Los secuestros dividen al Gobierno y ejército colombianos

Pasados diecisiete días desde su desaparición, no se tienen noticias sobre la suerte del oftalmólogo español José Ignacio Barraquer, víctima de la ola de secuestros que padece Colombia, y por cuya liberación se pide un rescate de dieciséis millones de pesetas. Familiares del médico, venidos incluso desde España, parecen estar dispuestos a cumplir las condiciones de los secuestradores.

Mientras tanto, el presidente Adolfo López Michelsen interrumpió sus vacaciones navideñas para estudiar con el Consejo Nacional de Seguridad nuevas fórmulas de lucha contra los secuestros y la delincuencia en general. Después de la reunión, un portavoz del Gobierno anunció que no se tomarían medidas extraordinarias y que los casos de secuestro serían investigados exclusivamente por la policía secreta, sin intervención de ninguno de los demás aparatos de seguridad del Estado.Hace unos días, los militares colombianos hicieron pública una nota muy dura, en la que se solicitaba al Poder ejecutivo la entrada en vigor de medidas de emergencia - para las que está facultado el Gobierno, en razón del estado de sitio vigente en el país- con el fin de hacer frente al terrorismo y los secuestros. Entre las peticiones de las fuerzas armadas figuraban - la censura de prensa y sanciones a jueces y abogados que facilitasen de alguna manera la impunidad de los secuestradores.

Es la primera vez que se produce un enfrentamiento de cierta gravedad entre el Gobierno y las fuerzas armadas colombianas, con cuyo apoyo incondicional había contado hasta ahora el presidente López Michelsen, y que se hizo especialmente patente en la huelga general de septiembre.