Las comunidades cristianas de Israel protestan por una ley contra el proselitismo
En Jerusalén se afirma «ignorarlo todo» sobre una nota enviada por el Vaticano al Ministerio israelí de Asuntos Exteriores, en la que la Santa Sede habría expresado su «profunda inquietud» por una nueva ley israelí dirigida contra las misiones cristianas en el país.
En virtud de esta ley, votada en la Knesset (Parlamento) en diciembre de 1977, toda persona que intente convertir a un israelí, proponiéndole ventajas materiales, puede ser condenado a una pena de prisión de hasta cinco años y a una multa de 50.000 libras israelíes.Aunque esta ley se aplica, en principio, a toda religión, en realidad no tiene por objeto sino la propagación de la ley cristiana. Esto apareció claramente tanto en los considerandos del texto publicado en el diario oficial como en el debate de parlamentarios a que fue sujeta, y en el que uno de los defensores de la nueva legislación, el diputado Benjamín Halevy (del partido del centro que dirige el viceprimer ministro Yadim) declaró que las misiones cristianas «eran un cáncer en el cuerpo de la nación».
La señora Shulamith Aloni (diputada del Movimiento por los Derechos del Hombre) afirmó, por su parte, que los judíos que viven hoy en su Estado soberano deberían liberarse de los traumatismos nacidos de la inquisición y la cruzada. Tanto más cuanto -añadió la señora Aloni- las estadísticas muestran que cada año varios centenares de cristianos se convierten al judaísmo (en Israel), contra cuatro o cinco judíos que se hacen cristianos.
La votación de esta ley provocó el pánico en el seno de la pequeña comunidad cristiana (2,5% de la población total) que vive en el Estado hebreo. El United Christian Council -que agrupa a las iglesias protestantes en Israel envió telegramas de protesta al primer ministro Begin y al presidente Katzir. El delegado apostólico en Jerusalén alertó a la Santa Sede, y ya con ocasión de la última visita al Vaticano del ministro israelí de Asuntos Exteriores, Moshe Dayan, el mes pasado, la cuestión fue abortada por el secretario de Estado del papa Pablo VI.
Este corresponsal supo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que el señor Dayan se opuso a la nueva legislación y que incluso intervino cerca del señor Begin para que no fuese presentada a la Knesset. Sin embargo, el primer ministro ya se había comprometido a este respecto con los partidos religiosos que forman parte de la coalición del Gobierno.
Por otra parte, se ha sabido que, con ocasión del congreso judeo-cristiano que tendrá lugar el mes próximo en Madrid, los participantes cristianos en este coloquio piensan abordar lo que ellos califican de «los peligros de una campaña anticristiana en Israel».
