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Pleno del Congreso

Duelo UCD-AP a propósito del trasvase Tajo-Segura

El Congreso de Diputados ejerció ayer un parlamentarismo carente de decisiones legislativas, pero muy florido de ataques políticos, casi siempre de guante blanco, e intervenciones a la defensiva. Cuatro interpelaciones de otros tantos diputados hicieron bajar a la arena del debate político a distintos miembros del Gobierno. Especial interés tuvo el duelo UCD-AP, con ataques mutuos, aunque lubrificados por el tono humorístico del ministro Joaquín Garrigues y los ex ministros de Franco Licinio de la Fuente y Gonzalo Fernández de la Mora. La sesión se desarrolló con notables ausencias de diputados, especialmente en el banco azul, en donde ni el presidente -aquejado de gripe- ni ninguno de los tres vicepresidentes hizo acto de presencia.

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Al comienzo, el presidente del Congreso, Fernando Alvarez de Miranda, se refirió al tema de máximo comentario en los pasillos -el atentado contra Joaquín Viola y su esposa- en términos de dura condena por el asesinato, «producto del rencor y de la mala fe» y que atenta «contra la convivencia y el Estado de Derecho». La mayor carga política de la sesión traspasó el enunciado y el contenido de las interpelaciones.

La relativa al conflicto de Land Rover Santana (empresa que se vio afectada por una huelga desde el 7 de octubre al 15 de noviembre de 1977, y por la que fueron despedidos 21 trabajadores) se convirtió en un combate Marcelino Camacho (diputado comunista y líder de Comisiones Obreras) y Manuel Jiménez de Parga (ministro de Trabajo), si bien el destinatario de los ataques de Camacho, que se esforzó en salvar al ministro, fue el empresariado bunkerista y determinados aplicadores de la legalidad, concretamente algunos magistrados de Trabajo, que en opinión del diputado comunista aplican las leyes con criterios de la legislación franquista y no de la democrática. Cuando citó por su nombre al magistrado señor Del Burgo, el presidente del Congreso le rogó que se ciñera a la interpelación, y ante las críticas del diputado a una jurisdicción «que depende de un Ministerio y que fue creada en época de la dictadura» le amenazó con retirarle el uso de la palabra.

La interpelación sobre el trasvase Tajo-Segura, a cargo del diputado de Alianza Popular Licinio de la Fuente, sirvió para que UCD y AP se enviaran la pelota de las responsabilidades del trasvase y reclamaran, en cambio, sus éxitos posibles. El ministro Garrigues recordó al interpelante que a su derecha se sentaba quien le podría responder -Gonzalo Fernández de la Mora, antiguo ministro de Obras Públicas- o el también ex ministro de Obras Públicas y diputado de AP Federico Silva, durante cuyas respectivas gestiones -y siendo también ministro Licinio de la Fuente- se inició el trasvase.

Entre risas de los diputados por los lances parlamentarios que se sucedieron, Fernández de la Mora replicó a la alusión, tras sentirse defraudado porque el admirado ministro hubiera caído en la tentación de citarle («a esta Cámara no le interesan las personas -dijo textualmente-, sino las cosas»), que le permitía sentirse orgulloscí ante el hemiciclo por haberse subastado las obras del pretrasvase durante su gestión ministerial.

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«Ese orgullo me ha dejado a mí sin presupuesto», replicó Garriges, ya entre las risas generales. También Licinio de la Fuente lamentó haber entrado en ese terreno, en lugar de limitarse el ministro a contestar a lo que se le preguntaba, aparte de que el argumento podía volverse contra la propia UCD, en cuyo seno existen ex ministros (no citó al también de Obras Públicas Leopoldo Calvo Sotelo), subsecretarios y directores generales que también podrían contestar sobre la etapa anterior.

Remató la discusión el ministro Garrigues asegurando que no había cedido a la verdadera tentación política: cuestionar la legitimidad de los anteriores Gobiernos.

Las cuatro interpelaciones defendidas fueron las relativas a los sucesos ocurridos en Land Rover Santana (PCE); gratuidad y libertad de enseñanza (grupo mixto); trasvase Tajo-Segura (AP) y situación de la Administración de Justicia en Cataluña (minoría catalana). Una quinta interpelación, que debió ser defendida por Xabier Arzallus, se pospuso para el próximo Pleno, ya que el diputado vasco se encuentra en Estrasburgo. El Pleno escuchó también una pregunta de Antonio Carro (AP) sobre la vía rápida a través de la costa de Lugo.

