El PSOE confía en presidir el ente preautonómico andaluz

«Para nosotros está claro que el presidente de la Andalucía preautonómica será un miembro del Partido Socialista Obrero Español, aunque la verdad es que el partido no ha tomado ninguna decisión sobre la persona concreta», ha respondido el diputado Rafael Escuredo (PSOE) a una pregunta formulada por EL PAIS en tomo a la identidad del futuro presidente andaluz, cargo que en medios políticos bien informados se sigue asignando al propio Escuredo o a su compañero de partido Alfonso Guerra.En cualquier casó, y dentro de las limitaciones en que el poder preautonómico andaluz va a desarrollar su actividad, parece confirmarse que se ha querido evitar el más mínimo asomo de presidencialismo. En efecto, el órgano esencial de la autonomía provisional en esta región será la Junta Andaluza, compuesta por 32 parlamentarios y un representante por cada una de las ocho diputaciones.

Los criterios que se combinarán a la hora de formar esta Junta serán la representatividad geográfica - habrá un mínimo de tres parlamentarios por cada provincia- y la proporcionalidad con respecto al número de diputados y senadores con que cuenta cada uno de los partidos representados en la asamblea (PSOE, UCD, PCE e independientes).

Este es el resumen del acuerdo a que han llegado los negociadores andaluces y el ministro para las Regiones y que mañana jueves o el viernes será sometido a la aprobación de la comisión permanente de la Asamblea de Parlamentarios. No se espera ninguna dificultad para conseguir la luz verde de la permanente ni tampoco del ministro, «aunque tal vez puedan producirse pequeñas modificaciones de matiz o de terminología», según ha señalado el señor Escuredo.

Una vez superados ambos requisitos, y tras el trámite de la ratificación del acuerdo por el plenario de la asamblea, el decreto de instauración de la preautonomía andaluza podría ver la luz antes de finales, de enero, si bien lo más probable es que su definitiva aprobación se vea condicionada por la marcha general de los procesos negociadores a nivel del Estado y, en particular, por la evolución del problema vasco.