Los reclusos piden un amplio indulto y la reforma democrática de la Justicia

Ochocientos reclusos de la prisión de Valencia firmaron un documento hace unas semanas donde explican sus propuestas para cambiar el actual sistema penitenciario. El contenido del texto es resultado de los testimonios recogidos en las asambleas habituales celebradas con el asesoramiento del nuevo médico-siquiatra, director excedente del Siquiátrico de Bétera.

Entre las causas del motín del pasado martes se señala la negativa de la dirección al acceso a esta asamblea a un abogado y una asistente social que asesoran en la elaboración de una plataforma reivindicativa de los reclusos. El documento ha sido entregado a varios parlamentarios valencianos y difundido entre la población reclusa de otras prisiones.La concesión de un amplio indulto para superar los motivos sociales que produjeron los delitos en el franquismo es la primera reivindicación, «ya que estamos en una etapa político-social diferente al fascismo y con pretensiones de democracia». Los presos sociales quieren que se les aplique la amnistía, pues «en el origen de los delitos sociales se hayan condicionamientos políticos». En un segundo punto, solicitan la reforma profunda y democrática de la justicia, en especial del Código Penal y ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre todo en el tratamiento penal de los reincidentes.

En relación al último reglamento de prisiones denuncian «no haber sido consultados por las fuerzas democráticas y los presos, y no haber sido aprobado por las Cortes, además de que las pequeñas mejoras que suponen no han sido puestas en vigor». La relación de sus reivindicaciones continúa con la creación en Valencia de un comité directivo autónomo de la Administración central (integrado por representantes de los presos, técnicos, funcionarios y dirección, para evitar los actuales personalismos), abolición de centros especiales, legalización de la Copel y garantías de obtener un seguro de desempleo para el preso que sale sin posibilidad de encontrar trabajo.

En cuanto al habitat de las prisiones, reivindican la creación de unas salas acondicionadas para garantizar la intimidad con sus familiares -extremo que contempla el reglamento y que no se cumple -, mejoras en las celdas con taquillas, mesas, sillas, doble WC, calefacción, creación de comedores y salas de reunión, lugares de trabajo remunerados sin discriminación en relación a la calle, existencia de una asistente social para cada cien presos y auxiliar de clínica por cada cincuenta, supresión de las celdas de castigo y anular los emblemas franquistas.

La alternativa propuesta tiene en cuenta la realidad penitenciaria de otros países, aplicada a España. «Debe entenderse que la privación de la libertad -expresa el documento- en ningún caso significa limitación de los derechos humanos del preso, de reunión, asociación y manifestación, ni mucho menos que la dignidad de la persona pueda ser maltratada por la institución por los mismos valores culturales de nuestra sociedad.» Y sigue diciendo: «La sociedad no debe producir un corte de las relaciones del preso y su barrio, familiares, anterior trabajo, amistades. La encarcelación debe ser la última posibilidad que se debe esgrimir por la sociedad. De todos modos significa una incapacidad de esta misma comunidad y su propio autocontrol».

«Si la democracia está en la calle también debe entrar en la cárcel», es la razón que exponen los reclusos para proponer en el nuevo sistema penitenciario la creación de unidades en las comarcas de donde proceden los presos, según los modelos escandinavos, completadas con granjas y talleres autogestionados, ya que «mientras la misma comunidad no ejerza el control vigilado del preso será estéril cualquier esfuerzo o forma de control». Si el preso sale y no encuentra trabajo «la sociedad actúa del mismo modo que la ley de Peligrosidad Social, estigmatizando y etiquetando aun miembro de la misma sociedad. Por la falta de trabajo, la probabilidad de la vuelta a la cárcel aumenta».

En relación al documento, Antonio Goytre, abogado defensor de varios recursos de Valencia, comenta que «si hay una serie de derechos reconocidos a todos los ciudadanos, el preso no tiene por qué tener menos derechos cuando ya cumple su condena. El delincuente existe porque la sociedad es culpable. Si ésta no lo reconoce no se podrá cambiar el sistema penitenciario».