Marcelino Camacho (PCE). Criticó el desarrollo del conflicto en Land Rover Santana por lo que se refiere a la actuación de las fuerzas de orden público y de las autoridades gubernativas. Recordó que, con un comportamiento bunkeriano, los patronos habían dejado claro que no se trataba de un problema económico (los trabajadores Pedían 7.000 pesetas mensuales de aumento), sino de dejar claro quién mandaba.

Manuel Jiménez de Parga (Ministerio de Trabajo). Aseguró que el señor Camacho había omitido la falta de unidad y fuertes discrepancias entre los representantes de los trabajadores de la empresa citada y leyó varios documentos que lo demostraban. Por lo que se refiere a la actuación de su Ministerio, explicó todos los pasos dados para la resolución del conflicto, y señaló que no pudo lograrse la reunión conjunta de las partes intentada por su departamento.

Gratuidad y libertad de enseñanza

Hipólito Gómez de las Roces (grupo mixto). Rechazó la escuela única y aseguró que no existe igualdad si no se asegura la libertad de elección y de formación religiosa y moral de los alumnos. Centró su intervención en la ausencia de alusión a los deficientes físicos y mentales en los pactos de la Moncloa, a pesar de que la población subnormal española sólo está atendida en un 20 % a efectos educativos.

Iñigo Cavero (ministro de Educación y Ciencia). Contestó que el pacto de la Moncloa no es un programa de Gobierno y que las líneas educativas de su departamento fueron expuestas ante la correspondiente Comisión del Congreso y lo serán en fecha próxima de nuevo. Adelantó que en 1978 van a ser cubiertos 870.000 puestos escolares, de ellos 700.000 de acuerdo con lo pactado en la Moncloa.

Licinio de la Fuente (AP). La filosofía de su intervención la apoyó en el refranero («No desnudar un santo para vestir a otro») y aportó datos sobre la situación económico-social de las provincias de la cuenca del Tajo, que podrían verse perjudicadas por el trasvase, en relación con las de la cuenca del Segura.

Joaquín Garrigues Walker (ministro de Obras Públicas y Urbanismo). Tras aludir a las resporisabilidades de los ex ministros de Obras Públicas hoy diputados de AP, informó que a los tres años de iniciarse la detracción de agua, sólo habrá pasado del Tajo al Segura el 10% del total de su caudal. Dio cuenta también del funcionamiento de depuradoras, cuya inversión asciende a 1.700 millones.

Miguel Roca (Minoría Catalana). El diputado señor Roca, después de condenar el atentado mortal contra el ex alcalde Vioba y su esposa, comenzó diciendo que la administración de la justicia en Cataluña y, de forma especial, en la provincia de Barcelona, es alarmante.

Landefino Lavilla (ministro de Justicia).

El ministro de Justicia informó que el Gobierno piensa remitir a las Cortes varios proyectos,de ley con el fin de paliar estas anormalidades que afectan no sólo a Cataluña, dijo, sino a todo el Estado español. Estos proyectos de ley contemplan nuevas retribuciones del personal judicial, revisiones de competencia de órganos jurisdiccionales, ampliación de las competencias libres de audiencias provinciales, así como nuevas demarcaciones de los órganos judiciales de distrito.

También piensa el Gobierno, señaló, en un nuevo reglamento de la escuela judicial.

Antonio Carro (Alianza Popular). El señor Carro preguntó al ministro de Obras Públicas sobre la necesidad de construir una vía rápida a través de la costa de Lugo, dado el desarrollo creciente de aquella zona y el problema de comunicaciones de la misma. Otra pregunta del señor Carro sobre el Hospital Provincial de Lugo hubo de aplazarse por la inasistencia, al Pleno del ministro de Sanidad.

Joaquín Garrigues (ministro de Obras Públicas y Urbanismo). El señor Garrigues dijo que el Ministerio de Obras Públicas no tiene previsto por el momento construir dicha carretera, ya que el presupuesto de su departamento para este año es restringido.

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