El escándalo de las armas dificulta la solución de la crisis portuguesa

El «caso Edmundo Pedro», dirigente socialista y presidente de la TV portuguesa detenido hace tres días acusado de posesión indebida de armas, está adquiriendo proporciones de auténtico escándalo nacional. La prensa conservadora de Lisboa no vacila en hablar de un Watergate portugués. Más que el asunto en sí, lo que suscita interrogantes es el momento en que estalla el escándalo. Es evidente el interés que una noticia de este tipo puede tener para las fuerzas interesadas en hacer fracasar a Mario Soares en su intento de constituir un nuevo Gobierno.

La revelación del caso no estaría ajena a las dificultades de última hora surgidas para la concretización del acuerdo entre socialistas y demócrata cristianos (CDS); estos últimos han endurecido exigencias reivindican de nuevo la cartera de Asuntos Exteriores.Pero en fuentes bien informadas se inclina más bien a buscar a los instigadores del escándalo en el seno del propio Partido Socialista.

Se atribuye el ascendente político adquirido en el seno del partido por personalidades como Manuel Alegre o Edmundo Pedro a un auténtico «chantaje», ejercido sobre la dirección del partido y el propio Mario Soares, con la manipulación de los fondos de origen «extralegal» y con la amenaza de acerca del asunto de las armas.

La versión oficial del Partido Socialista es que dichas armas pertenecen al arsenal que fue distribuido a elementos civiles que tomaron parte, al lado de las fuerzas actualmente en el poder, en la resistencia al intento de golpe de Estado del 25 de noviembre.

¿Qué crédito merecen hoy las palabras de Mario Soares en septiembre de 1975, según las cuales el PS «no disponía de armas y no tenía vocación para formar milicias armadas», cuando un dirigente de su partido reivindica, con mucho orgullo, el hecho de haber distribuido armas a civiles el 25 de noviembre? Sin contar las implicaciones misteriosas que el caso revela a nivel de la jerarquía militar.

La policía judicial que investiga el caso afirma, por su parte, que las armas no llevan número. Esto quiere decir que no provenían de un cuartel o de un lote de armas entrado «normalmente» en los círculos oficiales, sino que procedían directamente de la fábrica y que fueron sustraídas a su destino, merced a complicidades altamente colocadas en la jerarquía del ejército.

Las autoridades militares, el propio presidente Eanes, quien coordinaba las operaciones del comando paralelo creado al margen del poder legítimo de entonces, encabezado por el presidente Costa Gomes, pueden aconsejar a Mario Soares y al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Rocha Vieira, que dejen de encubrir a los «elementos corrompidos» situados en su círculo de colaboradores directos. Si no lo hacen, dejarán crecer la convicción de que «algo está podrido en el reino de Portugal», y una cierta derecha se prepara para recoger todos los frutos de este desprestigio que puede salpicar hasta al presidente de la República.

Un ejemplo de esto lo da el cotidiano O Dia al atacar frontalmente la versión oficial del «caso Edmundo Pedro» y afirmar que según fuentes próximas al servicio de información del Estado Mayor de las FFAA, según las cuales «una peligrosa red de contrabandistas implantada al más alto nivel» se dedicaría a introducir clandestinamente en España armas de guerra fabricadas en Portugal y destinadas a organizaciones de extrema izquierda, concretamente la ETA y otras fuerzas extremistas. Un hermano de Edmundo Pedro estaría implicado en este caso.