?

M. C.: En estos siete meses, por consenso de los partidos, se ha trazado de hecho un mapa regional de España, y no por una disposición del Gobierno, sino por un movimiento de las propias regiones a través de sus representantes. Todavía hay algunos puntos dudosos sobre este mapa regional que tienen que decantarse, por ejemplo León, Santander, Madrid, Albacete y alguna otra provincia. Es cierto que el Gobierno, en su declaración programática, incluía la promesa de preautonomías, pero la iniciativa en este proceso de configuración de las regiones ha estado en los parlamentarios, que pronto se fueron constituyendo en asambleas regionales. El Gobierno, en gran parte, se ha limitado a encauzar ese fenómeno parlamentario.

EL PAÍS: A la vista de las interferencias de otros ministros en una parcela que, en principio, parece reservada al ministro para las Regiones, da la impresión de que en las negociaciones preautonómicas ha tenido usted dificultades con sus compañeros de Gabinete, como con los parlamentarios.

M. C.: Hay que tener en cuenta que el trabajo del Ministerio para las Regiones no es un trabajo sectorial: son operaciones de Estado en las que a este departamento le corresponde una iniciativa, pero no una exclusividad. Por tanto, antes de aprobar cualquier texto, se reparte entre los distintos ministerios y se estudia concienzudamente por todo el Gobierno, que hace sugerencias a tener en cuenta en las negociaciones, y que pueden obligar a replantear aspectos de los proyectos sobre los que se ha estado trabajando. Sobre la marcha de las últimas negociaciones preautonómicas incidió de una manera importante la fluidez de la vida política del país (municipales, Constitución, etcétera).

"No al fenómeno provincia-región"

EL PAÍS: ¿No se ha actuado con oportunismo al aprobar las últimas preautonomías, ante la necesidad de ofrecérsela a los canarios antes del viaje del presidente Suárez al archipiélago?M. C.: El proceso estaba maduro, especialmente en Galicia, Aragón y el País Valenciano. Debo decir que nunca el presidente me indicó que interrumpiera estas negociaciones. Además, el compromiso de los parlamentarios con su electorado originaba un fenómeno irreversible. No creo que el tema canario haya influido para nada y, desde luego, la aprobación de estas autonomías no tiene nada que ver con un fenómeno de oportunismo.

EL PAÍS: ¿En qué medida la extensión de las preautonomías se hace a costa de vaciarlas de contenido?

M. C.: En modo alguno. La extensión de las preautonomías no va a mermar la intensidad de las mismas, porque no se trata de un fenómeno de reparto, sino de transferencia de funciones, y si diéramos a Cataluña el control de las carreteras, por eso no tendríamos que quitar al País Vasco el control de las suyas.

EL PAÍS: Como otras veces en nuestra historia, hay algún síntoma de cantonalismo-provincial. ¿Cuál es la actitud del Gobierno al respecto?

M. C.: Es la Constitución la que debe evitar el cantonalismo. El fenómeno provincia-región tiene que ser excepcional, y debe ser impedido allí donde no haya razones históricas de peso o un territorio y unas posibilidades de recursos que hagan viable el proyecto. Además, quiero subrayar un hecho, y es que la racionalización de la vida moderna ha convertido al espacio provincial en insuficiente para un desarrollo óptimo de la vida pública.

"Debe existir un marco autonómico único "

EL PAÍS: A la vez que el Gobierno entraba en la política de autonomía para todos, en el Congreso UCD introducía un documento en la ponencia constitucional que limitaba la autonomía a Cataluña y el País Vasco. ¿Cómo se explica esta contradicción?M. C.: A ese documento no se le puede dar otro valor que el de un documento de trabajo, pues no responde a ninguna decisión ni del Gobierno ni del partido. UCD presentó en esta materia unas observaciones generales que se caracterizan por el reconocimiento del derecho de autonomía para todos y por la ausencia de privilegios y discriminaciones para nadie. Yo entiendo, por tanto, que sólo es documento de trabajo el que va a volver al estudio del grupo parlamentario de UCD. Al menos, mi punto de vista es que debe existir un marco único constitucional que defina el ámbito de la autonomía común para todos, aunque no uniforme. La diversidad debe obtenerse a través de cada estatuto.

EL PAÍS: ¿Puede precisar qué entiende usted por marco común no uniforme?

M. C.: La Constitución va a renunciar a trazar un mapa regional de España y, en cambio, va a reconocer el derecho a la autonomía para aquellos pueblos que quieran hacer uso de ese derecho que, por otra parte, es de la misma naturaleza para todos los pueblos de España. En mi opinión, este derecho tiene tres aspectos: autoconfigurarse (definición del territorio), autorregularse (estatuto) y autogobernarse (órganos de poder regional). Además, el marco común debe recoger qué materias no debe o no puede transferir al Estado y, esto es importante, qué materias debe necesariamente asumir el ente autónomo, porque ello engendrará responsabilidad y restará ligereza a las pretensiones de auto gobierno de aquellos territorios que no tengan capacidad para asumir esos mínimos. Finalmente, el marco debe regular las relaciones Estado-región y las haciendas lo cales a fin de evitar que se rompa la solidaridad nacional.

EL PAÍS: ¿Cómo ve el futuro del término nacionalidades en la Constitución?

M. C.: Personalmente considero que debería evitarse, porque es un término ambiguo, que permite interpretaciones distintas.

EL PAÍS: El gran ausente de este paquete preautonómico es Andalucía. ¿No se habrá querido hacer un feo al PSOE, que es el partido mayoritario en esta región?

M. C.: Bien que lo lamento, como andaluz, que no haya podido salir la preautonomía de mi región, pero confío en que pronto suceda, si todos renunciamos a protagonismos personales. Pero quiero dejar claro que no se trata de menoscabar la posición de los socialistas. En el País Valenciano el PSOE es mayoritario, y ahí está su preautonomía.