Primer documento oficial de la CEE sobre la independencia del ingreso de nuevos miembros

En el caso de España, el equilibrio entre aportaciones y beneficios daría un saldo positivo de unos doscientos o trescientos millones de unidades de cuenta (entre 20.000 a 30.000 millones de pesetas), en la hipótesis de que fuéramos ya miembros en el año actual. España contaría con un miembro a nivel de comisario europeo, otro en el Tribunal Internacional de Justicia, a nivel de juez, y 58 escaños, a repartir proporcionalmente según el porcentaje de fuerzas políticas interiores, en el Parlamento Europeo.La Comisión, según anunció su portavoz, espera aprobar oficialmente el documento de síntesis en su sesión del 17 de este mes. El documento tiene, esencialmente un carácter político, al trazar un primer «panorama» cifrando lo que representará el pase de la actual CEE de los nueve a la futura CEE de los doce.

Naturalmente, se trata de una visión comunitaria, en la que los estados candidatos no tienen, todavía, nada que decir -excepto en el caso de Grecia, cuyas negociaciones están ya en marcha desde hace dos años- «El denominado fresco comunitario sobre la ampliación no supone ningún predictamen para las negociaciones con España o Portugal», dijo el portavoz. «Tampoco se pretende globalizar las tres candidaturas, que seguirán su ritmo según los méritos propios de cada Estado candidato», concluyó el portavoz comunitario.

El documento es acompañado de una declaración específicamente política, sobre la «democracia pluralista» a respetar entre los Estados miembros de la CEE. Un «recordatorio », en realidad, para enterrar definitivamente viejos demonios si los tres quieren ingresar en una comunidad donde los objetivos son económicos y comerciales, pero respetando un cierto grado de libertad democrática.

En sus consideraciones preliminares -avanzadas por EL PAÍS en su edición del 28 de febrero- el documento comunitario, inspirado por Lorenzo Natali, vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de la ampliación, recuerda las diferencias de desarrollo económico entre los candidatos y los actuales Estados miembros. Distingue, sin embargo, que en el caso de España y Grecia, el dinamismo económico es muy importante y que sus rentas per cápita son casi comparables a las de Italia e Irlanda, que son ya miembros de la CEE.

Las características comunes en el sector agrícola, excedencia de mano de obra, estructura industrial análoga a la comunitaria -sobre todo, en sectores de crisis, como la siderurgia, textil, construcción naval, calzado o productos químicos- y las dificultades que comportará la ampliación en el actual concepto de la «política global mediterránea» de la CEE, forman también parte de las consideraciones generales del informe comunitario.

Hay que recordar que el objetivo fundamental del estudio, en su nivel actual, es centrar los problemas a los Gobiernos de cada Estado miembro de la CEE, para que preparen el esfuerzo financiero previo a la adhesión -y durante la primera fase del período transitorio- para cooperar con el desarrollo económico de los tres candidatos, con el fin de reducir diferencias de nivel económico.

Hipótesis de lo que España pagaría y lo que recibiría

Los servicios de la Comisión parten de la hipótesis de lo que representarla financieramente para la CEE, si España, Grecia y Portugal, fueran y miembros del Mercado Común, el actual ejercicio de 1978. Los cálculos de los eurócratas, dan un saldo positivo para España de unos doscientos o trescientos millones de unidades de cuenta (una unidad de cuenta CEE igual a 101 pesetas).

Partiendo siempre de la hipótesis de una CEE teórica de los doce desde 1978, España debería aportar de 1.300 a 1.400 millones de UC (unidades de cuenta) al presupuesto común que es actualmente de 12.362.000 millones de UC.

¿Cómo se financiaría la aportación española al presupuesto común? Siguiendo las reglas tradicionales, a partir de los derechos de aduana de importaciones agrícolas exteriores (275 millones de UC, en caso de importaciones extracomunitarias españolas), proporción del 0,75 % del futuro impuesto sobre el valor añadido (IVA) que supondría una aportación de 458 millones de UC por parte de España y, finalmente, por la aportación de 350 millones de UC deducibles de los derechos de aduana que recibe España por importaciones exteriores.

En contrapartida la economía española, siempre en la hipótesis de 1978, recibiría seiscientos millones de UC en concepto de ayuda del Feoga (Fondo de Orientación y Garantía Agrícola), para subvencionar ciertos precios y otros 200 o 250 millones de UC en concepto de la sección orientación, para ayudas de producciones, también del Feoga.

Para el fondo social de ayudas a trabajadores, inversiones en sectores críticos, etcétera, España recibiría de cuarenta a ochenta millones de UC; de los ochocientos del presupuesto total. Para el fondo regional la dotación para España sería de 190 millones de UC del total de mil.

Las cuotas que España debería aportar al FECOM, para el sostén monetario a corto plazo, serían de unos doscientos millones de UC, y en contrapartida, podría solicitar préstamos a medio plazo de hasta 2.500 millones de UC. España tendría también acceso a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones hasta un tope de quinientos millones de UC.

