No prosperó niguna proposición de ley de las presentadas por la Oposición

Seis horas dedicó el Pleno del Congreso, que continuó ayer a las cinco de la tarde, para debatir las seis primeras proposiciones de ley que contemplaba el orden del día.Las intervenciones que se registraron en la sesión en defensa y ataque de las respectivas posiciones, pueden sintetizarse así:

Angel Cristóbal Montes (PSOE). Defendió la propuesta de ley sobre, reforma de reglamentos de disciplina académica, en tono de enorme dureza respecto a la legislación franquista. Afirmó que el decreto que se trataba de modificar pretende la expulsión de los centros universitarios de aquellas personas que perturben o puedan perturbar el orden académico y argumentó que ello suponía una auténtica «caza de brujas»

Iñigo Cavero (ministro de Educación y Ciencia). El señor Cavero, en nombre del Gobierno, argumentó que no era necesaria la proposición de ley porque ya está elaborado un proyecto de decreto que deroga. en su totalidad los decretos de 31 de diciembre de 1970 -«de notoria dureza», dijo- y el de 8 de septiembre de 1954.

Angel Cristóbal (PSOE). El señor Cristóbal Montes respondió brevemente que aceptaban el ofrecimiento del Gobierno.

Enrique Múgica (PSOE). Defendió una proposición de ley para reformar el reglamento orgánico de la policía gubernativa, de 17de diciembre de 1975. Fundó su propuesta en que las normas actuales no consideran el papel de la que debe ser una auténtica policía judicial, que incluso coacciona en el terreno religioso a los miembros de las fuerzas de orden público y les concede privilegios procesales sobre los demás ciudadanos.

Afirmó que la proposición debía prosperar, porque el Gobierno no había hecho nada en este terreno y «cuando el Gobierno no gobierna -dijo- nos toca a los legisladores gobernar por el único camino que podemos: las proposiciones de ley».

Rodolfo Martín Villa (Ministro del Interior). Respondió al señor Múgica que el reglamento orgánico de la policía tiene rango de decreto y no debe ser una ley formal la que lo reforme, que los pactos de la Moncloa ya determinan las modificaciones que deben hacerse en este terreno, que ninguna policía es exclusivamente judicial ni exclusivamente administrativa y que, en definitiva, hoy viernes presentará al Gobierno las reformas acordadas en los pactos de la Moncloa para que entren en vigor de manera inmediata.

Enrique Múgica (PSOE). Aseguró que ellos habían llegado al Congreso el 15 de junio para tratar de asestar los golpes necesarios al régimen autoritario anterior. Aseguro que no tenían ningún afán de protagonismo y, dijo, «es un triunfo para nosotros retirar este proyecto de ley, obligando al Gobierno a presentar otro».

Elecciones municipales

Simón Sánchez Montero (PCE). Defendió una proposición de ley sobre elecciones en los ayuntamientos y diputaciones. Reconoció que el proyecto del Gobierno sobre el mismo tema era más amplio que el presentado por ellos casi tres meses antes, pero que resultaba «tan antidemocrático y tan caciquil» que se veía precisado a compararlo con el del grupo comunista y a atacarlo.

«No pretendemos barrer a nadie -dijo-, quizá porque nuestra escoba es muy pequeña; pretendemos llevar a los ayuntamientos hombres honestos y capaces». Criticó que no se coricediese la capacidad de voto a los mayores de dieciocho años para las próximas elecciones municipales y se quejó de que el Gobierno sólo parece pretender alcanzar 5.900 alcaldías.

Rodolfo Martín Villa. Respondió argumentando fundamentalmente que se atacaba al proyecto gubernamental con notoria inoportunidad, puesto que se discutirá en su día en la comisión y en el Pleno. Dijo que si se aceptase a trámite la proposición de ley comunista se retrasaría aún más la convocatoria de elecciones municipales,

La votación arrojó 123 síes favorables a la tramitación, 152 en contra y dos abstenciones.

Dolores Calvet (PSUC). En nombre del grupo comunista defendió una proposición de ley de amnistía para los delitos de adulterio, aborto y propaganda y difusión de anticonceptivos. Calificó a las normas penales en vigor sobre estos extremos como machistas porque sólo se aplican contra la mujer. Pidió justicia e igualdad para las de su sexo.

Landelino Lavilla (ministro de Justicia). Respondió el señor Lavilla que el Gobierno y UCD están contra la discriminación por el sexo y que en cumplimiento de los pactos de la Moncloa ya está a punto el proyectó de reforma del Código Penal para estos delitos, por lo que su despenalización supondrá una amnistía automática.

Tras una accidentada votación por avería del sistema electrónico, la propuesta comunista tuvo 119 votos a favor y 156 en contra, sin ninguna abstención.

Josep María Riera Mercader (PCE). Defendió una proposición de ley sobre reforma del Código Civil en lo relativo a la mayoría de edad y a la emancipación. Dijo que esta proposición es coherente con el programa electoral del PCE y defendió la oportunidad de plantearla ahora a la Cámara a pesar de que la mayoría de edad a los dieciocho años está contemplada en el proyecto de Constitución.

Landelino Lavilla. Argumentó que el establecimiento de la mayoría de edad había sido abordado con plena coherencia dentro del ordenamiento jurídico refiriéndose al proyecto de Constitución, y resaltó que los derechos que ganara el menor de edad que pase a ser mayor tras haber rebasado los años necesarios van a ir en detrimento de los derechos de protección que perderá.

Puesta a votación, la proposición de ley comunista fue rechazada con 122 votos a favor y 152 en contra.

La sexta y última proposición fue la del grupo socialista sobre la supresión de la pena de muerte.

Gregorio Peces-Barba (PSOE). Con una muy amplia profusión de citas sobre el tema afirmó que la votación que seguiría era para su toma en consideración, ya que el voto no tenía que suponer, necesariamente el estar a favor o no de la abolición de la pena de muerte. Tras referirse a la larga tradición abolicionista del PSOE, dijo que sólo desde posiciones conservadoras se puede defender la pena de muerte. El señor Peces-Barba dijo que la proposición socialista acepta la idea expuesta por el ministro de Justicia en el Senado de que la abolición fuese gradual e incluso se mantuviese para determinados delitos en el Código de Justicia Militar, y terminó diciendo que «el oportunismo político puede ser el de aquellos que estando en contra de la pena de muerte no voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley socialista».

Landelino Lavilla. Dijo que el planteamiento del diputado socialista no es correcto, ya que una votación contraria a la toma en consideración de la proposición abolicionista no significaba en absoluto no ser abolicionista, sino que se trataba de un problema de oportunidad. Valorar la abolición de la pena de muerte debe de estar en función de la reforma de todo el sistema punitivo de forma mucho más armónica y equilibrada.

Puesta a votación la toma en. consideración de la proposición de ley, aquélla fue rechazada por 133 votos frente a 128. Aunque el voto fue secreto, se deduce por la escasa diferencia de votos que algunos diputados del grupo ucedista votaron a favor de la toma en consideración. Antes de la votación, el diputado de UCD Jesús Viana explicó el voto de su grupo. Explicó que UCD no estaba contra la abolición de la pena de muerte, sino que se oponía a la toma en consideración de la proposición presentada porque era inaceptable en los términos en que se proponía.