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Barcelona: despedido de la Cruz Roja un médico que criticó al hospital

El próximo día 22 tendrá efecto, en la Magistratura de Trabajo de Barcelona, la vista de la demanda por presunto despido improcedente presentada contra la Cruz Roja Española por el hasta ahora jefe del servicio de Bioquímica y Hormonología del hospital barcelonés de la mencionada institución, doctor José María Castellanos, quien ostentaba el puesto desde 1968.El demandante es miembro de la junta de gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña y Baleares y tesorero de la Sociedad Española de Química Clínica. De conocidas convicciones progresistas, el doctor Castellanos presenta como testigo a su favor en el juicio al presidente del Colegio de Farmacéuticos, doctor Francisco Borrell.

El caso del doctor Castellanos se enmarca dentro de una problemática más general, caracterizada por una crítica del funcionamiento de la Cruz Roja barcelonesa, institución que en fecha reciente despidió a su jefe de prensa, José Antonio Echarri, debido a que también ejercía como director en una revista calificada como de destape.

El despido del doctor Castellanos sorprende particularmente por las razones utilizadas por la Cruz Roja para llevarlo a cabo. En la carta de despido se alude a la apropiación y retención de unas 130.000 pesetas, que el doctor Castellanos ingresó en una cuenta bancaria, donde siempre han permanecido inmovilizadas, después de que durante más de un año la Cruz Roja se negara a entregarle unas cantidades correspondientes a sus servicios profesionales, de alrededor de un millón de pesetas.

Por otro lado, el despido de Castellanos tuvo efecto poco después de que éste, junto con otros dos analistas clínicos, presentara una denuncia por falta de afiliación a la Seguridad Social ante la Delegación del Trabajo, la cual dictaminó a favor de los demandantes, obligando a la Cruz Roja a la afiliación de los denunciantes y al pago de una cantidad superior a los 3.000.000 millones de pesetas.

Previamente a estos hechos, siete facultativos, entre ellos el doctor Castellanos, habían presentado un escrito firmado en el que proponían serias y progresivas reformas del hospital de la Cruz Roja, por considerar que éste funcionaba como una mera clínica privada.

Uno de los firmantes de aquel escrito señaló a EL PAIS que «el caso del doctor Castellanos, cuya honorabilidad personal y profesional están fuera de toda duda, y le llevó a ser elegido representante nuestro en un frustrado proyecto de reforma, puede tener efectos muy beneficiosos, al permitir la revelación pública del grado de privatización de hecho de nuestro hospital, contrariamente a lo que permitiría suponer su nombre».

La fuente añadió que algunos cirujanos podían llegar a obtener incluso dos millones mensuales de honorarios por actos médicos realizados en el hospital y que su poder condicionaría toda la estructura hospitalaria de la Cruz Roja, cuyas máximas figuras en Cataluña pertenecen a la alta sociedad barcelonesa.

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