El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto-ley de preautonomía

Galicia es ya el tercer territorio nacional con un régimen de autogobierno provisional, al que han precedido Cataluña y el País Vasco. El decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros instituye a la Xunta de Galicia como órgano de gobierno gallego con personalidad jurídica, plena sobre algunas competencias: que se le asignan y que son las de elaborar y aprobar las normas de su régimen interno, integrar y coordinar las actuaciones y funciones de las cuatro diputaciones gallegas, en cuanto afecte al interés general de Galicia, gestionar y administrar las funciones y servicios que le transfieran la Administración del Estado y las diputaciones, resolver sobre las materias cuyas competencias les sean transferidas y proponer al Gobierno cuantas medidas afecten a los intereses gallegos.

Como tal órgano de gobierno, la Xunta estará compuesta por diecinueve miembros, once de los cuales habrán de ser elegidos entre los diputados y senadores que procedan de las pasadas elecciones generales. Los ocho restantes representarán a cada una de las cuatro diputaciones y cuatro de ellos se incorporarán inmediatamente a las tareas de la Xunta, mientras que los otros tendrán que esperar a que se renueven los ayuntamientos mediante elecciones.El decreto estipula que el presidente habrá de elegirse por los ocho miembros escogidos entre los parlamentarios. En este caso, la elección ya se hizo y recayó sobre el senador lucense Antonio Rosón Pérez.

Poco se sabe por ahora acerca de cómo pueden repartirse las titularidades y atribuciones los miembros de la Xunta: se ha especulado recientemente con los nombres de Meilán Gil, Víctor Moro, Rivas Fontán, Vázquez Guillén, González Seara, Gómez Franqueira, Suárez Núñez, Francisco Vázquez y María Victoria Fernández de España, como candidatos mejor situados.

El Gobierno central se reserva el derecho de disolver los órganos de la Xunta por razones de seguridad del Estado y se establece la preautonomía con carácter transitorio y provisional hasta la entrada en vigor de las instituciones autonómicas que puedan crearse al amparo de la futura Constitución. Sólo entonces los gallegos recuperarán el autogobierno por el que masivamente se proclamaron en 1936.

El Estatuto del 36, referencia inevitable

El 28 de junio de 1936 los gallegos practicaron el más animado plebiscito de su historia. Por 993.351 votos a favor, 6.161 en contra y 1.451 en blanco aprobaron su histórico Estatuto de autonomía que no llegaría siquiera a entrar en vigor porque, solamente veinte días después, iba a estallar la guerra civil.

Desde entonces, las ideas y los sentimientos nacionalistas, autonomistas o simplemente regionalistas pasaron en Galicia por vicisitudes insólitas que ahora empiezan a conocerse públicamente. La represión del gallegismo no conoció límites y tuvo en Alexandre Bóveda y en muchos otros intelectuales, artistas, políticos y trabajadores a sus mártires. O a la representación del exilio forzoso en la muerte argentina de Castelao, quien, le diría por carta a Oliveira Salazar, en 1937, «que se masacró lo mejor y más auténtico de nuestra mocedad».

Toda la tradición nacionalista gallega iniciada en 1916 con las Irmandades da Fala, las aportaciones Xeneracion Nos, el Partido Galeguista, que se había formado en 1931..., todo fue reducido al silencio, salvo la dificil aventura cultural de editorial Galaxia.

En 1963 un grupo de jóvenes influidos por la aventura del Sempre en Galiza de Castelao, libro al que ha llegado a llamarse la «Biblia del galleguismo», forman un pasajero Consello da Mocedade, de una de cuyas escisiones saldría en 1964 la Union do Pobo Galego, partido que hoy asume el nacionalismo marxista más radicalizado.

En 1965 apareca el Partido Socialista Galego, y en 1969, el Partido Comunista de Galicia.

El Partido Galego Socialdemócrata, que hoy trata de recuperar la vieja tradición del Partido Galeguista, y otros grupos que tuvieron menor incidencia en el galleguismo conforman durante años una actividad política que se decanta más tarde hacia posiciones que fueron localizadas como «nacionalistas» y «españoleiras».

Al morir Franco, Galicia tenía nuevamente puestos los ojos en la recuperación autonómica a pesar de las divisiones registradas entre los partidos. Como punto de partida aparece rápidamente el Estatuto del 36.

Hasta entonces puede decirse sin lugar a dudas que la reivindicación autonómica era patrimonio exclusivo de la izquierda o todo lo más de la derecha galleguista.

Las elecciones del 15 dejunio de 1977 dieron a UCD la mayor de sus victorias parciales. Empezó a suceder así que la reivindicación autonómica cambiaba de manos. Lo que fuera patrimonio del galleguismo y de la izquierda acabó siendo configurado y regulado por algunos de los personajes políticos que, años atrás, habían combatido el autonomismo.