Siguiendo siempre en el terreno de las hipótesis, los expertos comunitarios consideran que los efectos de la ampliación sólo podrán absorberse positivamente si hay un crecimiento anual medio del PNB del 4,5 %. En la actual CEE de los nueve y de 6 a 6,5 % entre los tres nuevos candidatos. Si por el contrario persiste la crisis y el crecimiento medio del PNB de la CEE es sólo del orden del 2 %, la ampliación puede suponer un riesgo grave para los propios candidatos. La tesis de un crecimiento medio oscilando entre el 3 y el 4%, sería un mínimo para evitar riesgos.

Para lograr tal índice de crecimiento, la CEE debería asociar a los nuevos candidatos a un «programa de acción económica a medio plazo» de duración quinquenal, con objetivos macroeconómicos y acciones prioritarias: sostén del crecimiento, reducción de la inflación, equilibrio de balanzas de pagos, desarrollo de políticas estructurales (regional, social, etcétera) y sectoriales (siderurgia, química, textil, construcción naval, etcétera).

Prudencia para la integración agrícola

Para el propio interés de los actuales Estados miembros como de los futuros, los expertos comunitarios preconizan una extremada «prudencia» en el sector de la armonización agrícola.

Destacan que la población activa agrícola en los tres es netamente, superior a la de los nueve, lo que representará un incremento del 9 al 11 % de la población agrícola de la CEE.

La rentabilidad de las empresas agrícolas de los tres levantan también reservas. A nivel de abastecimiento, los técnicos opinan que bajará el nivel de autoabastecimiento de la CEE en ciertos productos (lácteos y carne bovina, en particular) y aumentará el déficit en otros (cereales secundarios y proteínas vegetales). Por el contrario, aumentarán los excedentes de la actual CEE en producciones mediterráneas (vino, aceite de oliva, frutos y legumbres) excepto en el caso de los agrios, en que la CEE es hoy altamente deficitaria.

Las diferencias de costes de producción agrícola entre la actual CEE y los tres Estados candidatos dificultará la aplicación del sistema de «precios CEE». El peligro de favorecer la creación de excedentes en ciertos tipos de productos, vino, aceite de oliva y frutos y legumbres, aconseja prudencia en la CEE ante la perspectiva de la «política agrícola común» a los nuevos Estados miembros. Se recuerda, sin embargo, que la CEE debe seguir en el camino de la actual Europa verde.

Para la política estructural agrícola, sobre todo en las regiones mediterráneas de la CEE, se repite la necesidad de una ayuda financiera importante. La política de relaciones exteriores con los países de la cuenca mediterránea, no candidatos se verá también afectada por la ampliación.

¿Cómo gobernar la Europa de los doce?

No se excluye que para lograr el funcionamiento de la futura CEE de los doce haya que modificar ciertas reglas de los tratados comunitarios.

En primer lugar, habría que aceptar una interpretación flexible de la actual regla del «voto unánime» de todos los miembros. Excepto en casos de importancia capital, debería pasarse al voto mayoritario para las múltiples decisiones comunitarias, tanto a nivel de Comisión como de Coreper (Comité de Embajadores representantes permanentes) o de Consejo de Ministros.

La actual Comisión Europea de trece miembros pasaría a doce (un representante por cada Estado miembro). El Tribunal de Justicia de las Comunidades pasaría de nueve a trece jueces. Para el Parlamento Europeo (que contaría un total de 516 miembros), España tendría una representación proporcional a su población de 36 millones de habitantes, que se sitúa en un intermedio entre los pequeños de la CEE y los grandes.

El total de escaños reservados a España en el futuro Parlamento sería de 58 puestos.

Sobre el capítulo del período transitorio y relaciones exteriores, se repiten las ideas de varias etapas, entre el inicio de las negociaciones y la plena adhesión (con dos fases de cinco años cada una como período transitorio) y de las dificultades para los nuevos Estados miembros de poder cumplir inmediatamente las obligaciones exteriores de la CEE, en acuerdos mediterráneos, EFTA (Zona Europea de Libre Cambio) o Convención de Lome (Países Asociados de África, Caribe y Pacífico) puntos que avanzó EL PAÍS en su edición del 28 de febrero.

Los documentos del fresco comunitario no abordan, todavía, los aspectos prácticos de la ampliación. El problema lingüístico en una Comunidad donde iodas las lenguas nacionales de cada Estado miembro tiene carácter oficial (el francés, inglés, alemán, danés, italiano y holandés oficialmente reconocidos, habrá que añadir el griego, portugués y español). Los problemas de capacidad de salas de reunión, multiplicaciones de intérpretes y servicios de traducciones, capacidad del foro del futuro Parlamento Europeo.

En total una «super comunidad europea» que peligra de diluirse en una basta zona de libre comercio entre doce Estados europeos, con cierta cooperación política para las grandes orientaciones, pero difícilmente gobernable o capaz de superar estos estadios que la armonización económica. Sin olvidar que una CEE a doce aumenta el riesgo de escenarios políticos nacionales en cada Estado que no siempre pueden estar de acuerdo con la doctrina tecnocrática de Bruselas. Pero, al igual que las hipótesis comunitarias en materia de presupuesto, se trata, por el momento, de otras hipótesis que pertenecen al futuro.