"Los vigilantes jurados no estamos bien preparados para ejercer nuestro cargo"

Cinco días después de la muerte ocurrida en el subterráneo de Azca, una representación de vigilantes jurados, miembros de Comisiones Obreras y Unión Sindical Obrera, se entrevistaron con Rodolfo Martín, ministro del Interior, para denunciar la falta de preparación de todo tipo con que prestan sus servicios estos trabajadores, que, armados con un revólver, representan a la autoridad en entidades bancarias y comercios.«Firmé un contrato laboral y a las veinticuatro horas estaba trabajando en un banco, sin haber hecho uso del arma ni una sola vez», manifestó uno de los vigilantes jurados que se entrevistó con el ministro del Interior. «No disparamos, en ejercicios, ni veinte cartuchos al año. Yo entré en marzo de 1975; desde entonces sólo he ido a ejercicios de tiro una vez, en la que me dejaron disparar cinco veces», informó uno de sus compañeros.

Según los decretos oficiales, una persona que sea española, mayor de veintiún años, con el servicio militar cumplido, que posea una aptitud física precisa para el desempeño del trabajo, tenga una instrucción suficiente y carezca de antecedentes penales por delito doloso, puede ser vigilante jurado. Junto a estos requisitos se pide, asimismo, que el solicitante observe buena conducta pública y privada y no haya sido expulsado de ningún centro u organismo del Estado, provincia o municipio. «Pero esto no es suficiente. Yo llegué con un certificado de buena conducta, uno de penales, un certificado médico y una partida de nacimiento y empecé a trabajar. Los mismos trabajadores reconocemos ahora que no estamos demasiado preparados, ya que las empresas no nos dan los medios para ello, a pesar de que estamos hartos de denunciarlo.»

Los miembros del comité estatal de Vigilancia y Seguridad están de acuerdo: «La gente está mal preparada en todos los terrenos. Hay personas a las que se les ha dado una pistola y no tenían que llevarla. »

El motivo de esta deficiente preparación se debe principalmente a que, si bien al principio las empresas de seguridad, de acuerdo con el decreto regulador, contrataban con preferencia a personal de la Policía Armada, Guardia Civil o Policía Municipal que hubiera estado en activo por lo menos cinco años, el auge que experimentó este tipo de empresas en 1974 y 1975 hizo que la demanda fuera muy importante, motivo por el que numerosas personas que se encontraban sin trabajo pudieron acceder a este puesto con escaso o nulo conocimiento de armas y autodefensa.

De los 1.500 vigilantes que existen en Madrid en la actualidad, una cifra «siempre superior al 50%», según las empresas, y «cercana al 30%», según los trabajadores, proceden de las fuerzas de orden público. «Como es lógico, no todos los que procedemos del servicio civil somos cazadores, miembros de la Federación de Tiro o sabemos defensa personal.»

Ante esta situación los trabajadores que se entrevistaron con el señor Martín Villa solicitaron y consiguieron la creación de una comisión que, formada por vigilantes jurados, un miembro del Ministerio, el subsecretario de Orden Público y el comisario general de Documentación y Personal de la Guardia Civil, estudiara el borrador de un Reglamento del Vigilante Jurado, del que sólo existe, por el momento, uno propuesto por los trabajadores y sobre el que se va a trabajar.

Según éste, la preparación tanto técnica como física en sus variantes teórica y práctica estaría regulada por unos artículos en los que los trabajadores, en su borrador, solicitan «clases intensivas de dos horas durante cinco días, en las que se aprenda identificación, manejo, funcionamiento del arma, así como manejo de sistemas de alarmas, prácticas de tiro, defensa personal, desarme y reducción del individuo, colocación de esposas y manejo de la porra o defensa reglamentaria».

Junto a estas peticiones de clases, otros artículos del borrador, referidos a la periodicidad en la preparación, regulan «la práctica del tiro una vez cada sesenta días, en la que se realizarán quince disparos y dos sesiones, una teórica y otra práctica, de dos horas de duración, también cada dos meses».

