Cuatrocientos vecinos de Aluche se querellan contra la constructora de sus viviendas

Más de cuatrocientos vecinos residentes en la calle Quero, en Aluche -aún no se conoce el número exacto de afectados-, interpusieron el día 24 de este mes una querella criminal contra tres de los directivos de Maor, SA, empresa constructora de sus viviendas, acusándoles de una supuesta estafa por valor de 110 millones de pesetas. Según la querella, Javier Castarlenas y Antonio Coca, como administradores, y Angel Luis Encinas, como representante de la empresa en la firma de las escrituras de propiedad, ocultaron a los compradores la existencia de una hipoteca contraída con la caja de ahorros por el valor indicado anteriormente, en pesetas de 1970, fecha en la que se efectuó la operación.

La empresa pagó las cuotas semestrales hasta el año 76. La hipoteca concluye en 1980, por le que restan de pagar unos cincuenta millones. La caja de ahorros avisó entonces a los propietarios de los pisos -muchos de ellos habían terminado totalmente de pagarlos- de la deuda pendiente, y les instó por vía de apremio a hacerse cargo de la misma. La ley permite a la caja sacar las viviendas a subasta en un plazo muy rápido, apenas de dos meses, aunque, por ahora, ha paralizado las actuaciones.En una rueda de prensa convocada el viernes por los afectados, se explicaron los principales aspectos de la situación. El delito de mayor trascendencia de que se acusa a los directivos de la empresa es de falsedad de documento público, ya que tanto en el contrato de compra-venta como en la escritura pública de propiedad, las viviendas figuran como libres de cargas. Se da lacircunstancia de que uno de los acusados, Francisco Javier Castarlenas, estuvo ya procesado hace varios años por motivos similares.

El fundador y principal accionista de Maor fue Florentino Martínez, persona conocida como uno de los mayores propietarios de suelo de toda la zona sur de Madrid. Actualmente se desconoce si continúa ligado a la sociedad. En 1968 entró como administrador Antonio Coca, apoderado al mismo tiempo de Coca Construcciones, SA. En 1970 se contrajeron las hipotecas, y en 1972 se comenzaron a otorgar las escrituras públicas, firmando en nombre de la empresa el tercer encausado, Angel Luis Encinas.

Según explicó el abogado de los denunciantes, apoyados por la Asociación de Vecinos de Aluche, al interponer la querella se pidió la detención de todos ellos, por dos razones. Primero, porqueno todas las operaciones de la empresa figuran en el registro mercantil, por lo que su declaración podría alumbrar nuevas responsabilidades. Segundo, porque si estas personas, en caso de ser consideradas como culpables, hubieran tenido tiempo antes de desembarazarse de sus bienes personales, no podrían responder al pago de la deuda, y es muy posible que aún así tuvieran que ser los vecinos quienes pagaran los casi cincuenta millones que quedan pendientes.

En la rueda de prensa se puso de manifiesto el deficiente marco legal que permite realizar este tipo de acciones irregulares, ante las que los compradores se encuentran casi desarmados. Se recordó que el famoso caso de Nueva Esperanza ocurrió en 1967, por lo que la Administración ha tenido tiempo suficiente de adoptar medidas legales que evitaran ulteriores repeticiones.

Se hizo hincapié asimismo en que ni la caja de ahorros se preocupó de constatar si los vecinos conocían la solicitud de la hipoteca, antes de otorgarla, ni el funcionario del registro avisó de la contradicción de que unos pisos que él anotó como libres de cargas, estuvieran hipotecados. Aunque la ley no les obliga específicamente a hacerlo, una intervención de buena voluntad en este sentido hubiera evitado el suceso.