Luz verde a las cajas rurales

Numerosos rumores de los últimos días indican que se encuentra en estudio una nueva regulación de las cajas rurales cooperativas, tal como estaba previsto en el pacto de la Moncloa. Estas instituciones, vitales para resolver el tema de la financiación de la agricultura, gozan del honor de ser mencionadas en dos capítulos del propio pacto en el de la reforma del sistema financiero y en el de política agraria. Ello es lógico dado el especial carácter de estas entidades que son, por un lado, bancos y, por otro, sociedades cooperativas, básicas para desarrollar una política agraria estable y racional.Y como son tan importantes, hay que legislar sobre ellas con extremo cuidado.

El conjunto de cajas rurales provinciales, en las que evidentemente hay que apoyar la nueva organización haciendo que las comarcales y locales se asocien a ellas, contaba a finales de 1977 con unos depósitos que superaban los 150.000 millones de pesetas, de los cuales casi una tercera parte están en tesorería. Algo habrá que hacer para desbloquear esa ingente cantidad de dinero y algo habrá que decir sobre quién lo controla.

En el sistema de cajas rurales, como en muchos otros importantes de la economía del país, el poder de los hombres del antiguo régimen es todavía considerable; así lo confirma el historial político del actual presidente de la Caja Rural Nacional y el de algunos presidentes de importantes cajas provinciales. Además de este influyente bloque de personas, existen una serie de cajas comarcales (principalmente en Cataluña y Levante) de mayor importancia, incluso, que muchas provincias y que, según todos los indicios, se hallan controladas por sectores muy próximos al Opus Dei. Y para completar el cuadro, hay provincias en que la Caja Rural es tan próxima al área del poder político que se ha convertido en auténtico bastión de UCD para ganar elecciones municipales y legislativas.

La materia es, pues, quizá más política que económica; por eso su tratamiento no puede ser enfocado, como nos tememos que lo está siendo, con la asepsia de la tecnocracia sino con toda la carga que social y políticamente tiene el sector agrario, sus organizaciones sindicales, sus parlamentarios y, también, por el propio Ministerio de Agricultura. Este último tiene la auténtica obligación de exigir en un tema que puede ser trascendental para el desarrollo rural.

En un corto artículo es difícil proponer líneas concretas para una regulación legislativa de amplias consecuencias. No obstante, hay aspectos fundamentales que no se pueden dejar de señalar:

1. Junto a una regulación técnica de la materia hay que propiciar la reforma profunda de personas y estilos en estas entidades.

2. Cualquier legislación que se proponga ha de asegurar que los fondos de las cajas, ahorrados por los habitantes del medio rural, se destinen íntegramente a actividades en dicho medio. Decimos rural y no sólo agrario.

3. Lo lógico es que la organización del sistema tienda a favorecer una estructura piramidal ordenada tal como ocurre en los países desarrollados de Europa con tradición en el crédito cooperativo rural.

4. Las cajas rurales deben operar como auténticos bancos en el campo. Que no se confíe en la actuación de la banca privada y cajas de ahorro, pues ambos han sido el vehículo principal de la «emigración monetaria» sufrida por el campo español.

5. Que se tenga en cuenta el carácter esencialmente cooperativo de estas instituciones y se respete la historia y tradición legislativa, que se remonta a 1906. A estos efectos conviene señalar también que las cooperativas rurales siempre han gozado de legislación específica y difícilmente, pueden regularse por las mismas normas que las cooperativas «de asfalto».

6. La regulación es urgente, pero hay que hacerla bien. Han de crearse comisiones de estudio -al margen de la interministerial para temas cooperativos recién establecida- en las que participen todos los interesados, que no son sólo las cajas de ahorro.

Por último, merece la pena destacar que el sistema de crédito rural francés es el más perfeccionado del mundo y que a él intentan tender otros países. Dicho sistema se basa en unas cajas de crédito mutuo locales y regionales autónomas que tienen en la cima de la pirámide una entidad de derecho público (la Caja Nacional de Crédito Agrícola) que garantiza el enlace entre el ahorro campesino y la ayuda crediticia estatal al sector. Como no es fácil inventar un sistema mejor y como, además, en España existen ya las bases institucionales para adoptarlo, nos pronunciamos inequívocamente a su favor.