Por una Administración al servicio de toda la sociedad

Secretario general del Sindicato Unitario de la Administración públicaAnte las elecciones sindicales observamos una nueva discriminación de los trabajadores de la Administración pública (TAP) respecto al resto de los trabajadores del país. Discriminación que debe ser motivo de reflexión tanto por parte de los trabajadores que estamos encuadrados en este sector como por el resto de la sociedad, a cuyo servicio debería estar encaminada la labor realizada por la Administración pública.

Un somero análisis de la situación actual de la Administración pública nos proporciona razones suficientes por las cuales la burocratización de ésta va en aumento, beneficiando de esta forma a un pequeño sector de nuestra sociedad, aquel más cercano a los órganos de poder de la misma y potenciando así el poder económico y político de quienes están representados hoy por las corrientes ideológicas más ligadas al anterior régimen totalitario (UCD y AP).

Para alcanzar el objetivo democrático de una Administración al servicio de toda la sociedad tienen que realizarse auténticas transformaciones de fondo que acaben con la corrupción y privilegios hoy existentes.

Los primeros pasos para llegar a esta nueva Administración deben estar encaminados a resolver los problemas internos de la misma: existencia de contratos y subcontratos que mantienen en situación irregular a miles de trabajadores, marginamiento de los derechos inherentes a todo trabajador, de sectores como el personal civil al servicio de la Administración militar, guardas forestales, etcétera, mantenimiento de sueldos de miseria y jubilaciones irrisorias junto a salarios de auténtico escándalo, restricciones a la libertad de acción sindical hoy sujeta a la arbitrariedad del oficial o jefe de personal de turno... Simultáneamente es necesaria la apertura de la Administración a la sociedad, poniéndola en contacto con las asociaciones de vecinos, agricultores, ganaderos, consumidores..., que junto con los TAP han de controlar todas y cada una de sus actuaciones.

Para el Sindicato Unitario, las elecciones sindicales deben ser el marco adecuado para empezar a efectuar los cambios previos a esta profunda transformación de la Administración, pero para ello han de realizarse en un ambiente de libertad, hoy inexistente.

En este sentido es necesario que:

- La normativa electoral sea conocida por los TAP antes de ser aprobada por decreto, exigencia que debe aplicarse a cualquier otro decreto que nos concierna, como es el caso del de retribuciones, estatuto, etcétera.

- No se deniegue la celebración de asambleas donde se discutan todas las opciones existentes en el seno de la Administración, facilitando medios de propaganda, libertad de movimientos, acceso a información, etcétera.

- Los representantes sean elegidos directamente por los trabajadores, siendo inaceptable cualquier injerencia en este sentido.

- Los TAP tengan los mismos derechos y obligaciones que el resto de los trabajadores, incluidos los derechos de negociación colectiva y huelga.

- No se produzcan nuevas divisiones del personal, tales como separación a la hora de votar de funcionarios, contratados y subcontratados, personal laboral, etcétera, así como de algunos sectores «conflictivos» (PNN, Justicia...).

El Sindicato Unitario luchará para que todas las centrales sindicales democráticas, junto con trabajadores no afiliados, vayamos juntos en una misma candidatura a las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales no se convertirían así en una batalla entre sindicatos por conquistar la hegemonía. Batalla que indudablemente sólo favorecerá a los sindicatos llamados «independientes», «apolíticos» o «profesionales», tras de los cuales se oculta la Unión de Centro Democrático.

Sólo una unidad de las centrales sindicales democráticas alrededor de puntos comunes que hoy, pese a nuestras diferencias, existen en el ámbito de la Administración, garantizará la formación de unos organismos unitarios capaces de asumir consecuentemente la defensa de los intereses de los trabajadores de la Administración pública.