Huelva, más gases tóxicos que puestos de trabajo

A golpe de un argumento de dudosa validez «sin industrias no hay contaminación» los desarrollistas españoles han querido convencer a los onubenses de la inevitabilidad de respirar malos humos si querían un puesto de trabajo. Un lustro después de la primera piedra del polígono de desarrollo los habitantes de Huelva han visto cómo emigraban 38.000 personas y cómo se perdían, casi en el mismo período de tiempo, 17.000 puestos de trabajo a la vez que la provincia pasaba del lugar cuarenta al 42 entre las provincias españolas. Es evidente que no sólo de gases tóxicos -aunque gocen del carácter de permitidos por la ley- vive el hombre. José Aguilar ha preparado el siguiente informe.

El 6 de septiembre de 1977 la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA), acordó por unanimidad «recomendar la adopción de medidas necesarias para reducir los actuales índices de contaminación en Huelva, corregir sus errores de planeamiento y enfocar la ordenación futura de la zona con una mayor preocupación ambiental». Dieciocho días más tarde aparecía en el Boletín Oficial de la provincia un edicto del Ayuntamiento de Palos de la Frontera concediendo los diez días que marca la ley para quienes desearan formular observaciones de etileno, benceno, metanol, cloro-sosa y otras sustancias químicas.La lectura de un extracto del expediente presentado por la Unión de Explosivos Ríotinto, empresa promotora de dicha industria, alerta sobre el drama que vive Huelva, cuyo desarrollo de los últimos años ha consistido casi exclusivamente en el crecimiento incontrolado de una actividad industrial, la química, que envenena su atmósfera y sus aguas.

Así, el apartado dispositivos de seguridad señala textualmente: «Este apartado, por su importancia, merecería un tratamiento especial y un cuidadoso estudio. El cloro obtenido en esta planta es un gas muy tóxico y la sosa es un agente peligroso. Por tanto, el diseño de las instalaciories y los dispositivos de seguridad tendrán en cuenta estos factores.» A pesar de esta parquedad e inconcreción sobre la seguridad de la industria en cuestión el expediente está sellado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo (abril de 1975).

No hay ni que decir que la instalación de este tipo de industrias recibe un trato de favor por parte de la Administración: preferencia en la obtención del crédito oficial, expropiación forzosa, reducción del 95% de la cuota de licencia fiscal durante el período de puesta en marcha y un largo etcétera de privilegios. La justificación oficial de este apoyo, paralelo a la falta de exigencia para que las empresas hagan inversiones contra la contaminación, incluso se comenta en Huelva que ni siquiera tienen licencia municipal para construir, es simple: crean riqueza y puestos de trabajo en la provincia. El delegado de industria, José Moya, comenzaba así su informe a la comisión creada por el Gobierno Civil para el estudio de la contaminación del medio ambiente: «Sin industrias no hay contaminación. La contaminación es un tributo que hay que pagar.»

Humos y poco más: los beneficios emigran

La verdad es que el polo de desarrollo, a pesar del triunfalismo de las autoridades, no ha servido para dinamizar la vida económica de esta provincia ni ha impedido la desertización de casi todos los municipios. En el decenio 1960-70 ha disminuido en 17.000 el número de puestos de trabajo y han emigrado 38.000 personas. El polo no lo ha evitado, como tampoco impide que las rentas del capital salgan de Huelva para reinvertirse donde la casa matriz nacional o multinacional estime más ventajoso. Un último dato: entre 1964 y 1973 Huelva pasó de lugar cuarenta al 42 entre las provincias españolas, según su renta familiar disponible.Dos de los profesionales onubenses más preocupados por el problema, José Ramón Moreno, decano del colegio de arquitectos, y Manuel Pérez, del de aparejadores, replicaron de esta forma al delegado de industria: «En realidad la provincia en su conjunto ha estado totalmente abandonada durante estos últimos años. Los datos de paro, disminución de la población activa, emigración y escasa renta familiar disponible, son los resultados lógicos de una política económica provincial desordenada y poco coherente, que atribuyó a un conjunto de industrias básicas, de muy escaso efecto multiplicador, una función que nunca podrían haber cumplido.»

