Probable demora a la investigación de viviendas desocupadas en Carabanchel

En Carabanchel Bajo existen entre trescientas y cuatrocientas viviendas de protección oficial no ocupadas por sus adjudicatarios. Después de un trabajo de varios meses, en el que una comisión de mujeres recorrió bloque por bloque de la zona, se ha presentado ante la Delegación Provincial de la Vivienda una lista de treinta casos comprobados. El mismo inspector de la delegación informó a los vecinos que muchos de ellos tienen abierto expediente desde hace varios años. A pesar de ello, las promotoras de la investigación se muestran pesimistas en cuanto a lograr un desahucio que favorecería a alguno de los 2.000 chabolistas de Carabanchel, por la impresión inhibitoria que han sacado en sus conversaciones con la Delegación Provincial de la Vivienda.

Según informa la Asociación de Amas de Casa de Carabanchel, en estos años diversas personas, vecinas de los barrios, han presentado sus correspondientes denuncias ante la delegación provincial, ante el inspector o el administrador de zona. Este último ha mostrado a la comisión de mujeres un talonario con las copias de decenas de denuncias tramitadas a la sede central de la Delegación Provincial. En cambio, el subdelegado negó que se hubieran interpuesto denuncias, en una entrevista mantenida el pasado.Cuando se le enseñó una de ellas, fechada varios meses atrás, en la que figuraba el sello del registro de entrada de la delegación, el subdelegado se limitó a contestar que se habría perdido. «Ya saben ustedes lo que es la burocracia», vino a decir.

El citado inspector, señor Villaplana, informó asimismo que muchos de los pisos vacíos localizados por las mujeres tenían abierto expediente, desde hacía varios años, que todavía están sin resolver. E igualmente en la delegación les dijeron luego lo contrario; que no se conocían casos de adjudicatarios expedientados en aquella zona.

En aquella entrevista y en otra celebrada dos días antes, se acordó crear una comisión de investigación que detectara todos los pisos vacíos de las diversas colonias de protección oficial de Carabanchel. La comisión debía estar presidida por el inspector de la zona, quien acompañado de algunas mujeres de la asociación recorrería los bloques recabando datos. Ayer el inspector les notificó que no sería él quien realizara la investigación, sino que las gestiones las llevaría directamente la delegación, lo que ha sido interpretado por la Asociación de Amas de Casa como una forma de llevar el problema a una vía muerta.

Información a través de anónimos

Fue a mediados del año pasado cuando la Asociación de Amas de Casa, apoyada por la Coordinadora Provincial, se planteó un chequeo a fondo del problema de los pisos vacíos de Carabanchel, relacionándolo con las necesidades urgentes de vivienda por parte de los 2.000 chabolistas. El momento coincidió con el auge de las ocupaciones de pisos por el sistema de la patada a la puerta que se produjo por entonces en todo Madrid. Espontáneamente, muchas personas se acercaron a la asociación para facilitar direcciones que ellos sabían no estaban habitadas desde muchos años atrás. Paralelamente otro contingente de familias se dirigió a la asociación planteando su problema de vivienda.En muchos casos, el miedo de los vecinos informadores les hizo elegir un canal poco usual, como es el echar anónimos por debajo de la puerta, en los que se detaIllaba las direcciones en cuestión.

A partir de entonces, durante casi tres meses, varios equipos de trabajo de mujeres recorrieron bloque por bloque y puerta por puerta la colonia de Experimentales, formada por 950 viviendas de protección oficial. Las conclusiones a que llegaron es que sólo en esa colonia hay entre 150 y doscientas vacías, y el total de toda la zona podría ascender a más de trescientas. En treinta casos se ha comprobado que los adjudicatarios viven ya en otros barrios, y se conoce el nombre y la nueva dirección de la mayoría.

El miedo instintivo de los vecinos de los bloques consultados dificultaron bastante la investigación. Se han dado muchos casos en que las personas facilitaban datos de otros bloques, pero no del suyo propio, y viceversa. Otras veces se negaban a contestar cuando había otros vecinos cerca, para después alcanzarles en la calle y, ya a solas, proporcionarles los datos pedidos.

El paso siguiente fue concertar una entrevista con el delegado provincial de la Vivienda, a la que asistió en su nombre el subdelegado. Allí se acordó la constitución de una comisión mixta que llevara a buen término los desahucios y las nuevas adjudicaciones que legalmente fueran factibles.

En la siguiente entrevista, mantenida el día 11 con el encargado del servicio de inspección, señor Román, se entregó la relación acompañada de un informe visado por el Colegio de Arquitectos, en el que se explicaban las condiciones deficientes de viviendas de 31 familias, potenciales beneficiarios de la investigación, y un segundo informe médico demostrando la fuerte incidencia que ésas condiciones de vida producen en el auge de enfermedades de tipo reumático, bronquiales y asmáticas.

El pacto se retrasa

Las mujeres cifraban sus esperanzas de conseguir algo rápido por la vía legal en los acuerdos del pacto de la Moncloa referente a la vivienda, en los que se señala la «adopción de medidas eficaces para la utilización de viviendas desocupadas», así como «la investigación urgente sobre la ocupación actual de viviendas promovidas directamente por el Estado». Está claro que por ahora se han hecho pocas cosas en este sentido, y todavía sigue vigente un sistema de expropiación y desahucio que permite una serie de subterfugios que hace casi imposible su resolución antes de varios años.Otros aspectos del pacto de la Moncloa que afectan muy directamente al problema, y cuyo cumplimiento es reivindicado por la asociación, son los referentes a la «iniciación de las gestiones para descentralizar de inmediato la aplicación de la política de vivienda» y la «instrumentación de los mecanismos democráticos pertinentes para la adjudicación de viviendas de promoción directa». La asociación no quiere limitarse, como ahora, a presentar una investigación sobre la que luego decidirá directamente el director general de la Vivienda, sino que piden que el control ciudadano implique también el momento de las nuevas adjudicaciones.