El debate sobre las municipales

EL APLAZAMIENTO de las elecciones municipales hasta después del referéndum constitucional es, a la vez, un éxito y una derrota del Gobierno. Por una parte, la propuesta socialista de que los comicios fueran realizados inmediatamente después de la aprobación por las Cortes de la ley de Elecciones Locales ha sido derrotada por un pequeño margen, tras un marathoniano debate en el Congreso, gracias a la alianza entre UCD y AP; pero, por otra, el compromiso formal del señor Martín Villa de convocar las municipales treinta días después de aprobada la Constitución, desbarata la tentativa ucedista de postergar la renovación de la Administración local hasta después de las segundas legislativas.La principal razón aducida por el Gobierno para aplazar las municipales fue la conveniencia de que los ruidos y pasiones de la campaña electoral no alteraran el sosiego de los trabajos constitucionales.Pero ha sido, precisamente, la obstinación por mantener en su puesto a la Administración local designada por el franquismo lo que ha hecho peligrar la estabilidad del proceso constituyente. El descontento en los municipios ha costado ya -como en Navarra y Málaga- graves y sangrientas alteraciones de orden público, que no han sido mayores gracias al buen sentido de los partidos de la Oposición.

El pasado mes de julio, el Gobierno se comprometió a convocar las elecciones municipales antes de finales de 1977. El tardío descubrimiento de que era necesario retrasar los comicios, tal vez guarde una relación más directa con las conveniencias electorales de UCD que con altas razones de Estado. En cualquier caso, ha sido impropio de una gestión pública seria que esa postergación haya venido anunciándose a lo largo de los últimos meses mediante rumores, declaraciones oficiosas y medias palabras.

Por lo demás, la fórmula del PCE para la elección de los alcaldes ha tenido el consenso que su racionalidad merecía. El cabeza de la lista minoritaria que logre mayor número de votos sólo será proclamado alcalde si los concejales no se ponen antes de acuerdo para elegirlo por mayoría absoluta. Incluso ese procedimiento revisado merece críticas desde criterios estrictamente democráticos, al igual que otros aspectos de la ley, tales como los excesivos correctivos a la proporcionalidad inherentes a la regla D'Hont, la marginación de los independientes o el sistema de designación de los diputados provinciales. Sin embargo, al menos, se ha creado cierto espacio para la actuación de las minorías y el juego de las alianzas.

Salvada, casi con empate, la crisis de las municipales, el PSOE debe replantearse, con seriedad y responsabilidad, su vuelta a la ponencia constitucional. Todas las cuestiones pendientes son negociables; y las posiciones de principio siempre pueden salvarse mediante los votos particulares.