Las empresas dicen cumplir

«Seleccionamos a nuestro personal, bien entre las fuerzas de orden público, como ocurre en casi la totalidad de las provincias, o entre personas que han practicado artes marciales, tienen inquietud por las armas, o que, carentes de trabajo, se sienten identificadas con el vigilante jurado. Esto último, sucede en Madrid y Barcelona», manifestó Mario González Chamorro, directivo de la empresa Esabe Express, con quien EL PAIS habló sobre el tema.

«El hecho de que escojamos a personal jubilado de las FOP no se debe a que sea más barato, como se ha dicho, sino a que el haber estado veinte o veinticinco años de servicio ha creado una disciplina en el individuo y una costumbre al arma que lleva.»

Con respecto a la contratación de personal, el señor González manifestó que tras la solicitud, comprobación de referencias y cuestionario, los trabajadores deben pasar un test sicotécnico «en el que se pretende medir su perfil físico y somático, su estado de agresividad, inestabilidad emocional, criminalidad, ascendencia y sumisión y otros factores que nos servirán de índice a la hora de la entrevista, que con los antecedentes son los puntos más importantes en los que nos basamos para contratar a una persona. Sin embargo, y aunque esto es necesario, le puedo asegurar que somos la única empresa que ha hecho esto».

Aunque ningún vigilante ha tenido que usar el arma, reciben un entrenamiento en el que se les explica el funcionamiento del revólver, calibre 38, que van a recibir. Después de cada dos meses van a tiro en la galería del regimiento Inmemorial del Rey, en donde hacen quince disparos tanto de precisión como de tiro instintivo. «De todas formas, y a pesar de que les pagamos las dos horas extraordinarias que usan para practicar el tiro, el índice de absentismo llega a un 20%.»

Sobre la preparación recibida de defensa personal, el señor González manifestó que «los trabajadores no pusieron un interés especial. Además, el vigilante jurado no es un hombre de choque; una persona que se enfrente a un arma no puede usar la defensa personal».

Consultada la empresa Prosesa, compañía en la que trabajaba el vigilante jurado protagonista de los sucesos de Azca, su apoderado en Madrid, Gregorio Alvarez, manifestó que «estamos dentro de las normativas y no tenemos nada más que decir. Elegimos a nuestros hombres en las fuerzas de orden público, según el decreto, en un ochenta o 90%. Los requisitos que pedimos son los que marca el decreto. Naturalmente que se hacen tests y ejercicios de tiro. Los trabajadores van a tiro tres o cuatro veces al mes, y nunca menos de dos».

Entretanto trabajadores de todas las empresas representados en el Comité de Vigilancia y Seguridad comentan, «sin dar nombres, porque cualquier comentario sobre mejoras y servicios es falta grave, según el convenio», que no existe el período de entrenamiento fijado por convenio en quince días; «no hay retenes suficientes, alguna empresa ha llegado a dar a sus vigilantes de seguridad que no pueden ir armados pistolas de juguete, de esas detonadoras, en tanto otras se niegan a darnos los títulos gubernativos que nos acreditan. Todo ello, unido a la falta de entrenamiento y de preparación, hace que al no adoptar los patronos las medidas oportunas, nos seguirán colgando el sambenito de que casos como el de Azca, sobre el que no hemos obtenido ninguna clarificación, se puedan producir en cualquier momento».

Incierto futuro de la profesión

El articulo séptimo del decreto 2.113, fechado el 23 de julio, dice que «los gobernadores civiles dispensarán la obligación de mantener vigilantes jurados a los bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito que reúnan una serie de requisitos técnicos, entre los que se encuentra tener un dispositivo de alarma conectado con centros policiales, protección del recinto de caja con blindaje antibala, cámaras acorazadas con sistema de apertura automática retardada, cámaras fotográficas y circuitos de televisión».

«Eso es poner en la calle a todos los que hemos sido contratados para una misión específica, -dicen los vigilantes-. Rescindido el contrato por los bancos, nos dejan sin trabajo, ya que las empresas no buscan nuevos puestos para nosotros. Si a algunas personas mal preparadas emocionalmente se les une a la falta de entrenamiento una inestabilidad laboral, lo verdaderamente extraño es que no ocurran más hechos en los que el vigilante sea el protagonista y el pagano de la situación.»