Junto a esta falta de un auténtico beneficio para los ciudadanos de Huelva se alzan los perjuicios innegables de una constante degradación del medio ambiente, que afecta ya a la salud y la seguridad de una población de 120.000 habitantes. Huelva es hoy un prototipo de zona deprimida, empleada abusivamente por el capital nacional y multinacional para instalar industrias que no son soportadas en otras zonas o lo son siempre que se tomen enérgicas medidas anticontaminantes.

Contaminación "legal", pero peligrosa

Si bien la citada comisión de estudio llegó a la conclusión de que la contaminación atmosférica se mantiene dentro de los límites legales, «aunque en algunos casos puedan presentarse síntomas molestos», lo cierto es que entre febrero de 1975 y el mismo mes de 1977 ha habido en la ciudad veintinueve días de contaminación grave, veinte de situación no admisible, ocho de emergencia de primer grado y uno de emergencia total. En este último caso los onubenses tuvieron la suerte de que la enorme nube de gas tóxico se canalizase a través del río Tinto en vez de dirigirse hacia sus casas. Pero es que los datos controlados por la Jefatura Provincial de Sanidad se refieren sólo a dos agentes contaminantes: anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión (humos) y los límites permitidos por la vigente legislación española son increíblemente altos y no resisten comparación con los de ningún país civilizado.

Nube especial para 220 familias

El caso es que el paseo marítimo de la Punta del Sebo, donde se encuentra la industria química y petroquímica, era la playa popular de Huelva y se ha convertido en un lugar de humos y aguas impuras. Dentro de él están los tres bloques de viviendas, con 220 familias en su interior, cuyo traslado se ha pedido reiteradamente por hallarse en una «zona íntegramente industrial» donde los modestísimos límites legales son vulnerados cada día.Con respecto a la contaminación de las aguas, la propia comisión estima que la situación de la provincia es pésima a causa de los vertidos industriales, que contienen importantes residuos sólidos, y de las aguas fecales, que en la capital se vierten sin depurar por once puntos distintos. La desembocadura de los ríos Odiel y Tinto son ya auténticas cloacas, y, si no se toman medidas urgentes, en pocos años se verán afectadas las famosas playas de Punta Umbría y Mazagón.

Si a todo ello se añaden el peligro que supone el transporte por carreteras muy pobladas de sus tancias tan peliglosas como el ácido sulfúrico, los olores nauseabundos de la celulosa instalada en San Juan del Puerto, el Proyecto de central nuclear y las plantaciones masivas de eucaliptus en el Andévalo, que está trastocando la economía de los pueblos serranos, basada en la industria del cerdo, se comprenderá cuál puede ser el futuro inmediato de la provincia.

Plan de emergencia inoperante

La comisión para el estudio de la contaminación del medio ambiente en Huelva acordó urgir a la Administración para que se adopten un plan sistemático de medidas de seguridad, regulando el transporte de sustancias tóxicas, inflamables o peligrosas e imponiendo rigurosas medidas de seguridad a las fábricas, evite en adelante la concentración irracional y planifique las acciones a realizar en caso de catástrofe (el plan, de emergencia actual es inoperante, según el delegado de Industria) y se amplíe el plazo de información pública de los proyectos de instalaciones industriales que ahora es de ocho días.A medio y largo plazo las soluciones irían encaminadas a suprimir la actual proliferación de normas en materia de medio ambiente mediante la promulgación de una ley globalizadora, tipificar adecuadamente en el Código Penal, el delito de contaminación y crear un órgano estatal de defensa del medio ambiente en sustitución de las múltiples competencias administrativas que hoy existe. Y, en el fondo, cambiar el modelo de crecimiento económico por uno más atento a las necesidades colectivas.