"Como el Concordato, la ley de Libertad Religiosa de 1967 es un cadáver jurídico que debemos enterrar ya"

La ley de Libertad Religiosa de 1967 «es un cadáver jurídico que hay que enterrar cuanto antes, y yo estoy aquí para enterrarlo. Lo mismo pasa con el Concordato, al que el Gobierno le ha dado dos años de plazo para desaparecer declaró ayer a EL PAÍS el director general de Asuntos Religiosos, Eduardo Zulueta, quien nos comentó las recientes reuniones de todas las confesiones religiosas existentes en España para sugerir la abolición o, en todo caso, la reforma radical de la legislación citada.

El señor Zulueta, que es creyente, considera que a la Iglesia católica el movimiento hacia la libertad religiosa total le beneficia más que a ninguna otra confesión, «porque es en la discusión y en la libertad donde se consolidan las creencias. Por otra parte, estimo que en un régimen de aconfesionalidad como el que va a tener el Estado español, la existencia de libertad de credos es favorable por igual a todos». Para el director general de Asuntos Religiosos, el proceso actual es la culminación del eslogan que su departamento se propuso poner en práctica cuando él tomó posesión, con el primer Gobierno de la Monarquía. «Entonces pretendimos crear una Iglesia libre en un Estado libre, y estamos a punto de conseguirlo.»Un punto clave en ese proceso fue el acuerdo al que el Estado llegó con la Iglesia católica para dejar otorgar las subvenciones en función de la bondad o de la maldad de determinadas diócesis. Al recibir la Conferencia Episcopal una cantidad globalizada, que repartirá con criterios eclesiales y no políticos, el Estado se separó de la Iglesia y logró una situación de independencia que, según el señor Zulueta, ha hecho posible toda la evolución posterior.

En el marco de la liberalización de las relaciones Iglesia-Estado, el director general de Asuntos Religiosos cita, también, la renuncia por parte del Rey de sus poderes seculares en el nombramiento de los obispos, «una decisión que los integristas recibieron echándose las manos a la cabeza. Luego se ha visto que la brecha abierta en ese terreno era tremendamente positiva. Fue un fantasma cuya eliminación ha resultado beneficiosa para todos. Aún quedan otros fantasmas que irán cayendo por la presión de los tiempos».

El criterio con el que la dirección general se ha enfrentado a la renovación de la ley de Libertad Religiosa ha sido, precisamente, el de la aconfesionalidad del Estado y el de la necesidad de respetar, «adoptando una actitud neutral», todas las minorías religiosas que existen en el país. Para desarrollar esta idea «hemos tenido que llevar adelante una ética de gestión que nos obliga a consultar, y no a imponer, las sugerencias que tenemos acerca del porvenir de la vida religiosa en España».

En el proyecto de Constitución se deja abierta al Estado la posibilidad de pactar acuerdos parciales con las distintas confesiones, según las diversas peculiaridades, salvando siempre su carácter aconfesional, en el que hace hincapié Eduardo Zulueta.

La Dirección General de Asuntos Religiosos ha esbozado también un tratamiento económico de las distintas confesiones, para que no se produzca la discriminación que a algunos sectores religiosos le hacen seguir desconfiando del ecumenismo que la Iglesia católica propugna.

«Por eso se ha lanzado -señala el señor Zulueta- la idea del impuesto religioso, como existe en otros países europeos. De ese modo, todos los fieles de cualquier confesión, e incluso aquellos que no profesen una religión determinada, pero quieran expresar simpatía por alguna, pueden contribuir del modo que disponga el Estado. Aquellos que, expresamente, se nieguen a especificar el objetivo de su impuesto religioso contribuirán, igualmente, y su dinero revertirá en beneficio del Estado. »

«Ya sé que la idea del impuesto no es una solución perfecta, pero parece la más eficaz e igualitaria. Lo que no se podrá evitar -dice el señor Zulueta- es que la proporción que obtenga la Iglesia católica en virtud de ese sistema sea mayor que el que alcancen las restantes confesiones, que cuentan con menos fieles. »

La muerte de la ley de Libertad Religiosa de 1967 es beneficiosa para todos, repite Eduardo Zulueta, «aunque no conviene olvidar sus frutos, alcanzados en una época dificil, en la que imperaba el nacionalcatolicismo». De las reuniones que actualmente se mantienen en el Ministerio de Justicia con todas las confesiones existentes en España puede salir un anteproyecto de nueva ley que se proponga al Parlamento, «o puede que salga la decisión unánime de que no hace falta ley alguna. El Parlamento, en último término, es el que tiene la palabra. En estas asambleas, que se reanudan el 20 de febrero, procuraremos alcanzar, si no unanimidad, sí al menos consenso entre todos. Para reunirlos no hubo dificultades graves. La única interrogante se refería a la participación o no de la Iglesia católica, y ésta envió a un representante. Ese ha sido quizá el paso más fundamental».

«A partir de ahora -dice el director general de Asuntos Religiosos-, la principal dificultad que van a hallar las distintas confesiones es la de ponerse de acuerdo acerca del carácter que debe tener la enseñanza en el Estado español. En lo que he observado un punto de coincidencia entre todos los representantes es en la necesidad de que el Estado sea aconfesional.»

Estos contactos del señor Zulueta con todas las confesiones religiosas «quizá escandalicen a los que ven la luz de Trento y el martillo de herejes, pero satisfacen a los que ven en ellos una posibilidad más de concordia y de respeto a los derechos de las minorías. Además, puede suponer el final de una era de recelos entre confesiones y la posibilidad de discusión de temas de gran importancia social, como el aborto, el divorcio y la enseñanza, en un ambiente fresco y sin prejuicios».